El Gobierno se plantea como objetivo que salarios y pensiones suban el próximo año un 4%
El objetivo gubernamental de subida media en los salarios y las pensiones fiara el próximo año será del 4%, porcentaje en el que, asimismo, el Ejecutivo desea situar sus previsiones de inflación, según las impresiones recogidas entre los funcionarios y altos cargos que han pasado esta semana, por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, de Santander. Para el Ministerio de Economía y Hacienda, ambos objetivos serán compatibles con el mantenimiento de la capacidad adquisitiva y con la aceleración del consumo privado, aun cuando el empleo dificilmente crecerá durante 1987 en los 150.000 puestos previstos para 1986, (el¡ 1,5% de la población ocupada).
Los objetivos para las tres principales magnitudes que determinan cada año el reparto de la renta -salarios y pensiones, precios y empleo- serán definitivamente fijados por el Gobierno el próximo, mes, al cerrar los presupuestos generales del Estado para 1987. Haya o no acuerdo en las negociaciones de concertación social, las fuentes consultadas manifestaron que el gabinete está dispuesto a reafirmar como objetivo de inflación el 4% apuntado hace varias semanas por el Ministerio de Economía, así como alinear con el mismo los sueldos de: los funcionarios y las pensiones de la Seguridad Social, lo cual implicará una indicación para el sector privado.
Esto supone reducir a la mitad en un solo año los aumentos nominales de tales rentas. La tasa anual de subida de los precios al consumo está todavía en el 8,9% y el aumento medio plactado en los 1.651 convenios registrados durante, el primer semestre para más de tres millones de trabajadores ha sido el 8,2%, la parte alta de la banda del Acuerdo Económico y Social 198-5-1986. La ganancia media por hora trabajada iba en abril, último dato que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística, por el 8,8%.
No obstante, el Ministerio de Economía y Hacienda espera que, a partir de enero de 1987, la tasa anual del índice de precios se pondrá en poco más del 5%, una vez que deje de formar parte de ella el 2,8% de la subida correspondiente a enero último, atribuida al IVA.
Incógnita sobre el empleo
El secretario de Estado de Economía, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quien expresó en Santander su confianza en que habrá concertación social, precisó a este periódico que el 4% de inflación prevista y un aumento salarial similar son totalmente compatibles con el mantenimiento del poder adquisitivo y el objetivo de aumento para el consumo privado (un 3% en términos reales) del que depende casi todo el crecimiento económico buscado. Aunque el empleo difícilmente podrá volver a crecer tanto como lo previsto para 1986 -el 1,5% sobre los 10,35 millones de ocupados estimados en promedio durante 1985-, dijo que el incremento de las prestaciones sociales y de otras rentas de las familias será suficiente para cubrir el consumo esperado.
Pese a la importancia macroeconómica de los salarios, tanto la Administración como la patronal CEOE y el sindicato UGT pretenden girar el foco de su atención hacia otros contenidos: productividad, política fiscal, aumento de la inversión pública, reconversión tecnológica, participación en la empresa, fondos de pensiones, movilidad laboral y los dos asuntos pendientes del AES (facilidades para los despidos colectivos y reforma de la Seguridad Social). Por ello, las fuentes consultadas aseguraron que, si se pactan estos asuntos, el 4% de objetivo de inflación bien podría convivir con una banda salarial que incluyera la referencia de hasta el 5%.
En todo caso, la intención gubernamental es que la idea de que haya concertación no impedirá que este año se incumpla el mandato constitucional de que los presupuestos del Estado hayan llegado a las Cortes ante del 1 de octubre.
Prioridades para la política de empleo
Moderar los salarios con bandas diferenciadas, para cada sector e incluso para cada tipo de empresa, entroncar sobre estos dos niveles el acuerdo marco interconfederal, y redincidir los tipos de cotización empresariales a la Seguridad Social fueron las prioridades más destacadas para una futura políticia de empleo por Antonio García de Blas, director general de Política Económica del Ministerio de Economía y Hacierida.Al expresar su opinión personal -es uno de los máximos expertos españoles en mercado de trabajo-, García de Blas subrayó que un reciente informe de la OCED-, plantea la estrecha relación entre costes laborales y empleo por cada descenso de un punto en los salarios reales sube el empleo del 0,2 al 0,5%) y recomienda a los países miembros el aplicar los beneficios de la baja de precios del petróleo 31 del tipo de cambio del dólar a reducir las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.
Para compensar este nuevo coste público, propuso eliminar las bases máximas de cotización e incluir en la Seguridad Social a nuevos colectivos, antes de acu dir a un aumento de transferen cias del Estado que repercuta sobre el déficit público.
Tras incluir en este grupo de altas prioridades la vinculación entre productividad y salarios y el coordinar los tipos y retenciones fiscales con la política de empleo, defendió la necesidad de flexibilizar el salario mínimo interprofesional y las horas extras, abrir nuevas vías de contratación, reordenar la protección al desempleo en la misma línea de Francia y la República Federal de Alemania (ambos han limitado el subsidio mientras duran los efectos económicos de las indemnizaciones por despido), ampliar los períodos de formación obligatoria, eliminar restricciones a la movilidad y primar la cualificación al repartir en cada empresa o sector el aumento de la masa salarial sin que en ningún caso se repitan las subidas lineales.
Para medio y largo plazo dejó la reducción de la jornada, por entender que solo genera empleo si va acompañada de la disminución en los salarios reales. Reveló que la reducción de jornada legal realizada en 1984, según una encuesta del Ministerio de Economía, solo fue compensada por una quinta parte de las empresas encuestadas con nuevas contrataciones.
Frente a esta posición, Luis Toharia, profesor de Fundamentos; de Economía, afirmó que no existe correlación necesaria entre reducción de los salarios reales y aumento del empleo, más que por la relación a largo plazo entre aumento de los excedentes ernpresariales, luego de la inversión y después del empleo.
