Acuerdo de marca única para las gasolinas y futuras negociaciones sobre el problema financiero

La creación de una nueva Campsa, encargada en exclusiva de la comercialización de los productos petrolíferos, y en la que participarán como accionistas el Estado y las seis compañías de refino españolas, quedo decidida ayer en un protocolo para la reordenación del subsector de petróleo, firmado en la sede del Ministerio de Industria y Energía por su titular, Carlos Solchaga, el presidente del Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH), Claudio Boada, el de Campsa, José María Amusátegui, y los de las seis refinerías españolas.

El protocolo, negociado a lo largo de las dos últimas semanas en un riguroso secreto, establece las bases de lo que será la comercialización al por mayor y al por menor de los productos carburantes derivados del petróleo, que se hará bajo una única marca (Campsa) y con subabanderamientos para los lubricantes. El documento deja sin cerrar algunos aspectos del mecanismo financiero involucrado en la operación de transformación de Campsa de compañía arrendataria del monopolio de petróleos a una nueva sociedad mixta con participación del Estado y las refinerías públicas y privadas.Bajo los términos del protocolo, el INH procederá, a la mayor brevedad posible, a la adquisición de las acciones privadas de la actual Campsa, con el propósito de convertirla en un 100% pública. Posteriormente, y una vez traspasada esta empresa a la red primaria de distibución, transporte y almacenamiento de productos petrolíferos, ahora en manos del Patrimonio del Estado, se procederá a la venta de un 84% del accionariado de la nueva sociedad a las seis refinerías públicas y privadas españolas.

Con el 16% de las acciones de la nueva sociedad en manos del INH, el resto se distribuirá de la siguiente manera: las públicas EMP y Petroliber, 34,2% y 7,9%, respectivamente; y las privadas Cepsa, Petronor, Petromed, y Explosivos Río Tinto (ERT), 15%, 13,3%, 7,7% y 5,9%, repectivamente. El protocolo garantiza el derecho preferente de los socios a adquirir las acciones que se puedan traspasar eventualmente a terceros.

Temas pendientes

Aunque el documento, califica do ayer por Solchaga de muy importante dentro de la reordenación del sector energético que ha emprendido el Gobierno socialista, especifica que estas acciones serán adquiridas por las empresa refinadoras "a su valor neto patrimonial". Fuentes solventes aseguran que tanto el plazo de pago como la valoración de activos, cuestiones decisivas para determinar el precio de las acciones de la futura sociedad, ha quedado pendiente de negociaciones futuras entre los socios de la nueva empresa. Las mismas fuentes aseguran que se barajan tres alternativas para decidir determinar esta cuestión, que a punto estuvo de impedir la firma ayer del protocolo. Las variantes consideran el pago mediante recursos propios de las empresas y en un plazo máximo de tres años.

En cuanto a la valoración de los activos, todo depende del valor neto patrimonial de la nueva compañía una vez que se le haya añadido la red primaria de transporte y almacenamiento por parte del Ministerio de Economía y Hacienda. A la nueva compañía sólo se le transferirá el activo fijo del monopolio y no el circulante, que quedará en manos del monopolio hasta su desmantelamiento definitivo.