40.000 futuros pensionistas tendrán que trabajar hasta después de los 65 años para tener derecho a la jubilación

El período transitorio establecido en el nuevo proyecto de ley de reforma de pensiones, aprobado el miércoles por el Consejo de Ministros, dejará en el momento de su aplicación sin derecho a prestaciones a trabajadores que, de seguir con el sistema actual, sí podrían cobrarlas. Este sería el caso de aquellas personas que, con una edad en torno a los 55 años, hubieran comenzado a cotizar recientemente. La normativa actual les exigía 10 años de cotización. La nueva propuesta les llevaría a tener que prolongar su vida laboral por encima de los 65 años para conseguir los 15 de cotización establecidos en el proyecto. En esta situación, con cálculos efectuados sobre datos del Ministerio de Trabajo, se encontrarían unos 40.000 trabajadores.

Fuentes del Ministerio de Trabajo confirmaron que, aunque en el proyecto de ley se mantiene la carencia cualificada -es decir, la obligación de haber cotizado dos años, dentro de los ocho últimos de vida laboral-, la intención del Gobierno es eliminar este requisito cuando la reforma de la Seguridad Social se haya llevado a cabo en su totalidad.El proyecto de ley establece un período transitorio para que los trabajadores afectados por la reforma de las pensiones puedan adecuarse a los nuevos requisitos. Sin embargo, el período no es tan amplio que permita la adecuación de cada caso. Según el proyecto, las nuevas medidas se aplicarán de forma gradual a las personas en edad cercana a lajubilación que no tengan los 15 años cotizados. Los trabajadores por cuenta ajena que tengan 65 años a la entrada en vigor de la ley sólo tendrán que haber cotizado 10 años. A los que tengan 64 años se les exigirá 10 años y seis meses. Con 63 años, se fija un período mínimo de 11 años. Y así con ampliaciones sucesivas de seis meses hasta llegar al mínimo de los 15 años de cotización, exigencia que coincidiría con los trabajadores que tuvieran 55 años en el momento de entrar en vigor la nueva ley.

Por lo que se refiere a los autónomos, la exigencia es más dura, ya que en este caso, el período de cotización por año que falte para la jubilación es de 12 meses.

Efectos de expulsión

Aunque las nuevas medidas tienen como principal objetivo evitar lo que se conoce como compra de pensiones, se produce con ellas un efecto de expulsión en otros trabajadores. Se denomina compra de pensiones al hecho de darse de alta en la Seguridad Social en el momento justo para poder llegar a la jubilación con los años de cotización exigidos. Y aunque, efectivamente, hay personas que han utilizado este método para generar el derecho, otros situaciones vienen derivadas por otras Causas.

Entre estos últimos casos estarían los de aquellos trabajadores -fundamentalmente mujeres- que se han visto obligados al final de su vida laboral a incorporarse al mercado de trabajo y que pudiendo acceder a la pensión con el sistema actual, no podrán hacerlo con el proyecto del Gobierno.

Como ejemplo significativo de esta situación puede citarse el caso planteado ayer por un lector de este periódico. Se trata de una mujer de 64 años que regenta un pequeño hostal y está dada de alta en el régimen de autónomos. Por el sistema actual, tenía previsto jubilarse a los 66 años, edad en los que cumplía los 10 de cotización. Con el nuevo sistema habrá de hacerlo a los 71 años. Fuentes del Ministerio de Trabajo señalaron ayer que, en cualquier caso, eran muy pocos los trabajadores que se encontraban en esta situación, y que, además, a los trabajadores por cuenta ajena, mayores de 55 años no les afectaban las medidas.

Ambas aseveraciones chocan con datos del propio Ministerio de Trabajo. Según la memoria elaborada con motivo de la reforma, durante 1986 los pensionistas afectados por el período de carencia, es decir, aquellos que no cumplen los requisitos de años cotizados, supondrán el 0,3% de las nuevas altas, lo que significa una cifra en torno a 1.200. En 1.987 la cifra se habrá elevado a más de 5.000, a los que habrá que añadir otros 9.000 en 1988, más de 11.00 en 1988 y 14.000 en 1999. Con lo que el total se situará en los cinco primeros años en torno a los 40.000.

Este periódico trató durante todo el día de ayer, sin resultados, de confirmar la exactitud de los cálculos de la citada memoria con el Ministerio de Trabajo.

La segunda afirmación de Trabajo, en el sentido de que las medidas no afectan a los de 55 años y más, quedaría cuando menos matizada si se advierte que, tal como ha quedado recogido anteriormente, con 55 años se necesitan 15 de cotización, con 56 se exigen 14 años y seis meses, con 57 son 14 años, y sólo con 65 años, se requiere nada más que 10 años. Actualmente con menos de 15 años de cotización se viene jubilando el 3,5% de los trabajadores del régimen general y más del 50% de los autónomos.

En la citada memoria que justifica el proyecto de ley, en el cuadro comparativo entre el sistema vigente y el propuesto se subraya como novedad que en el futuro desaparece el requisito de la carencia cualificada, lo que no aparece en el texto aprobado en el Consejo de Ministros del miércoles, en el que, por el contrario se mantiene esta obligación.

Futuros cambios

Sin embargo, las mismas fuentes señalaron que la intención del Gobierno es quitar definitivamente la carencia cualificada, una vez que esté efectuada la reforma total de la Seguridad Social. De hacerse así, se daría un giro total a las medidas, al no dejar sin derechos a aquellas personas que se han visto privadas de trabajo en los últimos años de su vida laboral. El cuadro mencionado contiene otras diferencias, presumiblemente porque ha sido elaborado con anterioridad.

El nuevo cálculo para determinar la cuantía inicial de la pensión recogido en el proyecto de ley, hará rebajar en principio la prestación. Con el sistema vigente se cogen los dos últimos años de cotización del trabajador, presumiblemente aquellos en los que ésta era más alta. Al futuro jubilado se le calculará la pensión sobre lo cotizado en los últimos ocho años, revalorizando los seis primeros. En compensación, se propone la revalorización automática según la previsión de la evolución de los precios, con lo que el pensionista no perdería poder adquisitivo, siempre que la inflación real no sea superior a la esperada.