Incontinencias verbales

LAS VÍSPERAS electorales son tiempos en los que a menudo altos funcionarios de los Gobiernos tienden a manifestar opiniones con el solo objeto de agradar a sus superiores y obtener de este modo, en las listas electorales o en los nombramientos del Boletín Oficial del Estado, el premio por su adhesión o ingenio. Sólo motivadas por pareja ambición pueden entenderse manifestaciones recientes como las del delegado del Gobierno en Andalucía, señor Azorín, en torno al futuro de Pujol, o las del viceportavoz del Gobierno, señor Varela, en torno al futuro de la Prensa. En el caso de Varela, su intervención en un coloquio la semana pasada, en Salamanca, le dio ocasión para exponer algo semejante a las bases de un nuevo orden informativo. Bajo el postulado de que nadie habría de escandalizarse ante el concepto y práctica del intervencionismo estatal, dijo hallar suficientes carencias en el panorama informativo nacional como para que el Estado se aprestase a rellenarlas. En su opinión, era palpable un desajuste entre el hecho de que el PSOE hubiera logrado 10 millones de votos en 1982 y, sin embargo, no se encontrara un medio de información escrita que no fuera crítico respecto a la labor gubernamental. El corolario sería, en esta peculiar línea de análisis, que nos encontraríamos ante el hecho de una muchedumbre que no encuentra medios de comunicación para dar cuenta de una opinión -supuestamente no hostil- al partido que gobierna.Lo que el señor Varela definió bien claramente como línea lógica de actuación del Gobierno es la base de cualquier ministerio de propaganda. Dado que el Ejecutivo no escucha voces que le agraden lo suficiente, y dado que otorga subvenciones a la Prensa, es lógico, según su razonamiento, suponer que esa Prensa debe ser intervenida en sus contenidos. Como resultaría ominoso imaginar que es la ignorancia sobre los principios del Estado democrático lo que trasciende de tan burdas declaraciones en quien habla nada menos que por boca de Felipe González, habrá que convenir entonces que es la perversidad la que las guía. Podría entenderse que el Ejecutivo estuviera contra las subvenciones a la Prensa, lo que en toda lógica tendría que llevarle a prohibir la publicidad en la televisión del Estado y abandonar toda propiedad pública en los medios de comunicación para no incurrir en competencia desleal. Pero en España, como en todos los países de la Europa democrática, esas subvenciones no tienen otro objeto que garantizar la pluralidad de voces en el mercado. Frente a esa actitud, las tentaciones de todos los Gobiernos de convertirlas en una palanca de presión sobre las publicaciones más débiles nunca se habían traslucido tanto como el señor Varela ha permitido ahora.

Ciertamente, la concentración de medios de comunicación en tomo a la derecha política y social sigue siendo en España abrumadora, pero la premisa según la cual el comportamiento electoral debe tener un reflejo simétrico en la actitud de la opinión pública ante la gestión del partido triunfador no está avalada ni por la sociología ni por la experiencia de los países libres. Al derivar hacia el terreno de subvenciones discriminadas las pro puestas con que hacer frente a la contradicción señala da, Varela propone un remedio mucho peor que la enfermedad. En el contenido de su alegación está presente una advertencia contra quienes pretendan llevar su independencia más allá de ciertos límites a la hora de juzgar al Gobierno. Pero no pueden existir otros límites a la libertad que los que la ley establece, y no los que arbitrariamente el portavoz del Gobierno quiera poner mediante el manejo del dinero de los contribuyentes. No parece, de otra parte, casual que esa filosofía -implícita en reiteradas actitudes del Gobierno socialista desde hace años- haya acabado por manifestarse, aunque sólo sea por vía de insinuación, en el momento en que se produce la quiebra del monopolio televisivo que anuncia el proyecto de televisión privada. Y con ello el paso a una situación en la que el mayor medio de influencia con que ha contado no podrá ser detentado en absoluta exclusiva.

Pero cabe una explicación más sencilla: la simple incontinencia verbal de alguien que debería ponderar sus declaraciones públicas y que, a juzgar por sus palabras, no está capacitado para el ejercicio de la responsabilidad de gobierno, El ejemplo también reciente de Tomás Azorín, delegado del Gobierno en Andalucía, que se atreve a arrogarse competencias del ámbito judicial y afirma que "vamos a meter a Jordi Pujol en la cárcel por lo de Banca Catalana", denota que la altivez del poder, por una u otra razón, no conoce lindes a la hora de oscurecer las luces de la inteligencia. Si ya es discutible todo ese tinglado de delegados gubernamentales y gobernadores civiles superpuestos en atribuciones de burocracia y gasto a los Gobiernos autónomos, más preocupante es que el amplio tiempo ocioso que queda a estos personajes se emplee en declaraciones que no tienen otra respuesta que el cese. La inminencia de unas elecciones en Andalucía, en las que el PSOE se confronta entre otros con un partido en cierta medida filial o amparado por la formación pujolista, convierte las declaraciones de Azorín -cuyo manejo de la lengua le hace bastante poco digno de ese nombre- en una irrupción inadmisible del poder ejecutivo en la campaña electoral.