El Ayuntamiento tiene "responsabilidad política" en el incendio de Alcalá 20, según el Grupo Popular del Congreso

Madrid El Grupo Popular del Congreso considera que el Ayuntamiento de Madrid tiene "responsabilidad política" en el caso del incendio de la discoteca Alcalá 20 -del que ayer se cumplió el primer aniversario-, desde el momento en que la Dirección General de Policía solicitó al Ayuntamiento que realizara una inspección sobre las condiciones técnicas de seguridad e higiene de la misma, que no llegó a efectuarse. Familiares y amigos de las víctimas depositaron ayer ramos de flores en el lugar del suceso. Hasta ahora han sido procesadas nueve personas en relación con el caso (véase EL PAIS de 13 de diciembre).

Félix de la Fuente, diputado del Grupo Popular, manifestó ayer su profundo malestar por la actitud del equipo de gobierno municipal, que, según sus palabras, "aún no nos ha enviado la documentación solicitada el 3 de julio relativa al historial administrativo de la sala Alcalá 20".Félix de la Fuente apoya su tesis de que se puede achacar un cierto grado de responsabilidad política al Ayuntamiento en que el 27 de octubre la Dirección General de Policía pidió al Ayuntamiento que efectuara una visita de inspección "a fin de comprobar las condiciones técnicas de seguridad e higiene que determina el reglamento de 28 de agosto de 1982". El escrito va encabezado por una nota que dice: "Asunto: Interesando visita de inspección anual a la sala de fiestas Alcalá 20". La inspección debe realizarse, afirmó Félix de la Fuente, porque la propiedad de la discoteca solicitó el permiso de funcionamiento que debía renovarse cada temporada.

El escrito en cuestión reabre la polémica que se planteó inmediatamente después de lo sucedido relativa a qué organismo era el responsable de revisar las condiciones de seguridad y permitir el funcionamiento de la discoteca, de acuerdo con el nuevo reglamento de espectáculos, aprobado el 28 de agosto de 1982 y publicado en el Boletín Oficial del Estado de 6 de noviembre. Juan Barranco, primer teniente de alcalde, así como otras autoridades civiles, afirmó siempre que el nuevo reglamento es muy confuso, pues deja las competencias de inspección compartidas entre el Ayuntamiento y el Ministerio del Interior, además de no fijar la periodicidad de las revisiones.

"Para el Ayuntamiento no existía Alcalá 20, sino la sala de fiestas Lido, con licencia de apertura fechada el 28 de diciembre de 1953. Desde el 13 de febrero de 1975, en que se concedió licencia de obras de reforma, no consta ningún otro documento en el expediente de la sala. El Ayuntamiento no conocia el cambio de nombre, ni que se hubieran realizado otras obras in teriores, por lo que tampoco te níamos conciencia de que fuera necesario realizar una inspección".

En cuanto al escrito del 27 de octubre, Barranco afirmó que es una prueba más del confusionismo legal existente por entonces "El 27 de agosto de 1982, un real decreto del Ministerio de Inte rior derogaba, entre otras dispo siciones, la necesidad de los per misos anuales renovables. La inspección que nos pedían no tenía, pues, razón de ser. De todas formas, la inspección se intentó hacer, no porque tuviéramos ninguna razón especial para hacer la, sino por el refórzamiento en la actividad de las revisiones que el Ayuntamiento ordenó por la fechas navidefias. Los inspecto res encontraron la puerta cerra da, siguieron enfrascados en las visitas que aún tenían pendientes y no volvieron. En cualquier caso, la sala tenía permiso de funcionamiento hasta el 31 de diciembre de 1983, según autorización de la Junta de Espectáculos del 18 de noviembre de 1982".

El titular del Juzgado de Instrucción número 15, Jacobo López Barja de Quiroga, prefirió ayer no hacer declaraciones sobre estos extremos.

El primer teniente de alcalde calificó de oportunismo político la actitud del Grupo Popular, "desde el momento", dijo, "en que se ha facilitado toda la documentación sobre el caso a los diputados regionales del Grupo Popular, se ha celebrado una comparecencia, en abril de 1984, ante la Asamblea de Madrid, y los propios concejales del grupo participaror- en una conferencia de prensa, a los dos días de la tragedia, donde se dio una explicación exhaustiva, sin que hayan tenido nada que objetar. No entiendo por qué vuelven a sacar el tema, con documentos falsamente novedosos, ahora que se cumple el aniversario del siniestro. El tema está sub judice, y yo no quiero suplantar al juez".

A raíz del incendio de Alcalá 20, el Ayuntamiento ha intensificado la inspección en lugares públicos. Fruto de este rigor en el cumplimiento de la normativa fueron los 10 pubs cerrados en Malasaña, las clausuras de Rock Ola y Carrusel hasta que hicieron las reformas exigidas, y las 13 salas de fiesta cerradas o apercibidas de cierre esta misma semana. De 1979 a 1984, según datos del Ayuntamiento, se ha incrementado en un 300% la plantilla de inspectores dedicados a la revisión de salas y dísciplina urbanística.

Alcalá 20 sigue cerrada. El juez sólo autorizó obras para consolidar los pilares del edificio y permitir así la reapertura del teatro Alcázar, situado encima.