Poner precios al campo
Más de los dos tercios del presupuesto comunitario van destinados a garantizar a los agricultores unos precios mínimos para sus productos. Si en lo industrial la Comunidad tiene fama de librecambista, en el campo de la agricultura es más proteccionista que España. La política agraria común (PAC) es el gran mastodonte del gasto. Inventada para potenciar los cultivos agrarios en una Europa fuertemente deficitaria, ahora se ve obligada a financiar los excedentes a un precio superior al del mercado internacional.El Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria (FEOGA) girará el próximo año a España unos 70.000 millones de pesetas para financiar las intervenciones de mercado en agricultura y pesca. Aunque se trata de la mayor cantidad que nos concederá el Mercado Común en 1986, es una subvención mínima si se compara con la que corresponderá al final de período transitorio, porque mientras dure éste nuestro país sólo participará gradualmente de las políticas sectoriales. A cambio, cuenta con mecanismos defensivos frente a la competencia comunitaria.
Ceder competencias
Las competencias para los precios de garantía agrícolas están diseminadas entre el Fondo de Ordenación y Regulación de Producciones y Precios Agrarios,(FORPPA), el Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA), el Servicio Nacional de Cultivo y Fermentación del Tabaco y el Fondo de Regulación y Organización del Mercado de Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM). A partir del próximo año, la intervención en el mercado pasará a ser sustancialmente asumida por un organismo pagador de la CEE.
El FEOGA-Garantía concede en primer lugar subvenciones y ayudas a diversas producciones, restituciones a la exportación -es decir, compensación de la diferencia negativa cuando se exporta a un país tercero un producto a un precio inferior al comunitario- y ayudas al consumo.
Las ayudas previstas para la producción de aceite de oliva ascienden a 20.867 millones de pesetas. Se trata de cantidades estimadas, porque la subvención, de 12 pesetas por kilo en este caso, se otorga sobre las producciones reales obtenidas. Para cereales y arroz están previstos casi 14.000 millones. Sin embargo, las destilaciones para convertir el vino en alcohol no serán subvencionadas, pues la producción de la presente campaña queda al margen de la política que la CEE fije para entrar en vigor a partir del próximo 1 de marzo.
Aparte están las intervenciones indirectas para la compra, almacenamiento y venta de productos. La política agraria garantiza que cada Gobierno respectivo compra los productos al precio mínimo fijado para cada año cuando los excedentes provocan una cotización inferior. El país miembro pone inicialmente el precio de la compra y corre con el coste de almacenamiento. La CEE paga un 8% de interés anual, aunque el FORPPA obtiene el dinero del Banco de España al 11%. Asimismo, la Comunidad asume los gastos de almacenamiento, pero con precios estándar, y se hace cargo de la diferencia negativa que se produzca entre el precio de compra al agricultor y el precio de venta.
