Administradores y administrados

EL PROYECTO de ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, aprobado ya por el Congreso y pendiente de tramitación en el Senado, ha sido el motivo de una huelga, convocada -para ayer y para hoy- por unos sindicatos que se proclaman independientes y que afirman representar los intereses de todo el funcionariado. Dejando a un lado la falta de aliento del incoherente conjunto de medidas parciales elaboradas por el Ministerio de la Presidencia, es preciso subrayar que las resistencias y las quejas de esa plataforma sindical parecen nacer menos de su decepción ante la insuficiencia de la reforma que de su defensa de posiciones corporativistas.Se anuncian también, aunque por diversas razones, otros llamamientos a la huelga, firmados por separado por UGT (para los días 12, 13 y 19) y por Comisiones Obreras (para los días 13 y 14), para protestar contra el proyecto de ley de Reforma de la Función Pública. En cualquier caso, la confusión derivada de esa múltiple y descoordinada salida al campo reivindicativo de la Plataforma Sindical Independiente, de CC OO y de UGT, animada cada cual por objetivos diferentes, pone de manifiesto los serios perjuicios que implica para la buena marcha de la Administración pública la ausencia de desarrollo del artículo 103 de la Constitución, que ordena la regulación por ley de las peculiaridades del ejercicio del derecho a la sindicación de los funcionarios públicos. Este incumplimiento es tanto más notable cuanto que el programa electoral del PSOE se declaró en pro del reconocimiento de los derechos sindicales del personal de todas las Administraciones Públicas y preconizó a tal efecto "la aprobación de una ley orgánica que asegure el derecho de libre sindicación, el derecho a la huelga (sin perjuicio del mantenimiento obligado de los servicios esenciales de la comunidad) y el derecho a la negociación colectiva de los funcionarios públicos". En el río revuelto producido por la ausencia de normas que establezcan los cauces de la representación sindical de los funcionarios no debe extrañar la aparición de siglas que aumentan el desconcierto con su pretensión de identificar los intereses particulares de algunos cuerpos con los intereses generales de la función pública. Por esa razón, resulta tanto más irregular que el Gobierno socialista no haya dado prelación en su programa legislativo a esa regulación de la representatividad de los funcionarios.

La inexistencia de esa prometida regulación y la ceremonia de la confusión concelebrada por los altos cuerpos de la Administración ha llevado a la absurda situación de que los diversos -y a veces contrapuestos- enfoques desde los que ha sido criticado el proyecto Moscoso puedan aparecer ante la opinión pública como una impugnación homogénea. Sin embargo, la llamada Plataforma Sindical Independiente, UGT y CC OO tienen hachas que afilar contra la ley muy diferentes entre sí. El Gobierno ha contribuido al desconcierto general por su incapacidad para defender, en el ámbito parlamentario, y para explicar, en el campo informativo, sus posiciones. La razón de fondo de ese bloqueo comunicativo tal vez sea que el proyecto de ley, al instalarse en una desolada tierra de nadie para no irritar en demasía a los intereses creados dentro de la Administración, ha conseguido la doble hazaña de suscitar -por razones diversas- la protesta de todos y de no lograr -por causas diferentes- el apoyo decidido de nadie. El resultado final es que el ministro Moscoso carece un de un proyecto político para hacer eficaz la administración pública y sobre todo demuestra poca sensibilidad a la voz de los contribuyentes.