Seguridad en las prisiones
Los funcionarios de Instituciones Penitenciarias, de los que orgullosamente formo parte, somos grandes desconocidos para la población; es frecuente que se nos equipare a las Fuerzas de Seguridad del Estado, sonamos a instituto armado descafeinado, a empleados estatales de segunda categoría que no podemos dedicarnos a otros menesteres más agradables. En definitiva, el siniestro carcelero de épocas pasadas se da la mano, ante el gran público, con los actuales funcionarios de prisiones.Desgraciadamente, los medios de comunicación continúan fomentando -bien por acción, bien por omisión- esa imagen. Pero es que, además, si todavía se trata de confundir más al ciudadano con artículos como el mencionado, la situación en los centros penitenciarios, lejos de mejorar, seguirá empeorando hasta límites insospechados.
Y esta aserción no es ociosa. Entre las actuales reivindicaciones de los funcionarios, por supuesto, se incluye la seguridad, pero no sólo la seguridad y no la seguridad que se infiere del artículo tantas veces ya mencionado. Tratamos de conseguir, y hay que decirlo bien claro, seguridad para internos y seguridad para funcionarios. Es más, cualquier medida de seguridad que se adopte de cara a los funcionarios repercutirá beneficiosa y favorablemente para los internos, y la seguridad de éstos es seguridad para aquéllos. ¿Acaso ignora el recluso Moreno Cuenca la enorme cantidad de compañeros suyos que están continuamente siendo brutalmente violados, vejados, robados, extorsionados, agredidos y salvajamente apuñalados por otros compañeros de internamiento? ¿No se acuerda este interno que él mismo ha protagonizado, en más de una ocasión, hechos extremadamente violentos dentro de diferentes centros penitenciarios contra los que, precisamente, en beneficio de todos, funcionarios e internos, pedimos seguridad? ¿Tan deteriorada está la memoria de el Vaquilla que es incapaz de recordar el porqué es necesario, en la mayoría de las ocasiones, mantener esposados -el tiempo imprescindible, no semanas enteras- o inmovilizados a determinados internos que continuamente intentan autolesionarse o suicidarse sirviéndose de los más variados procedimientos?
No; parece que no sabe o que no recuerda. Si pedimos seguridad es para que nosotros, los funcionarios, podamos dedicarnos plenamente a nuestro trabajo y con la profesionalidad deseada sin ser agredidos, apuñalados o secuestrados. Si pedimos seguridad es para que los intemos puedan convivir en los establecimientos penitenciarios sin que unospocos -los menos, todo hay que decirlo- violen, roben, agredan o apuñalen a otros. En definitiva, si pedimos seguridad es para mejorar las prisiones en beneficio de los que en ellas tenemos que estar: funcionarios e internos.
Que la situación de las cárceles es nefasta, todo el mundo lo sabe. Que las instituciones penitenciarias no pueden, ni por asomo, cumplir los fines que constitucional y legalmente tienen encomendados de reeducación y reinserción social, es claro y evidente. Pero de eso no tenemos la culpa los funcionarios.
Dejando de lado, de momento, las reivindicaciones que actualmente tenemos planteadas los funcionarios de prisiones, quiero dejar claro que tanto la Constitución Española de 1978, en su artículo 25/2 ("Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinseción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviese cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como el acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad"), como la ley General Penitenciaria de 1979 marcaron unas cotas muy altas y unos objetivos que ni siquiera a medio plazo, hablando con seriedad, pueden ser cumplidos.
Diálogo terapeútico
No se puede, por el simple hecho de proveernos de una de las leyes penitenciarias más modernas y avanzadas del mundo, cambiar todo el sistema penitenciario de la noche a la mañana. Legislar, como escribir, es sencillo; llevar lo legislado a la práctica es muy difícil, a veces, en el peor de los casos, imposible.
No se puede -salvo en el reino de los sueños- sustituir los siniestros y vetustos edificios carcelarios por modernos y acogedores establecimientos penitenciarios de un día para otro. Porque la ley lo diga no podemos alojar sólo a un interno por celda si no hay celdas ni dinero para construirlas. No podemos dar trabajo a los internos porque ese trabajo no existe para todos los ciudadanos. Es imposible, en definitiva, resocializar o reeducar si la sociedad entera no aporta los medios materiales y personales necesarios para conseguirlo.
Volviendo al tema de la seguridad, ¿cómo, si puede saberse señor Moreno Cuenca, se consigue establecer el diálogo terapéutico al que usted se refiere o un tratamiento en aras de la reeducación de los reclusos si de momento no puede asegurarse o garantizarse al que entra en nuestras prisiones la vida, la integridad física o la honestidad? Estando preocupado un funcionario tanto de la vida, integridad y seguridad propias -que todos somos humanos- como de la de los internos (aunque usted no lo crea), ¿cómo va a ocuparse en labores terapéuticas? Por favor, vamos a dejamos de sueños.
Debemos ser realistas, y esto no es demagogia: las cárceles están mal, muy mal; hace 10 años estaban peor. Sigamos por el camino marcado por, la Constitución y por la ley, día a día, poco a poco, consiguiendo pequeños avances, involucrando y comprometiendo de verdad, no sólo a la hora risueña de legislar, a todo el sistema social, que en este, como en tantos otros temas, es muy hipócrita.
