El fiscal pide cuatro años de suspensión para los dos jueces implicados en la fuga del 'mafioso' Bardellino
El fiscal del Tribunal Supremo ha solicitado sendas penas de cuatro años de suspensión de cargo público para cada uno de los magistrados Jaime Rodríguez Hermida, de 58 años, y Ricardo Varón Cobos, de 56, al considerarles autores de un delito de prevaricación, cometido al poner en libertad al jefe de la Camorra napolitana Antonio Bardellino, Tonino. El fiscal ha pedido para Josefa Suárez Peral, la Pepa, una multa (aproximadamente, 300.000 pesetas) por el mismo delito, así como el decomiso de los cinco millones de pesetas que tenía ingresados en el Banco Exterior de España.
El fiscal sólo ha acusado a los magistrados por delito de prevaricación y no de cohecho, porque el Supremo no autorizó el procesamiento de los dos jueces por ese delito, pese a los indicios existentes de que parte de los 15 millones que costó a Bardellino obtener su libertad fueron destinados a los jueces.
Agravio comparativo
Se da la circunstancia de que Encarnación Reaño será juzgada el próximo día 8 de noviembre en Madrid y el fiscal pide para ella tres meses de cárcel y multa de 30.000 pesetas como autora de un delito de desacato. Encarnación Reaño, Enka, es la compañera del lugarteniente de Bardellino, Raffaele Scarnato, y es la persona que denunció ante la Prensa y el Supremo los entresijos de la operación de libertad de Bardellino, realizada a través de las influencias de Josefa Suárez con el magistrado Rodríguez Hermida, con el que mantenía relaciones sentimentales. Ella explicó que la esposa de Bardellino, Rita de Vita, había llevado hasta 10 millones de pesetas, en dos entregas, con el dinero metido en las botas, a la Pepa, y a Luis Plana, el Catalán, para que lo hicieran llegar a los jueces.Asimismo explicó que ella había acompañado a Rita de Vita a una joyería de Madrid para comprar una pulsera de oro que fue entregada al magistrado Rodríguez Hermida en el curso de una cena. También denunció que había dado 200.000 pesetas a Rita para que la Pepa las hiciera llegar a un fiscal. Esta última afirmación fue la causante del procesamiento de Enka.
Fuentes jurídicas han puesto de manifiesto el vergonzoso agravio comparativo existente entre las penas solicitadas para los autores del delito y la persona que contribuyó a su esclarecimiento. Para unos, suspensión del cargo, o multa, mientras que para la otra, cárcel y multa.
Antonio Bardellino, Tonino, de 39 años, fue detenido en Barcelona en noviembre de 1983 junto con Scarnato y otros dos camorristas de menor entidad, acusado de distribuir la droga latinoamericana en Europa. Italia solicitó su extradición, pero el 30 de enero de 1984, el juez Varón Cobos, que ocupaba interinamente el juzgado que tramitaba el caso, le puso en libertad bajo fianza de cinco millones de pesetas. Pronto se descubrió que el magistrado de la Sala Tercera del Supremo, Jaime Rodríguez Hermida, había intercedido ante Varón para la puesta en libertad del mafioso. Más adelante se supo de las actividades de la Pepa, el dinero y los regalos. Encarnación Reaño tuvo una destacada intervención en esta última parte.
Los magistrados fueron expedientados y suspendidos de sus cargos provisionalmente, en tanto concluye el proceso. El fiscal del Supremo ha elevado ahora sus conclusiones provisionales, elaboradas por el teniente fiscal Cándido Conde-Pumpido Ferreiro, a la Sala Segunda del Supremo, que deberá enjuiciar el calo en vista pública.
A partir de este momento serán las defensas las que deberán elaborar sus conclusiones, aunque fuentes jurídicas han señalado que todos los defensores tienen la intención de solicitar la absolución.
