El control de las cajas
LAS ELECCIONES para constituir el consejo de la Caja de Ahorros de Madrid han puesto de relieve la sorda lucha entablada desde hace tiempo entre los partidos políticos para controlar una institución financiera que, por sus depósitos, figura entre las primeras del país. El problema del control de las cajas de ahorro viene de lejos. Estas instituciones nacieron hace más de un siglo como organismos de carácter benéfico destinados a fomentar el ahorro entre los estratos menos favorecidos de la población. En muchas de ellas predominaba la idea de que los fondos depositados podrían constituir, con el paso de los años, un capital del que podrían disponer los impositores en el momento de su jubilación.Se trataba, así pues, de organismos de previsión social, y esto es lo que explica en parte su ulterior especialización en el crédito hipotecario, actividad que, al estar respaldada por bienes inmobiliarios, tenía la reputación de ser más segura que las restantes colocaciones de los fondos de que disponían estas entidades. A partir de estas premisas no tiene nada de particular la falta de imaginación que caracterizó durante muchos años la gestión de la mayoría de estas instituciones.
Con el paso del tiempo, sin embargo, las cajas de ahorro han ido creciendo hasta convertirse en grandes entidades de depósito. El poder político aprovechó las ventajas que proporcionaba un ahorro barato para financiar grandes proyectos, y la manera de hacerlo fue la imposición de coeficientes específicos destinados a procurar recursos para algunas de las actividades consideradas como prioritarias: vivienda social, electricidad, empresas del INI, etcétera. Pero en los últimos años estos coeficientes han ido disminuyendo, y las cajas de ahorro cuentan hoy con unas reglas del juego muy similares a las de la banca privada. Una idea de su importancia actual la proporciona el hecho de que el pasivo de estas entidades representa alrededor de la mitad del correspondiente a la banca.
El carácter benéfico de las cajas llevó inevitablemente a la presencia en sus consejos de lo que en su tiempo se denominó las "fuerzas vivas" de las localidades, provincias o regiones en que operaban y que a menudo no eran sino la representación del poder caciquil del lugar. Una parte de los beneficios obtenidos debía dedicarse a obras benéfico-sociales, lo cual dio lugar a las más diversas interpretaciones: desde obras de beneficencia propiamente dichas, hasta favores, más o menos encubiertos, a los gobernantes de turno, pasando por el cultivo del paternalismo con sus propios empleados: los salarios en las cajas de ahorro son más elevados que en la banca privada, aparentemente gracias al principio de que la caridad bien entendida comienza por uno mismo.
La batalla actual se centra en la remodelación de los consejos de estos organismos, que según la legislación vigente deben contar con una elevada participación de los entes territoriales en donde tienen su sede social. Las cajas de ahorro tienen un marcado carácter regional e incluso, en ocasiones, provincial. Esta situación favorece al partido socialista, que incluso antes de 1982 ya contaba con una fuerte representación local. De lo que se trata ahora es de movilizar esa cuota de poder político para lograr el control del 40% del sistema financiero español.
Se trata de una evolución que no está exenta de riesgos: un excesivo control por parte de las autoridades locales puede inducir a las cajas de ahorro a financiar proyectos faraónicos o, más prosaícamente, a utilizar una parte de los fondos de los depositantes para financiar los gastos corrientes de los entes territoriales. La única manera de evitar una evolución que a la larga sería perjudicial para todos consiste en reforzar el control externo de la gestión, para garantizar en todo momento la solvencia financiera de las entidades. Lo que queda por ver es si la renovación de los consejos lleva o no hacia una mayor profesionalización de la gestión de las cajas de ahorro.
