El veto de Margaret Thatcher como excusa
Con la entrevista con los representantes de la patronal europea, Felipe González cumplió ayer uno de los dos requisitos formales en los que la Comisión Europea ha fundamentado la "imposibilidad técnica" de aprobar la Carta Social Europea en la cumbre de Madrid. El otro se saldará hoy con el encuentro con dirigentes de la Confederación Europea de Sindicatos.La tenacidad del Gobierno ha superado el trámite del diálogo social y también las resistencias de la Comisión a poner tan pronto sobre la mesa el texto de la carta. Desde el punto de vista de los Estados de la CE, la relación de fuerzas es sabida: 10 a favor, el Reino Unido en contra y Dinamarca a la espera de acontecimientos. Entre los interlocutores sociales la división es más nítida. Sindicatos a favor, no de un texto general sino del desarrollo concreto de derechos, y empresarios en contra.
La patronal europea ha impulsado la supresión de fronteras comerciales, es decir, la igualdad de trato para las mercancías. En lo que se refiere a los derechos de los trabajadores defiende el diferencial de costes que existe en la CE, lo cual significa que la mano de obra española es la mitad de cara que la alemana, por poner un ejemplo. El argumento es que en materia social no hay que imponer normas que resten dinamismo a la economía.
Al principio del semestre España proclamó el "acento social" que quería imprimir a la presidencia. La urgencia española responde a la sintonía social que debe tener un Gobierno socialista, pero, sobre todo, al anhelo de resultar vencedor moral del gran debate interno. ¿Qué argumentos podrían esgrimir los sindicatos si Europa entera saludara el éxito español de lograr aprobar los derechos fundamentales de los trabajadores de la CE?
La carta será un texto de mínimos, ya que ni el propio Gobierno español esta dispuesto a tirar por la borda el gran atractivo de las inversiones extranjeras. Pero la pelea no está ya en los contenidos sino en la gran dificultad de convencer a la primera ministra británica. Margaret Thatcher ha empleado 10 años de esfuerzos en borrar del mapa el poder de los sindicatos ingleses y no esta dispuesta a renunciar a uno de los mayores triunfos de su liberalismo.
El empeño del Gobierno español ha logrado llevar el tema a la cumbre. Si no consigue superar el veto británico siempre podrá esgrimir como el éxito de lo posible una declaración en la que conste que uno impide aprobar lo que quiere el resto. La regla de la unanimidad es en el fondo un alivio. Como comentaba hace poco en privado un alto representante español, "después de todo tenemos a la Thatcher, aunque sólo sea para ganar tiempo".
