Derechos Humanos exige una investigación sobre la muerte de un iraní que iba a ser expulsado

Asociación Pro Derechos Humanos exigió ayer la apertura de una investigación exhaustiva sobre el presunto suicidio del iraní que se lanzó desde el octavo piso de su vivienda ante su inminente expulsión de España con destino a Irán, y solicitó que "se establezcan las correspondientes responsabilidades políticas y penales". El iraní Motjaba Shattab saltó por la ventana de su vivienda el pasado 26 de septiembre mientras la policía esperaba a que recogiera sus efectos personales para ser expulsado de España con destino a Irán.

El iraní, que llegó a España en 1982 huyendo de su país, no pudo regularizar su situación como refugiado por un motivo burocrático. Después de pedir el reconocimiento de su condición, decidió salir de España para tratar de localizar en Pakistán a su familia, que también estaba siendo perseguida por la guardia revolucionaria de Jomeini. A causa de esta salida de España, Shattah no pudo acceder al estatuto de refugiado a pesar de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) así lo había solicitado (véase EL PAÍS, 27 de septiembre).Shattah permaneció durante seis años en España sin documentación ni medios de vida. El fallecido no tenía antecedentes penales, según fuentes de asociaciones de refugiados consultadas.

El 12 de septiembre pasado, la policía le detuvo y, tras iniciarse los trámites para su expulsión, fue trasladado al centro de internamiento de extranjeros de Moratalaz. La delegada del Gobierno en Madrid, Ana Tutor, dictó días más tarde la orden de expulsión, a pesar de las alegaciones que enviaron los abogados de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, quienes argumentaban que la ley prohibe expulsar a un solicitante de refugio rechazado a un país donde pueda temer persecución o castigo.

Treinta y siete juristas, filósofos, artistas, políticos y escritores firmaron un documento para pedir que "el Gobierno deje de considerar a todo solicitante de refugio como un presunto delincuente y acoja a estas víctimas de la libertad de la misma forma que miles de españoles fueron recibidos solidariamente por otros países a lo largo de nuestra historia".

El documento, coordinado por la Asociación Pro Derechos Humanos, critica la "sistemática e implacable política de expulsiones, y especialmente las que se efectúan a países que no ofrecen garantías para su protección jurídica y física".

Incluso con legales

Los firmantes del documento -ex Defensor del Pueblo Joaquín Ruiz-Giménez; el autor teatral Antonio Buero Vallejo; el, filósofo Fernando Savater; la juez Manuela Carmena; el magistrado Perfecto Andrés Ibáñez; el fiscal del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín; el investigador Viçens Fisas; el magistrado y presidente de la Audiencia de Bilbao Juan Alberto Belloch; el escritor Antonio Gala; el sacerdote José María de Llanos; el secretario general del PCE, Julio Anguita, y el dirigente de Izquierda Unida Nicolás Sartorius- consideran que estas prácticas se llevan a cabo a solicitantes de asilo y refugio cuya situación es legal en España.