Nacionalizarse francés se hará más difícil

La adquisición de la nacionalidad francesa será más difícil después de la aprobación, dentro de pocas semanas, de un proyecto de ley preparado por el Gobierno de Jacques Chirac, que quiere "evitar la integración[como ciudadanos franceses] de personas que no la desean realmente", según reza la exposición de motivos. El proyecto prevé la obligación de prestar el siguiente juramento a quienes soliciten la nacionalidad: "Juro ser fiel a la República Francesa, respetar la Constitución y las leyes del Estado y cumplir lealmente los deberes del ciudadano francés".

El nuevo código de la nacionalidad impone abundantes restricciones a la presente situación legal. Los hijos de padres extranjeros con cinco años de residencia accedían automáticamente a la nacionalidad al llegar a la mayoría de edad, a menos que la rechazaran expresamente un año antes. Ahora será necesaria una petición de nacionalidad, entre los 16 y los 20 años, ante un juez de primera instancia. Según opinión de los juristas, esta legislación termina con una tradición enraizada en Francia de definición de la nacionalidad según el principio del jus soli, es decir, del territorio donde se nace.

La nacionalidad no se concederá automáticamente una vez cumplidos los requisitos de petición positivos y de juramento, sino que estará sometida a unas condiciones, alguna de ellas de intepretación aleatoria.

Los condenados a una pena de prisión superior a seis meses, quienes cuenten con una orden de expulsión o de fijación de residencia o quienes "no se hayan asimilado a la comunidad francesa, especialmente por un conocimiento suficiente, según su condición, de la lengua francesa", no tendrán acceso a la nacionalidad. Durante un año después de la petición, el ministerio público, que depende directamente de las directivas del Gobierno, podrá oponerse a la concesión.

Las reacciones que suscita el nuevo código no pueden ser más desfavorables. El arzobispo de Lyón, Philippe Decourtray, se manifestó ya en julio pasado en contra del proyecto. El propio Juan Pablo II, en su reciente visita a Lyón, donde existe una población inmigrada muy importante, realizó una velada referencia a esta cuestión. El párroco de esta ciudad, Christian Delorme, ha asegurado que "el Gobierno actúa bajo la presión de la extrema derecha y de la derecha representada por la Prensa del grupo de Hersant".

En un coloquio celebrado el pasado fin de semana en París con representantes de partidos políticos, confesiones religiosas y especialistas en emigración y demografía, todos los conferenciantes, excepto el representante de la Asamblea para la República (RPR), partido del primer ministro, Jacques Chirac, se mostraron en desacuerdo con el proyecto. "Repliegue sobre la identidad occidental judeo-cristiana" y "retroceso" fueron algunas de las expresiones utilizadas.

Jean-Marie Le Pen, líder del ultraderechista Frente Nacional, piensa exactamente lo contrario. "Chirac no es partidario de reducir la inmigración", dijo, "sino que encima quiere abrir todavía más las fronteras".