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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Corrupción policial

EL ESCÁNDALO de la corrupción de varios funcionarios policiales presuntamente implicados en delitos como la realización de atracos o la participación en operaciones de tráfico de armas. y de droga, ha vuelto a poner de manifiesto que la reforma de las fuerzas de seguridad sigue estando pendiente.La supuesta implicación de al menos siete inspectores y comisarios de policía -que podrían ser más, en opinión del fiscal encargado de la investigación- en delitos muy graves no debe ser despachada mediante el habitual argumento de que en un colectivo tan numeroso siempre cabe la posibilidad de que aparezca una manzana podrida.

El joyero Federico Venero -que alertó del caso y que ha sido señalado él mismo como confidente policial- denunciado hechos como la extorsión económica, la planificación de atracos a mano armada, el encubrimiento dé asesinos, la venta de armas a delincuentes habituales y la comercialización de droga, joyas y lingotes de oro, previamente aprehendidos por la policía. El principio de presunción de inocencia que asiste, a todo ciudadano impide entrar en consideraciones concretas sobre estas acusaciones, por más que fuentes del Ministerio del Interior aseguren contar con transcripciones de conversaciones telefónicas que confirmarían los indicios de culpabilidad. Por otra parte, y al margen del procedimiento judicial en curso, la Dirección General de la Policía ha abierto expedientes disciplinarios a los funcionarios supuestamente implicados, y dos comisarios han sido ya destituidos vi obligados a dimitir.

Pero, más allá de las responsabilidades específicas y personalizadas que la investigación habrá de intentar dilucidar, estos hechos; arrojan bastante luz sobre algunos de los más oscuros rincones de la actividad policial Del relato del joyero santanderino, como de otros episodios de similar naturaleza que han sido anteriormente conocidos, se deduce que es práctica relativamente habitual de los inspectores utilizar métodos orientados a obtener, a cambio de promesas o contraprestaciones, la colaboración de unos delincuentes para capturar a otros delincuentes.

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Tal argucia forma probablemente parte de los gajes del oficio. El problema es que su generalización puede conducir a una espiral en la que se cometan o amparen delitos ciertos para evitar otros probables. Así, es un hecho que la actividad policial genera, por su propia naturaleza, unos módulos de comportamiento que en ocasiones circulan por la frontera de la ilegalidad. .

Los obispos vascos, y el anterior fiscal general para la lucha contra la droga, denunciaron en su día como práctica habitual la de utilizar la droga aprehendida para presionar o chantajear a delincuentes y recabar así su colaboración. Si en este supuesto el único criterio que ampara este procedimiento es el de su eficacia bastará que el método resulte útil para rozar la tentación de ampliarlo a otros ámbitos.

En un Estado de derecho las fuerzas de seguridad son depositarias, en monopolio, del uso legítimo de la violencia coactiva. Por ello, un elemento decisivo de ese mismo Estado es la existencia de mecanismos efectivos de control sobre quienes disfrutan de ese poder exclusivo. Y, por más que se invoquen argumentos pragmáticos, la democracia quedará dañada si esos instrumentos de control no existen o no funcionan.

En España, la ausencia -no resuelta por la reciente ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de una auténtica policía judicial, orgánica y funcionalmente dependiente de los jueces, y por tanto independiente de la Administración policial, agrava el problema. Porque si algo ha demostrado la experiencia reciente es que una policía no dependiente de los jueces y tribunales no por ello acaba subordinada a las directrices del poder ejecutivo. Los cuerpos policiales tienden a alcanzar una autonomía que no pocas veces compromete la normalidad y la credibilidad del poder legítimo. La investigación de corrupciones como las ahora denunciadas hace más patente la necesidad de crear una auténtica policía judicial, tal como está prevista en la Constitución, y cuyo desarrollo todavía aguardan los españoles.

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