Fuertes críticas del REA al proyecto de ley de Auditoría
., El Registro de Economistas Auditores (REA), asociación creada en 1982 por el Consejo General de Colegios de Economistas y que agrupa a 220 firmas y 1.300 auditores, mostró ayer su oposición al proyecto de ley de Auditoría. El presidente del REA, Gerardo Ortega, informó ayer que el proyecto de ley será discutido mañana en Comisión de Subsecretarios y que, muy posiblemente, será enviado a Las Cortes antes de fin de mes..Gerardo Ortega centró - sus críticas en el acceso a la profesión, abierta a todos los titulados superiores, según el proyecto de ley. Sin reclamar la exclusividad de acceso, el presidente del Registro de Economistas Auditores reclamó la prevalencia de economistas, diplomados en ciencias empresariales, profesores mercantiles y titulados superiores en administración de empresas. En el fondo de la polémica está también la lucha corporativa con la otra asociación que representa a los auditores, el Instituto de Censores Jurados de Cuentas.
Ortega se basó en la octava directiva de la CE para defender sus postulados y afirmó que, hay que garantizar las condiciones; de acceso a la profesión de auditor para evitar que "la ley se transforme en una broma macabra". Por otra parte, admitió que la imagen del auditor "está sufriendo deterioro" y se mostró partidario de que el ejercicio de: la profesión esté sometido a las responsabilidades civiles y penales en que se pueda incurrir.
Organismo de control
Asimismo, Gerardo Ortega mostró su oposición a que se cree una Comisión Nacional de Auditoría, "con capacidad para supervisar la actuación de los colegios profesionales y de sus miembros, ejerciendo incluso facultades disciplinarias sobre los mismos", ya que en Europa no existe un organismo de control de este tipo y ello puede condicionar la independencia del auditor. "Este sistema", dijo, "representa crear unos funcionarios que cobren por arancel".
El proyecto de ley de auditoría ha estado sometido a sucesivos borradores y cambios de contenido desde el esbozo inicial del proyecto en noviembre de 1983, siendo todavía Miguel Boyer ministro de Economía. Desde el principió hubo posiciones encontradas dentro del ministerio entre los hacendistas o controladores y los liberalizadores.
El primer proyecto global ha quedado troceado. La parte contable, indispensable como referencia de la labor auditora, estará recogida en la reforma del Código de Comercio y en la futura nueva ley de Sociedades Anónimas. También ha quedado al margen de la regulación de auditorías la consolidación de activos financieros.
El proyecto se ha inclinado por la liberalización y no contempla el límite de cuatro años previsto anteriormente para la vinculación contractual entre las firmas auditoras y las sociedades analizadas contablemente.
