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Felipe González pide explicaciones sobre los resultados del INI en 1983 y sobre los planes del 'holding' para el período 1984-1986

El continuo incremento de pérdidas en el Instituto Nacional de Industria (INI), la conflictividad que está generando la reconversión industrial (que afecta fundamentalmente a sociedades del holding), el desánimo que embarga a muchos de los ejecutivos de las empresas públicas y la falta de unos proyectos Industriales de futuro que ofrecer al país han provocado una seria preocupación en las más altas instancias del Gobierno, presidente Felipe González y vicepresidente Alfonso Guerra, que han decidido urgir soluciones concretas a los ministros responsables y al presidente del INI.

En este cuadro de preocupaciones hay que enmarcar la convocatoria del presidente González, tras el Consejo de Ministros del miércoles, a los titulares de Economía y Hacienda, Miguel Boyer; de Industria y Energía, Carlos Solchaga, y al presidente del INI, Enrique Moya. Entrevista en la que los convocados, según indicaron ayer fuentes oficiales, explicaron al presidente el comportamiento de las empresas del INI en 1983 y los planes del holding para el período 1984-1986. El encuentro se prolongó desde las 8 de la tarde hasta las dos de la madrugada de ayer.La exigencia de estasciones, según medios solventes, no es ajena al clima de enfrentamiento abierto entre sectores influyentes del partido socialista y del sindicato UGT con el área económica del Gobierno. Episodios como la reciente paralización de un tren en Galicia, al ocupar manifestantes las vías sin previo aviso, lo que pudo generar una catástrofe, han impresionado vivamente a Felipe González. El equipo de Alfonso Guerra, por otra parte, está procediendo a un seguimiento prioritario -tras un año largo de gestión de las empresas públicas por responsables ajenos al partido- de las decisiones y proyectos del INI. En este sentido, se señala la incapacidad de los responsables del holding para frenar el crecimiento de las pérdidas y el escaso número de proyectos o realizaciones, en relación con otros departamentos (Agricultura, Obras Públicas o Transportes), que han llegado a Consejo de Ministros.

Las empresas públicas han experimentado un desorbitado crecimiento de las pérdidas, que han pasado de 22.300 millones de pesetas en 1975 a 332.400 millones en 1982 y a 378.000 millones de pesetas en 1983 (primer año de gestión socialista). Un 75% del déficit público previsto para 1984 corresponde a números rojos de la actividad empresarial del Estado, y casi el 2% del producto interior bruto (PIB) previsto para este año será absorbido por las pérdidas de las empresas públicas. En julio pasado, las empresas del INI solicitaron el aplazamiento del pago de deudas a la Seguridad Social por 30.000 millones de pesetas.

Cierres de empresas

Y todo ello se ha producido, según fuentes de la Administración críticas al equipo económico, pese a las regañinas públicas que imparte Carlos Solchaga de cuando en cuando a los presidentes de empresas públicas que él mismo ha elegido, y pese a las manifestaciones de Miguel Boyer rechazando la elaboración de un estatuto de la empresa pública y negando la conveniencia de reordenar las empresas públicas en holdings sectoriales. Se baraja el posible cierre de algunas empresas, como podría ser el caso de Hunosa, de la que públicamente se ha llegado a decir que "más que una mina es una fábrica de empleo en una región deprimida", indican dichas fuentes, y Miguel Boyer declara que la empresa pública no debe estar obligada a mantener el empleo, pero no se presentan planes alternativos".En los últimos tiempos se exigen planes estratégicos a los gestores del INI, que éstos elaboran sin ninguna confianza de que vayan a servir para algo concreto, confesó un ejecutivo intermedio del holding. En los pasillos del INI se comenta con ironía, según esta fuente, la marcha de Juan Miguel Antoñanzas de la presidencia de Seat "porque le pagaban poco" y la campaña que se ha desatado, en pro de incentivar económicamente a los responsables de las empresas, mientras continúan creciendo las pérdidas, cuando la Prensa habla de que la subida salarial para las empresas estatales será de un 3% o un 4% sobre nómina.

Todo ello está acrecentando los agravios de algunos ministros, que ven recortados sus presupuestos e inversiones por la necesidad de contener el gasto público, con los responsables de Industria y Economía y Hacienda. La firme voluntad de Felipe González de mantener de cara a la opinión pública la imagen de Gobierno cohesionado explica la sordina de estas tensiones y los mentís oficiales a las mismas.

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