Volver a empezar
EL GOBIERNO y la Unión General de Trabajadores han reanudado una conversación que llevaba casi un año interrumpida. Aún es pronto para' saber si ese diálogo será la antesala del acuerdo social. Factores diversos han prolongado la incomunicación durante demasiado tiempo, en perjuicio de las dos partes: del Gobierno, por la deslegitimación que para su proyecto reformista implicaba el divorcio con la tradición encarnada por la central que dirige Nicolás Redondo, y del sindicato, porque se había visto arrastrado a una dinámica de enfrentamiento frontal que favorecía el protagonismo de su rival, Comisiones Obreras, y su estrategia de desgaste del poder socialista a cualquier precio. Esa incomunicación afectaba también negativamente a las expectativas de modernización de la sociedad española en un momento en el que la favorable coyuntura y el contexto internacional permiten albergar razonables esperanzas de progreso.El desbloqueo de las relaciones producido el jueves en la Moncloa fue precedido por las declaraciones de González en la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) celebrada días atrás en Ginebra. Y después se han producido las declaraciones del presidente avalando la permanencia del actual gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, y no descartando la del ministro de Economía, Carlos Solchaga. En Ginebra, González vino a decir que la buena situación económica permitía una política presupuestaria más expansiva: en una palabra, que iban a atenderse las demandas sindicales en favor de un mayor contenido social de los presupuestos. En realidad, tales palabras no eran sino la repetición de lo expresado por él mismo en su discurso de clausura del 31º Congreso del PSOE, en enero pasado. Pero ya entonces advirtió el presidente que una de las condiciones para que esa política tuviera éxito era su asociación al método de la concertación, al compromiso por parte de los sindicatos de establecer una jerarquización de las demandas sociales de acuerdo con un proyecto general que no ponga en peligro el crecimiento económico. En ese compromiso podría entenderse el mantenimiento del equipo económico o al menos el del gobernador del banco emisor, que ha realizado una meritoria tarea durante su primer mandato.
Por otra parte, experiencias recientes, como las de la banca, el sector naval o la enseñanza, han enseñado que, sin un compromiso de ese tipo, la dinámica de corporativismos y agravios comparativos desatada no sólo desborda al Gobierno, sino también a las centrales sindicales. La situación de éstas no es, además, tan boyante como para arriesgar su futuro en aras de demostrar su capacidad para poner al Gobierno en aprietos. Y en una batalla abierta entre la UGT y el Gobierno, éste cuenta con la ventaja de carecer de alternativa política solvente a corto plazo, lo que no es el caso del sindicato.
Nicolás Redondo puede considerar que las posiciones adelantadas ahora por González suponen darle retrospectivamente la razón. Sólo en parte: el Ejecutivo dirá que difícilmente se hubiera llegado a la situación económica actual, especialmente en materia de creación de empleo, si el Gobierno no hubiera mantenido, a despecho de las presiones sindicales, las prioridades marcadas en su programa (reconversión de sectores en crisis, contención de la inflación, control del gasto público). Pero sin la firmeza de los sindicatos, los tecnócratas del Gobierno podrían haber seguido aplazando el giro social que ahora se anuncia.
