Medio billón por Rumasa
MIENTRAS EL candidato Ruiz-Mateos hace campaña para las elecciones europeas, los españoles hemos sabido que la aventura Rumasa ha costado medio billón de pesetas a los contribuyentes. En efecto, cuatro años después de la expropiación del holding, y casi ultimada la reprivatización de las empresas del grupo, el coste total de la misma puede cifrarse en unos 500.000 millones de pesetas, resultado de restar los fondos obtenidos de la venta de las empresas (65.000 millones) y los 100.000 millones ingresados en las arcas de la Seguridad Social y la Hacienda, de los 660.000 millones invertidos por la Administración en el saneamiento de las empresas.¿Mucho dinero? Depende de cómo se mire. A menudo se suele olvidar el origen del problema Rumasa: la absoluta heterodoxia de su fundador, un self made man que hizo mangas y capirotes de toda la legislación mercantil española. En el momento de la expropiación, el déficit contable patrimonial del grupo se elevaba a 260.000 millones de pesetas, mientras sus pérdidas acumuladas ascendían a 346.000 millones y sus deudas frente a terceros a 1,08 billones de pesetas. Sólo en 1982, las pérdidas del grupo fueron evaluadas por Arthur Andersen en 100.000 millones, y el grupo estaba metido en una cuesta abajo imparable.
Pero si la situación era desastrosa, continúa siendo una interrogante el acierto en la elección de la medicina empleada. Es más que dudoso que factores de improvisación, y hasta de acaloramiento político, no influyeran en la medida expropiatoria. Y es más que discutible que no existieran otros caminos, menos perjudiciales para el erario público, y en definitiva para los ciudadanos, a los que el asunto les ha costado una media de 50.000 pesetas por contribuyente.
El balance de la operación ofrece claroscuros, comenzando por la oportunidad de la expropiacion misma, a la que se recurrió para acreditar una firmeza sin fallas, tal vez muy rentable en términos políticos pero discutible desde una perspectiva de eficacia económica. Especialmente teniendo en cuenta que se renunció a la previa utilización de otras posibles medidas de presión contra la resistencia de Ruiz-Mateos a autorizar las auditorías, como por ejemplo la exclusión de los bancos del grupo del Fondo de Garantía de Depósitos e n tanto no se realizasen esas auditorías. También es discutible la decisión de reprivatización de todo el grupo. Pero aun admitiendo ese principio, resulta injustificado el mantenimiento de la determinación de devolver a los depositantes la totalidad del principal con sus intereses. Hubiera resultado aconsejable hacer asumir a los depositarios una parte, al menos, del riesgo inherente a toda operación mercantil.
La prioridad otorgada por el Gobierno al criterio de actuar con rapidez fue el motivo de algunos de los errores cometidos, en el proceso, el más clamoroso de los cuales ha sido el de Hispano Alemana de Construcciones. Con el dinero público entregado a los diversos adjudicatarios se habría conseguido una empresa fuerte y saneada manteniéndola en la esfera pública, simplemente poniendo al frente de la misma a un gestor adecuado. Pero de ahí a hablar de corrupción en el proceso reprivatizador media un abismo. Algunas gentes, recién llegadas a las técnicas contables, se han empeñado en ver fantasmas donde no los había. Por ejemplo, cuando se señalan las diferencias entre acuerdos del Consejo de Ministros adjudicando empresas y la firma del correspondiente contrato ante notario. En ese ínterin, generalmente de varios meses, las empresas seguían funcionando, y por tanto perdiendo dinero en la mayoría de los casos, de forma que era preciso actualizar las cifras a la misma fecha de la firma del contrato, como ya se hacía constar en los acuerdos del Consejo. Por lo demás, la argumentación de que algunas empresas se han regalado suena a broma. No sólo por la existencia de una comisión amplia y heterogénea como garantía de la limpieza del proceso, sino porque, dada la situación de la mayoría de las empresas, éstas se han vendido como se ha podido, después de sanearlas.
Lleno de claroscuros, en sus orígenes y en sus resultados, el caso Rumasa no pasará a la historia como una manera ejemplar de gobernar, pero sí como un paradigma de especulación empresarial por parte del creador del imperio. La pregunta de si era necesario gastar tanto dinero público en salvar tantas torpezas de éste quedará ya, para siempre, sin respuesta.
