El juez archiva las diligencias abiertas contra la residencia de ancianos de Pozuelo
Ángel Sánchez Franco, titular del juzgado número 3 de Móstoles, encargado de la investigación abierta por las denuncias presentadas contra la residencia de ancianos Nuestra Señora de la Esperanza, en Pozuelo de Alarcón, ha ordenado el archivo de las diligencias, con lo que da por cerrado el caso, según una nota hecha pública ayer por la consejería de Integración Social de la Comunidad de Madrid. Los denunciantes pueden presentar recurso contra la decisión del juez.La consejería informó que ha abierto un expediente administrativo por si las presuntas deficiencias observadas en la inspección -falta de personal para atender a 68 ancianos, muchos aquejados de demencia senil, falta de limpieza, alimentos caducados, etcétera- fueran merecedoras de sanción, al margen de que los propietarios tengan que adoptar medidas correctoras.
En el registro realizado el pasado jueves por funcionarios de la comisaría de Pozuelo de Alarcón se encontraron 100 bolsas de alimentos congelados, con la fecha caducada. Los 68 ancianos residentes pagan cantidades de entre 26.000 y 64.000 pesetas mensuales por su alojamiento, dependiendo del régimen al que estaban acogidos.
Ni José Manuel Ruiz Va, socio de la empresa propietaria de la residencia, ni Alicia Nambela, o Emina Jesús Bernardo, empleadas encargadas de la administración y el cuidado de los ancianos, quisieron hacer declaraciones. En el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón sigue sin aparecer documento alguno sobre la licencia de apertura de la residencia.
