La Comunidad derribará 300 construcciones ilegales

El Gobierno regional iniciará en enero la demolición de unas 300 edificaciones situadas en 33 urbanizaciones piratas repartidas por toda la religión. La medida forma parte de la actuación contra los núcleos de población ilegales, regulados por una ley especial de 1985 que queda sin efecto al terminar este año. El Ejecutivo regional quiere prorrogar la ley un año más para normalizar la situación de 137 urbanizaciones. Los chalés ilegales han salpicado 65 de los 178 municipales de la región. Este fenómeno, que se propagó en los años setenta, afecta principalmente a los valles del Jarama, del Henares y del Tajo, y a zonas de la sierra.

La ocupación de suelo rústico, alguno de alto valor ecológico, la falta de licencias o la ausencia de unas mínimas infraestructuras están detrás de los 137 casos de ilegalidad detectados en los últimos años. La Consejería de Política Territorial decidió plantar cara a esta situación e impulsó la creación de la ley especial de urbaniciones ilegales. La entrada en vigor de la ley, a finales de 1985, pone a los parcelistas afectados entre la espada y la pared: o regularizan su situación o devuelven el terreno a su estado original.

En 40 casos sólo ha sido posible la segunda opción, aunque sálo 33 han recibido de momento la aprobación definitiva de la Comisión de Urbanismo. La Comunidad de Madrid ha realizado ya varias demoliciones aisladas y ha procedido a levantar algunas infraestructuras realizadas ilegalmente.

En dos años ha dado tiempo para estudiar la solución de las cerca de 15.000 parcelas afecta das. En el 29% de las 137 urbanizaciones piratas no se permitirá construcción ninguna y se obligará a promotores y parcelístas a restaurar los terrenos. En el 71% de los casos se ha regulado la situación existente mediante planes de ordenación de núcleos de población y gracias a los convenios firmados por los parcelistas, los ayuntamientos afectados y la propia Comunidad de Madrid.

Urbanización Las Hoyas

José Antonio García Roldán, responsable de la Oficina de Urbanizaciones ilegales, destaca la actitud de los propietarios afectados, "que han comprendido en sumayoría la necesidad de legalizar su situación". García Roldán afirma que en este tiempo no se han detectado nuevas urbanizaciones piratas, aunque sí alguna construcción aislada.Uno de los casos más polémicos ha sido el de la urbanización Las Hoyas, en Villa del Prado, 70 kilómetros al suroeste de Madríd. La urbanización estaba enclavada en medio de un encinar de gran valor ecológico. Un total de 105 parcelistas se distribuía por 245 hectáreas de suelo no urbanizable. Los promotores (Inmobiliarias Reunidas, SA, e Integración Nueva Energía, SA) habían previsto la venta de hasta 460 parcelas.

Las viviendas definitivas apenas superaban la veintena, pero gran parte del encinar se encontraba surcado por pequeños chamizos construidos por los propios parcelistas. Tras un ligero tira y alfoja, los propietarios aceptaron que la Comunidad de Madrid expropiara las 200 hectáreas de encinar y permitiera la construcción de un núcleo de población de 127 viviendas en la zona limítrofe.

Esta solución, a medio camino entre la restauración del suelo y la legalización de las parcelaciones existentes, no ha sido Posible en urbanizaciones como la Dehesa de los Hueros (Villalbilla), Segundo Quinto-Valdelascasas (Aranjuez), Valle del Río (Fresno de Torote), El Veladillo (Titulcia) o Alto de Don Juan (Colmenar Viejo). Éstos son algunos de los 40 núcleos que habrán de devolver el terreno a su estado original.

En 97 urbanizaciones se ha llegado a un acuerdo con los píycelistas para redistribuir la parcelacióny realizar obras de asfaltado de caminos, abastecimiento de agua y saneamiento. Estos convenios han sido posibles en núcleos como Las Acacias (Mejorada del Campo), Santo Torné (Mirafloires de la Sierra), Vista de la Sierra (El Molar) o El Mirador (Valdetorres del Jarama), entre otros. Un total de 85 de 11,15 137 urbanizaciones piratas censadas ha normalizado definitivamente sia situación en dos años. Quedan aún 52 núcleos que, auilque quedarán regularizados en breve plazo, permanecen en situación ilegal.