Trabajo reclama 20 millones a AP por impago de cuotas a la Seguridad Social

La Inspección de Trabajo de Madrid ha levantado tres actas de infracción, al menos, contra Alianza Popular (AP) por no cumplir las condiciones en que, a mediados del pasado mes de junio, aceptó la readmisión de dos altos funcionarios despedidos presuntamente por haber apoyado a Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón cuando éste pugnó con Antonio Hernández Mancha por la presidencia nacional del partido. La inspección provincial ha descubierto asimismo el impago de cuotas a la Seguridad Social, correspondientes a ambos trabajadores, por importe de 20 millones de pesetas.

Una inspección de Trabajo realizada el pasado 22 de julio en la sede nacional de AP, así como diversa documentación aportada por el propio partido al Ministerio de Trabajo, indican que este partido no pagó, durante los cinco primeros meses de este año, la cuota patronal correspondiente a Antonio Gestoso Boo y Francisco Yáñez Román, funcionarios de la oficina central aliancista. El pasado 19 de agosto, la Inspección provincial de Trabajo de Madrid redactó un acta de liquidación en la que, incluido el 15% de recargo por demora, se reclama a AP el consiguiente ingreso en la tesorería de la Seguridad Social de 18.584.326 pesetas.La inspección, que levantó en total ocho actas (de la número 6139/87 a la 6146/87) por las diversas anomalías, descubrió que entre el 1 de julio de 1982 y el 28 de febrero de 1983 Alianza Popular no dio de alta ni cotizó a la Seguridad Social por Francisco Yáñez. El inspector encargado de la investigación advirtió diferencias de cotización a la Seguridad Social por el funcionario Antonio Gestoso entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 1982, así como diferencias en las cotizaciones relacionadas con este trabajador y con Francisco Yáñez desde el 1 de enero de 1983 al 28 de febrero de 1987.

Estas presuntas deficiencias, que en conjunto acumulan una deuda a la Seguridad Social de algo más de 20 millones de pesetas, provocaron paralelamente un acta de infracción, si bien el letrado laboralista de AP aseguró a este diario no haber recibido todavía la notificación. El representante jurídico de AP anunció que impugnará todas las actas de liquidación ante el director provincial de Trabajo, puesto que no le consta que se hayan producido tales diferencias en las cotizaciones.

El origen del conflicto se remonta al pasado 9 de marzo, cuando Antonio Gestoso Boo y Francisco Yáñez Román fueron despedidos por el nuevo equipo dirigente de AP, que, según la versión de ambos funcionarios, tomó esta decisión influido por el alineamiento que uno y otro habían mantenido con los promotores de la candidatura de Miguel Herrero para presidente del partido. El hasta entonces portavoz parlamentario del Grupo Popular fue derrotado por amplia mayoría por Antonio Hernández Mancha en el congreso extraordinario celebrado un mes antes y convocado para elegir al sucesor de Manuel Fraga en la cúspide de la organización.

Sin ocupación efectiva

El 15 de junio, y después de que el titular de la Magistratura de Trabajo número 9 de Madrid requiriese a altos dirigentes aliancistas para que prestasen declaración en relación con el despido, AP se avino a readmitir a los dos empleados con la misma categoría, antigüedad y salario con que habían prestado sus servicios hasta marzo. Sin embargo, un mes después de la conciliación un inspector de Trabajo informó en un acta de infracción (la número 3935/ 87) que, según comprobó en una visita a la sede nacional de AP el 29 de junio, ninguno de los dos funcionarios había recibido "ocupación efectiva" desde su readmisión.

Gestoso y Yáñez fueron instalados en una planta inhabilitada como lugar de trabajo tras el congreso del partido para ahorrar gastos, sin líneas telefónicas y en despachos en los que previamente habían sido arrancados los teléfonos, según reconoció el 21 de junio el jefe de mantenimiento de AP en un requerimiento notarial.

Pocos días después, el gerente interino de AP comunicó a Gestoso y a Yáñez que debían presentarse el 1 de Julio en las sedes del partido en Jaén y Sevilla, respectivamente, para colaborar en el esclarecimiento de diversas denuncias sobre irregularidades en el censo electoral. El día 6 de julio, el director provincial de Trabajo de Madrid comunicó a AP que consideraba fundada la oposición de Gestoso y Yáñez a tal desplazamiento.

A su juicio, no habían quedado "constatadas las razones alegadas por la empresa para desplazar a los trabajadores" y existía una "falta de concreción de las circunstancias y condiciones en que debía realizarse el desplazamiento", lo que provocaba "una evidente inseguridad jurídica para los trabajadores". Alianza Popular presentó un recurso contra dicha resolución, cuya ratificación o enmienda no ha sido todavía comunicada por el director general de Trabajo.

Desplazado a Sevilla, como se le había ordenado, Francisco Yáñez reclamó una nueva inspección de Trabajo después de que al cabo de varias jornadas sin trabajo le fuese encargado comprobar si determinadas personas, en total unas 50, figuraban el 1 de abril de 1986 en el padrón municipal de habitantes. El día 6 de julio una inspectora realizó una visita a la sede aliancista, en la que, según el acta de infracción que propuso, constató que Yáñez no había recibido ocupación durante varias jornadas y que cuando la obtuvo no correspondió con su categoría profesional, jefe de primera de administración.

Despido por ausencia

Once días más tarde, Gonzalo Robles Orozco, secretario de organización en la ejecutiva nacional de Alianza Popular, le comunicó su despido por ausencias del lugar de trabajo en los tres primeros días de estancia en Sevilla y por negarse el día 6 a realizar tarea alguna "so pretexto de que se trataba de un trabajo no ajustado a su categoría profesional". En este momento está pendiente de resolución por la Magistratura de Trabajo la solicitud de "despido radicalmente nulo" formulada por Yáñez.

Tras regresar a sus despachos en la tercera planta de la sede nacional de AP en Madrid, Antonio Gestoso y Frimcisco Yáñez reclamaron nuevamente la presencia de un inspector de trabajo. La presencia de éste en los locales aliancistas el día 22 de julio tuvo como resultado una nueva acta de infracción contra AP por no dar ocupación efectiva a ambos funcionarios en los últimos nueve días.

Según el abogado laboralista defensor de Alianza Popular, el partido conservador ha presentado recurso contra todas las actas de infracción, que en principio constituyen propuestas sancionadoras, con multas, que no serán efectivas hasta que se agote la vía administrativa y contencioso-administrativa.

El letrado, que juzga el asunto como "exclusivamene disciplinario", considera que "se está intentando ventilar el tema con instrumentos ajenos a la vía laboral".