El dilema de 'Baby M'

Juristas, médicos, profesores de ética y hasta teólogos buscan, a principios de 1987, en Estados Unidos, la definición de qué es una madre, y se interrogan si se puede comprar la maternidad, a raíz del emocional juicio que se desarrolla en un tribunal de Nueva Jersey para decidir de quién es un bebé de nueve meses nacido de una madre alquilada. El viejo aforismo del derecho romano mater semper certa est (la madre siempre es cierta) parece quebrarse ante este caso que enfrenta a dos mujeres (una alquiló el útero de la otra por 10.000 dólares, con el compromiso de que gestara para ella un bebé producido por inseminación artificial con el semen de su marido) por la maternidad de una niña a la que su madre biológica llama Sara, y su madre legal, Melissa. Ante el tribunal, el bebé se llama Baby M.

El juez de Nueva Jersey tendrá que decidir sobre algo que plantea problemas legales y éticos no suscitados hasta ahora ante un tribunal. ¿Es válido el contrato de arrendamiento maternal que Beth Whitehead, una ama de casa de 29 años, estableció con el matrimonio Stem (Elisabeth, una pediatra de 41 años, y William, un bioquímico), que deseaban un hijo pero que no querían arriesgarse debido a un principio de esclerosis múltiple que sufría Elisabeth? William Stern suministró su semen para que Beth fuera inseminada artificialmente. La madre alquilada entregó la niña a los Stern, pero a los tres días se arrepintió, afirmando: "Oh, Dios mío, ¿qué he hecho?", y la volvió a recuperar. El juez se enfrenta a la decisión, que no puede ser salomónica, de adjudicar el bebé a su madre biológica o a su madre legal.

Sin pauta

La justicia, enfrentada a un nuevo mundo originado por la aplicación de las últimas tecnologías a los problemas de la procreación, no tiene pautas legales a las que acogerse. Ningún Estado norteamericano ha sido capaz aún de votar una ley que regule la maternidad por sustitución, aunque en 21 Estados se ha considerado la posibilidad. California, el más progresista de la nación, ha sido el último en derrotar una propuesta que intentaba legalizar esa práctica de subcontratación maternal. Este contrato no tiene apoyo legal, y el juicio establecerá el importante precedente de si el pacto es o no vinculante para las partes.El juez Harvey Sorkow actúa en un vacío jurídico y es el primer magistrado de Estados Unidos que debe hacer cumplir un contrato de alquiler maternal. En los últimos 10 años se han producido en este país unos 500 nacimientos por este sistema, pero nunca una de las partes había acudido a la justicia para hacer valer sus derechos.

El comité de ética del Colegio Norteamericano de Ginecólogos, que no se opone al alquiler de madres pero sí advierte de las posibles complicaciones, se ha mostrado incapaz de definir qué es una madre a la luz de las nuevas técnicas de creación de vida, como la fertilización in vitro o la congelación de embriones para su posterior implantación.

Este país, al que guía sobre todo un eminente sentido práctico, se encuentra curiosamente sin una respuesta ética y legal a este problema que tiende a extenderse. Una de cada cinco parejas norteamericanas es estéril, y los avances de la ciencia en el campo de la procreación son tan rápidos que resulta difícil imaginar dónde está la última frontera. Un 48% de americanos aprueba la idea de las madres contratadas, frente a un 38% en 1986, según una encuesta publicada por el semanario Newsweek.

Todo comenzó hace casi dos años, cuando los Stern acudieron al Centro de Esterilidad de Nueva York (hay otros 12 similares en el país que realizan operaciones de maternidad sustitutiva) y, tras un examen minucioso de posibles madres para alquilar, escogieron a Beth Whitehead. Tuvieron varios encuentros, y los Stern, una pareja rica que gana 90.000 dólares al año (cerca de 12 millones de pesetas), creyeron haber dado con la solución perfecta. Beth, casada con un recogedor de basura que ingresa 30.000 dólares al año, tenia ya dos hijos, no deseaba más y se declaró dispuesta a ayudar a una pareja sin descendencia. Pero tres días después del nacimiento Beth sorprendió a los Sterm al decirles, llorando: "No sé si podré desprenderme de la niña".

Beth Whitehead firmó un contrato por el que recibiría 10.000 dólares (cerca de 1.300.000 pesetas) de los Stern por gestar a su bebé, y prometía no fumar, no beber, no drogarse y no realizar el acto sexual en el período próximo a la inseminación artificial; y, además, "no intentar crear una relación materno-filial" con el futuro niño. Beth no aceptó el dinero en el momento del parto (los Stern ya habían pagado 7.500 dólares al centro neoyorquino que buscó a la madre) ni quiso firmar la concesión de custodia a favor de los Stern. Se llevó la niña a casa y comenzó un rocambolesco período en el que Baby M cambió sucesivamente del domicilio de los Whitehead al de los Stern. Finalmente, éstos tuvieron que utilizar al FBI para recuperar al bebé, al que su madre biológica se había llevado a Florida, hasta que el pasado otoño el juez Sorkow concedió la custodia temporal de la niña al matrimonio Stern, pero permitió a Beth que la viera dos horas dos veces por semana.

Muchas parejas norteamericanas confían en que este caso -la vista del juicio continuará la semana próxima- sirva para regular legalmente la maternidad por alquiler. La Iglesia católica, que condena la inseminación artificial fuera del matrimonio, ya se ha opuesto públicamente a esta posibilidad. Los obispos de Nueva Jersey la han calificado de "explotación de un niño como si se tratara de una materia prima y de la mujer como una fábrica de niños". Otros sectores se preguntan si la legalización de la subcontratación maternal no originará una industria de bebés, con mujeres necesitadas alquilando su cuerpo para evitar la larga gestación a parejas ricas, del primer mundo, que desean hijos pero sin el trago de gestarlos, y prefieren dedicarse intensamente a sus profesiones.

Fabricación de niños

Por otra parte, prohibir la maternidad alquilada significaría acabar con las esperanzas de muchas parejas estériles y provocaría un mercado negro de madres en alquiler.Hay práctica unanimidad a la hora de que se utilicen todos los avances científicos para que las parejas estériles puedan tener hijos, pero nadie quiere caer en la comercialización de la fabricación de bebés. Sobre el caso concreto de Nueva Jersey también difieren los juristas. Para George Annas, profesor de Derecho médico de la universidad de Boston, ningún contrato previo puede anular el hecho de que la mujer que da a luz es la madre legal y debe, voluntariamente, decidir si entrega o no el niño. Incluso, añade Annas, uña legislación permisiva del alquiler maternal podría ser inconstitucional si la madre no tiene la última oportunidad de reconsiderar su posición.