El voto del bolsillo

La campaña electoral de este año dejará el testigo a otra campaña, la de la renta. Nada más depositar su voto, los españoles se pondrán manos a la obra para cumplir no con un derecho, sino con una obligación. El calendario fijado por el Gobierno para ambas convocatorias ha permitido asistir a una circunstancia curiosa: mientras los españoles que pagan impuestos sienten que cada vez se les aprieta más el bolsillo todos los partidos, incluido el socialista, prometen que rebajarán y distribuirán mejor la carga fiscal.Lástima que no se les haya ocurrido antes, en especial al PSOE. El partido en el Gobierno dejó pasar este año la oportunidad de realizar una gran reforma fiscal en el sentido que ahora propone. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 20 de febrero que desbarató todo un sistema fiscal basado en la acumulación de rentas en la unidad familiar, el Gobierno optó por guardar la viña.

Se abrieron dos caminos. El primero, más costoso para las arcas públicas, suponía modernizar el sistema fiscal español y alejarlo de los tribunales. El que finalmente se adoptó tendrá un menor efecto en las arcas del Estado -194.000 millones de pesetas-, aliviará la carga fiscal para los matrimonios en que los dos cónyuges obtienen rentas, pero no se aleja más que lo imprescindible del sistema anterior.

Incluso se perdió a principios de año otra oportunidad de adoptar otra medida coherente con la idea de aligerar la carga fiscal a quienes pagan impuestos. El Gobierno decidió no actualizar las retenciones de los rendimientos del trabajo según la inflación, con lo que, indirectamente, se subieron. Otra vez la política de guardar la viña. Recaudar antes, aunque después haya que devolver, es una operación ventajosa desde el punto de vista financiero. De paso, los españoles tienen menos dinero para gastar y no se echa leña al fuego de la inflación.

Algo de justicia tendrá la propuesta de rebajar los impuestos cuando todos los partidos coinciden en este reclamo. La situación fue expuesta con extraordinaria crudeza en el último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre la economía española. Los ciudadanos que declaran impuestos en España, decía la OCDE, pagan más que la mayoría de los ciudadanos de los países occidentales. La evasión fiscal es alta -añade-, pero se da más frecuentemente entre los empresarios y profesionales que entre los trabajadores.

La lucha contra el fraude fiscal no ha dado, por ahora, un salto cualitativo en España. En el año 1982 había en España 6,2 millones de declarantes del impuesto sobre la renta; el año pasado hubo ocho millones. En el año 1982 se declararon rentas por valor de 6,7 billones de pesetas, y el ejercicio pasado, 13,2 billones. En el período de Gobierno socialista han aparecido, pues, dos millones más de declarantes del IRPF (un 25% más), pero, en conjunto, se han declarado ingresos cercanos al doble.

El pasado año, con respecto al anterior, prácticamente el mismo número de contribuyentes (aumentó en 130.000) declaró 1,39 billones de pesetas más. Este año puede cambiar algo la tendencia, pero debido a factores normativos, ya que habrá más contribuyentes porque los matrimonios con dos rentas pueden declarar por separado, y así éstos pagarán menos impuestos.

La 'reina madre'

El problema es que el impuesto sobre la renta, la reina madre del sistema fiscal, es en la práctica un tributo sobre las nóminas. Para las rentas del trabajo no hay posible escapatoria, mientras que buena parte de otras ganancias se las han arreglado para pasar inadvertidas al fisco.

En el travelling de los siete años de mandato socialista se ha corregido algo la situación. Así, en 1982 las rentas del trabajo declaradas suponían el 82,31% del total, mientras el resto -rentas empresariales, profesionales, agrícolas, del capital mobiliario e inmobiliario- representaban el 17,6%. El pasado año, los rendimientos del trabajo declarados bajaron su porción en la tarta de renta hasta el 75,41%.

Si atendiéramos a los rendimientos medios declarados a Hacienda, resultaría que los trabajadores ganan más que, por ejemplo, los empresarios (1,5 millones de pesetas frente a 903.142 pesetas). Y si no hubiéramos asistido al boom inmobiliario, podría ser hasta normal que los rendimientos declarados por este concepto hubieran disminuido un 21,4%.

Los empresarios argumentan que no todos los impuestos que pagan se reflejan en el IRPF -donde van a parar las rentas de los pequeños empresarios-, ya que está además el impuesto de sociedades y, puestos a sumar, las cotizaciones a la Seguridad Social. Sin embargo, como expresa el mencionado informe de la OCDE, "la fiscalidad de las sociedades en España es débil". Desde los años setenta se ha mantenido prácticamente invariable el tipo impositivo del 35%, que es inferior a la media europea, al tiempo que se han aumentado las deducciones por inversión y creación de empleo para superar la crisis económica.

El fraude fiscal es un fenómeno extendido en España, como lo demuestran los estudios realizados hasta ahora. Se centra en dos sectores donde últimamente se ha ganado mucho dinero, el financiero -las pólizas de seguro de prima única y otros activos- y el inmobiliario, donde Hacienda apenas sí ha podido hincarle el diente a las plusvalías generadas en los últimos años.

En un estudio realizado por un grupo de expertos respaldado por el Instituto de Estudios Fiscales y dirigido por Manuel Lagares, se reveló que en el año 1986 algo menos de la mitad de lo que habían ganado los españoles se ocultó a Hacienda. En los rendimientos del trabajo el porcentaje de cumplimiento era mayor (72%), mientras que en las restantes ganancias apenas se alcanzó el 30%. El grupo de expertos termina estos días un nuevo informe que se dará a conocer pasadas las elecciones.

Esta realidad coincide con los resultados de una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) el pasado año sobre la actitud de los españoles ante el fraude fiscal. Un porcentaje abrumador (el 74%) pensaba que "cuanto más dinero se tiene más fácil es escurrir el bulto y pagar menos impuestos". Otro 66% opinaba que "en España los únicos que pagan lo que les corresponde son los que cobran un sueldo fijo".

En otros países con una cultura fiscal tan avanzada como los servicios públicos que perciben sus ciudadanos por los impuestos que pagan, la tendencia es a reducir los impuestos que gravan las rentas personales. España está todavía en la fase de lograr que todos los obligados a contribuir lo hagan. Aunque siempre habrá ovejas negras, de lo que se trata es de que se pierdan en un gran rebaño.

'Ovejas negras'

Lo que ha ocurrido en los últimos años es que el rebaño no ha aumentado en la misma proporción que lo ha hecho la recaudación fiscal. España es uno de los países cuya presión fiscal es la más baja respecto a los restantes de Europa, pero cuyo crecimiento en los últimos años ha sido más rápido. Para ofrecer datos homologados, las estadísticas de la OCDE restan de los ingresos fiscales la recaudación por impuestos del capital y la aportación de España a la Comunidad Europea (un porcentaje sobre el IVA) y añaden las cotizaciones sociales. Según ello, la presión fiscal en España -porcentaje que representa la recaudación sobre el producto interior bruto- ha pasado de representar el 27,94% en el año 1982 al 33,56% el pasado año. En otros países, como la República Federal de Alemania, ha descendido desde el 42,55% al 41,21%, y lo mismo ha sucedido en el Reino Unido.