Las ayudas estatales a las empresas suman más de tres billones de pesetas, según el Banco de España
El Banco de España acaba de elaborar un informe que analiza, por primera vez, lo que cuesta la política de intervención estatal en el sector privado de la economía: algo más de tres billones de pesetas de 1986. Entre los objetivos del estudio figura el servir de base para que, antes de tomar cualquier medida, se conozcan todos sus posibles costes y efectos económicos, El informe fue concebido para entregarlo al Gobierno con el fin de que la Administración pública disponga de una "guía práctica" para reducir el gasto público y el intervencionismo, y asignar los recursos de forma más consciente y eficaz.
Mediante "un trabajo casi policiaco", los autores del informe, encargado personalmente por el gobernador del banco emisor, Mariano Rubio, han rastreado blibliotecas, archivos públicos y los diarios o boletines oficiales del Estado de las últimas; décadas. Su misión era tratar de enumerar y evaluar el coste actual de todas las decisiones y normas vigentes que entrañan gasto público o pérdidas de ingresos para el Tesoro.Al final han elaborado un inventario del que dicen carece la propia Administración pública generadora de tal maraña de disposiciones. Se trata de más de 400 páginas de letra pequeña, nutridas principalmente por leyes, decretos y órdenes ministeriales, muchas de ellas dictadas en los años sesenta, pero que todavía condicionan los Presupuestos Generales del Estado, estrechando el llamado margen anual de maniobra del Gobierno.
El objetivo del trabajo ha sido animar a que se ponga en práctica como norma general de conducta administrativa la evaluación de las políticas públicas, fiara que el debate de cualquier medida esté orientado por la consideración previa del coste que tendrá. Según fuentes allegadas a los autores del informe, no sólo las obligadas memorias de cualquier proyecto suelen carecer de tales evaluaciones, sino que los propios centros gestores tienden a olvidar el impacto de medidas tomadas hace años, como si no fueran susceptibles de revisión perrmanente en función de su utilidad.
Aunque Mariano Rubio todavía no ha decidido el destino del informe, fuentes del Banco de España aseguran que el inventario terminará en manos del Gobierno. Ahora que el Ejecutivo se dispone a concretar sus objetivos para los próximos tres años con el fin de someterlos a concertación con la patronal y los sindicatos, aspiran a que el trabajo pueda servir de guía práctica para revisar el destino del gasto público y reducir el intervencionismo.
Más intervención
El inventario, pese a ofrecer todavía algunas lagunas -por ejemplo, no evalúa la importancia emergente de las normas dictadas por las autonomías y los municipios, ni tampoco los casi dos billones de pesetas aportados por el Banco de España desde 1980 para resolver la crisis bancaria-, confirma que el sector empresarial espafíol está mucho más intervenido que en otros países occidentales, aun cuando el sector público español resulta comparativamente pequeño.
Los gastos estatales en ayudas directas por la vía de subvenciones o desgravaciones fiscales a las empresas (públicas y privadas) han pasado desde el 7,8% del PIB en 1979 (algo menos de 1,03 billones de entonces) a cerca del 10% del PIB durante 1986 (más de tres billones de pesetas). Por encima de la mitad de]. total se plasman en subvenciones de diverso tipo y transferencias de capital, que en 1979 apenas absorbían la tercera parte del total. El resto ,se lo reparten, casi por mitades, los créditos oficiales y privilegiados (incluidos los que financian exportaciones) y los gastos fiscales o las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social.
En comparación, un reciente informe de la Comisión de la Comunidad Europea (CE) evalúa tales ayudas en un promedio de apenas el 4% del PIB, si bien excluye a la agricultura (uno de los sectores con más muletas) y a la construcción. Otro estudio de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) sefíala que las subvenciones, desgravaciones y crédito oficial han pasado en la última década (1975-1985) desde el 1% al 2,5% del PIB en las dos docenas de países miembros (entre ellos EE UU, Japón y Canadá), y desde el 1,5% al 4,5% dentro de los europeos.
Las ayudas públicas prestadas al sector privado se dirigen principalmente en España, según el inventario, a la agricultura, la industria, los transportes, la contrucción y determinados servicios.
Entre sus características el informe cita las duplicidades y contradicciones que se registran por falta de coordinación administrativa, así como la tendencia acumulativa que se observa en el sentido de que empiezan a recibirlas unas empresas y termina por reclamarlas el conjunto del sector u otras esferas de la competencia.
