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LAS DENUNCIAS SOBRE TORTURAS

Intxaurrondo, un gueto donde se opera contra ETA

La Guardia Civil niega las torturas y sugiere la presencia de observadores, entre ellos Amnistía InternacionalFERNANDO ORGAMBIDES San Sebastián

Amnistía Internacional (AI), en su reciente informe anual, ha denunciado dos casos concretos de torturas por parte de guardias civiles de la 5132 Comandancia, en el barrio donostiarra de Intxaurrondo, centro operativo en la lucha contra ETA en Guipúzcoa. Los supuestos torturados, José María Olarra, munícipe de Villabona, y Joaquín Olano, mecánico de Lasarte, fueron acusados de pertenecer a ETA. La justicia les envió a casa por falta de pruebas, al primero tras ser presentado al juez y al segundo después de diez meses de cárcel. Cuatro guardias han sido procesados e inhabilitados por los tribunales en el ejercicio de sus funciones. La polémica acaba de comenzar y José Barrionuevo, ministro del Interior, ha tomado posiciones, situándose al lado de la Guardia Civil, que niega la práctica de torturas y pide observadores en los interrogatorios.

El pasado día 12 de octubre, festividad de la Virgen del Pilar, dos guardias civiles de la 5131 Comandancia procesados por presuntas torturas, los cabos José Domínguez Tuda y Rafael Sánchez Fernández, recibieron la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil. Desde sectores políticos vascos y desde otros situados a la izquierda del Gobierno se reprochó al Ministerio del Interior el hecho de haber premiado a estos guardias.José Antonio Sáenz de Santa María, director general de la Guardia Civil, comentaba, en su despacho en Madrid, que ambos cabos "fueron propuestos para estas condecoraciones en febrero de 1984, con motivo de la desarticulación de un comando de ETA en Tolosa, junto con otra serie de guardias" y advertía que el sumario por presuntas torturas se abrió un mes después, concretamente el 22 de marzo de 1984. "Por tanto", dijo, "no se ha condecorado a procesados, sino que se ha procesado a condecorados".

Los guardias civiles José Domínguez Tuda, Rafael Sánchez Fernández, Manuel Macías Ramos y José Antonio Román Díez se encuentran actualmente con sus familiares, fuera del País Vasco, ya que la Audiencia Provincial de San Sebastián resolvió el pasado día 18 suspenderles en el ejercicio de sus funciones. Estos cuatro guardias están implicados en el sumario 9/84, por presuntas torturas a José María Olarra, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Villabona, precisamente uno de los dos casos denunciados por Amnistía Internacional.

La Guardia Civil está encolerizada y su director general ha puesto el grito en el cielo y ha revuelto el Ministerio del Interior en defensa de sus hombres. Titulares en algunos periódicos vascos, como Intxaurrondo, centro de rorturas, han creado malestar en este cuérpo de seguridad, cuyos máximos responsables aseguran constantemente que en las dependencias de la Guardia Civil no se tortura, "ni existe la bañera ni los electrodos, ni la tabla".

"No tenemos prensa"

Enrique Rodríguez Galindo, 45 años, responsable de 5131 Comandancia de la Guardia Civil, es tajante: "ETA ha conseguido desprendernos de cuatro valiosos hombres. Estamos solos y creíamos que el resto del país estaba orgulloso de nuestro trabajo. No tenemos prensa, como la tiene ETA, y esto es, aunque alguien no lo crea, una guerra. Una guerra para salvar la democracia, las libertades y los derechos de los ciudadanos, especialmente el más importante de todos, que es el derecho a la vida".

Rodríguez Galindo, que ostenta el empleo de comandante, lleva cuatro años y medio en Guipúzcoa al frente de la 513ª Comandancia. Llegó desde Cádiz, donde coincidió como capitán con el hoy presidente de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, Pablo Pérez Rubio, entonces magistrado en esa ciudad andaluza.

"Nosotros somos agentes de la Policía Judicial y nos han educado en un profundo respeto a la ley. Para nosotros los jueces son nuestros superiores y por eso acatamos todo lo que deciden. No hay un solo dato ni un atestado del que no demos cuenta al juez. Sin embargo, la presunción de inocencia es para nosotros de tercera categoría", comenta este jefe de la Guardia Civil, en tono distendido y en presencia del capitán Ángel Vaquero Hernández, responsable del Servicio de Información de la Guardia Civil (SIGC) en Guipúzcoa, su hombre operativo.

Rodríguez Galindo y Vaquero, condecorados también el pasado 12 de octubre, invitaron a EL PAIS a recorrer el cuartel de Intxaurrondo, un gueto que alberga a 700 guardias, 250 de los cuales residen allí con sus familiares, en cuatro bloques de pisos que simulan una pequeña barriada. El cuartel de Intxaurrondo, sede provisional de la 513ª Comandancia, está en un alto, al que se accede por una pequeña pendiente de asfalto, acotado e incomunicado con el exterior por un cartel con el rótulo "Zona Militar".

El SIGC comparte uno de estos pisos, colindante con una vivienda de la familia,de un guardia, con el Servicio Fiscal de la Guardia Civil (SFCG), dedicado a perseguir los delitos relacionados con el tráfico de drogas. Los ínterrogatorios se hacen en habitaciones normales, con ventanas que dan al exterior, en una de las cuales figuran tres paneles con las fotograrias de 150 presuntos terroristas. No existen calabozos, ya que se trata de viviendas normales, y a veces, los de tenidos son trasladados a Burgos o a Madrid. Todo es provisional .al menos hasta dentro de dos años y medio, porque la sede real de la 513ª Comandancia, el lugar donde fueron interrogados Olano y Olarra, situado en el barrio donostiarra de El Antiguo, está en obras.

"Aquí no hay torturas"

"Cuando ETA está más debilitada, la eficacia policial es más alta y la colaboración internacional más intensa, todas las fuerzas políticas abertzales, olvidando sus diferencias, se han puesto de acuerdo en el tema de las torturas y han puesto el punto de mira hacia nosotros", explica Rodríguez Galindo. "Aquí no hay torturas" continúa diciendo este comandante, al tiempo que recorre, junto al periodista, las instalaciones del SIGC. "Tampoco las hay en Cuenca, ni en Ciudad Real, ni en ningún otro sitio del país...".

Y añade: "No tendríamos ningún inconveniente en que existiera una tercera parte, sea el Defensor del Pueblo o un representante judicial que estuviera presente en los interrogatorios y observara nuestro métodos de trabajo policial. Y, además, creo que puedo invitar, y mis superiores lo harían también, a Amnistía Internacional a que venga a Intxaurrondo, donde, y lo puedo asegurar, no se practican malos tratos. Todavía nadie de Amnistía Internacional se ha dirigido a nosotros para tratar de ver sobre el terreno lo que hacemos aquí".

Rodríguez Galindo indica que Olano fue detenido, después de que un empleado de una empresa de seguridad le reconociese, como participante de un atraco de ETApm-VIII Asamblea en Andoáin. "Dio los nombres de los integrantes del comando, confirmó su participación en el atraco y fue trasladado a un zulo para que lo reconociese. Allí cogió una granada e intentó tirársela a uno de nuestros hombres, por lo que fue reducido de un golpe en la cabeza con el culatín de una pistola. En cuanto a Olarra, sabíamos que pertenecía a ETA Militar y, al introducirse en la ducha, a la que solemos enviar a los detenidos cada dos o tres días por cuestión de higiene, se resbaló y se golpeó en el tórax, debido a un baldosín que no se encontraba bien sujeto".

El SIGC en Guipúzcoa, la unidad policial que más resultados antiterroristas ha dado al actual Gobierno socialista, lo integran 30 hombres, dos de los cuales han muerto en acto de servicio desde que Rodríguez Galindo asumió el mando. La media de edad son los 30 años, "igual que los terroristas", y están experimentados en interrogatorios, trabajos operativos y de información, y análisis. "El cabo Domínguez Tuda, uno de los procesados, es una "cabeza privilegiada de la que tiramos cuando nos falla el ordenador", según el comandante de la 513ª Comandancia. "Conoce a todos los terroristas físicamente. Su ausencia la lamentamos y, sin embargo, ETA la estará ya festejando".

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