El final de Riaño
La demolición del Ayuntamiento pone fin a la historia de uno de los valles más ricos del norte de España
La Administración concluyó ayer la operación de derribo que durante 18 días, y bajo una fuerte protección de la Guardia Civil, ha mantenido en siete de los nueve pueblos que inundará el pantano de Riaño. Un total de 926 edificios de Riaño, Huelde, Anciles Salio, Pedrosa del Rey, Éscaro y La Puerta han sido destruidos por la piqueta. La demolición ayer del Ayuntamiento y el cuartel de la Guardia Civil de Riaño marca el fin de un episodio de la historia de uno de los valles más ricos del norte de España, salpicado de reivindicaciones sociales, enfrentamientos y, en definitiva, de la infructuosa lucha de un colectivo por su supervivencia.
Decenas de familias continuaban ayer en improvisadas tiendas de campaña en los alrededores de los siete pueblos, ante la imposibilidad de trasladar a otro lugar sus enseres y el ganado. El alcalde de Riaño, Huberto Alonso, del CDS, a firmaba ayer que "no todo está perdido, nos queda el valle".En el transcurso de 18 días aproximadamente 250 familias del valle de Riaño se han visto obligadas a desalojar sus hogares, sentenciados por la Administración desde. hace más de 20 años a una muerte segura. Numerosas fuerzas antidisturbios de la Guardia Civil, unos 300 números, han vigilado desde el pasado día 7 los trabajos de derribo ejecutados por personal del Ministerio de Obras Públicas y de la Confederación Hidrográfica del Duero, produciéndose en varias ocasiones escenas de gran violencia derivadas de los enfrentamientos entre la Guardia Civil y los vecinos y un escaso número de ecologistas.
Tres personas resultaron heridas por pelotas de goma lanzadas por la Guardia Civil y algunos testigos aseguraron entonces que las fuerzas del orden público utilizaron fuego real durante una de las cargas. La detención de vecinos y ecologistas, que mostraban su protesta por los derribos encamarados a los tejados, se sucedieron. El alcalde tampoco pudo sustraerse a esta medida y fue detenido dos veces por la Guardia Civil y conducido al juzgado de Cistierna, donde fue puesto en libertad en ambas ocasiones tras prestar declaración.
Un día de luto en el valle
Cinco días después de iniciarse las demoliciones el vecino de Riaño Simón Pardo, soltero de 54 años, se disparó un cartucho de postas en el vientre. La desesperación que le producía la búsqueda de otro hogar lejos de su tierra de nacimiento parece haber sido, según todas las fuentes consultadas, la causa de la fatal decisión. Su casa fue demolida tres días después.Los problemas de abastecimiento fueron recrudeciéndose a medida que transcurrían los días. Las continuas interrupciones del fluido eléctrico, teléfono y finalmente el agua convirtieron en los últimos días a Riaño en una zona cercada donde reinaba tan solo la angustia y la impotencia de los vecinos, sumidos ya en un estado de abatimiento general.
La lucha fue cediendo paulatinamente, incluso la protagonizada por los ecologistas, quienes en última muestra de protesta llevaron a cabo dos días de huelga de hambre en el salón de los mozos. El valle es hoy una gran escombrera. La maquinaria del MOPU allanaba ayer los restos de Riaño mientras los compradores de madera cerraban tratos apresuradamente.
El agua que inundará en un futuro próximo nueve pueblos del valle de Riaño permitirá que 83.000 hectáreas de secano del sureste de León, Valladolid y Zamora, se conviertan en tierras fértiles de regadío. No obstante, el proyecto de construcción del pantano de Riaño ha contado en los últimos años con una fuerte contestación por parte de colectivos ecologistas, intelectuales; artistas y los habitantes de las nueve localidades directamente afectadas.
Estos últimos, una gran mayoría de ellos agrupados en la Comisión de Afectados de la Comarca de Riaño (CACOR) trataron de defender por todas las vías legales la supervivencia del valle, uno de los más ricos del norte de España.
El proyecto del embalse, iniciado en la República e impulsado en la dictadura del general Franco, ha sido en los pasados años definitivamente apoyado por el Gobierno central y en especial por el ejecutivo autónomo castellano-leonés, que ha alegado razones de "interés general" para la ejecución del proyecto.
Durante este tiempo los grupos ecologistas han esgrimido sin éxito la existencia de planes alternativos basados en la construcción de pequeñas presas y en el aprovechamiento de aguas subterráneas que el valle posee, según varios estudios geológicos.
