Los socialistas y las armas nucleares

NOTICIAS LLEGADAS de Bruselas confirman que el Gobierno está negociando un acuerdo específico con el Euratom para que el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea se pueda llevar a cabo sin que España firme el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNPN). La noticia es por lo menos sorprendente: en su plataforma electoral, el PSOE se presentó al país con una actitud favorable a la firma de dicho tratado. La referencia textual del programa socialista dice: "Se estudiará favorablemente la oportunidad de que España ratifique el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares". Al cabo de un año de gobierno del PSOE, todo indica que se ha dado un giro de 180 grados: España se coloca en una actitud de no firmar el tratado; incluso de crearse líos suplementarios en el camino hacia la CEE (ya de por sí escabroso) por rechazar un mínimo de racionalidad en esta cuestión. Cuando un partido, al llegar al Gobierno, se ve obligado a modificar una posición previamente definida, sólo en casos extraordinarios puede comprenderse. Lo insoslayable en situaciones así es que se explique al país el porqué del cambio. Sobre la posición española ante el TNPN, el Gobierno no ha dicho nada; se calla, mientras hace lo contrario de lo que lógicamente cabía suponer a partir de los compromisos electorales. La carencia de información en materia de política exterior por parte del Gobierno de Felipe González está tocando techos increíbles.¿Hay acaso un obstáculo político serio para que España firme el TNPN? Es difícil descubrirlo: son favorables a tal firma tanto EE UU cómo los países del Este. La única razón que podría explicar la negativa a la firma sería una voluntad política de fabricar armas atómicas españolas. Pero tal voluntad, a todas luces, no existe: votaciones unánimes del Parlamento se oponen a ello. La razón aducida anteriormente, en la etapa franquista y, luego, por los Gobiernos de UCD, es que España no debe firmar un tratado que registra una situación de desigualdad; la razón de ser del TNPN es bloquear la actual distribución de países nucleares, prohibiendo que surjan otros que se doten de dichas armas. Por tanto, es evidente que el tratado es desigual. Pero en virtud del mismo argumento, España debería exigir la supresión del derecho de veto de cinco países en el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Cabe desigualdad más flagrante? No es extraño que la vieja escuela de política exterior española, que se alimentaba de grandezas verbales para encajar una satelización de hecho, hiciese uso de tales argumentos. ¿Sigue nuestra política exterior prisionera de esa vieja escuela? ¿Pesa más la rutina del ayer que el cambio votado por los electores? El Tratado de No Proliferación ha sido firmado por más de 110 Estados. ¿Se rebajaría acaso España haciendo lo que ya han hecho, en condiciones semejantes a las nuestras, países como Italia, Japón, Yugoslavia, Australia, Canadá y un larguísimo etcétera? ¿Apoya el Gobierno de Felipe González una política armamentista nuclear para España? ¿De verdad cree Alfonso Guerra que nos envidian los verdes y los pacifistas europeos estas actitudes? El Gobierno debe responder a estas cosas, si no quiere que los españoles comiencen a dudar de la calidad de la información que reúne y de la que frecuentemente presume su presidente ante los medios de comunicación.

Aparte de su compromiso electoral, el Gobierno tiene la obligación de escuchar una opinión pública que en esta materia expresa opiniones claras y rotundas. Invocar los sondeos puede resultar ambiguo en ciertos casos, pero no, como ha ocurrido en ocasiones recientes, cuando arrojan porcentajes aplastantes contra cualquier tipo de uso del arma nuclear. La firma del TNPN permitiría abrir una nueva vertiente en la política exterior, de interés primordial para España. Puede cobrar un alcance particular en vísperas de la conferencia sobre medidas creadoras de confianza y desarme, que debe iniciarse el próximo mes de enero en Estocolmo. En uno de sus artículos, el TNPN se refiere a la creación de zonas desnuclearizadas. Su firma por España puede constituir, por tanto, un firme punto de apoyo para emprender una labor diplomática, paralela a la que está en marcha en otras partes de Europa, de cara a lograr que la Península Ibérica sea declarada zona sin armas nucleares y avanzar en el tema decisivo de la desnuclearización del Mediterráneo. De otro modo habrá que convenir que las declaraciones a boca llena del Ejecutivo a favor de la paz y de la distensión son pura demagogia.