Petición telefónica al ministro Barón

Las nuevas tarifas telefónicas, aparecidas en el Boletín Oficial del Estado del 29 de marzo último, han sido calificadas peridísticamente como las tarifas del cambio, y efectivamente contienen numerosas previsiones dignas de todo elogio, avanzándose en la consideración del servicio telefónico como una verdadera necesidad social.Ello no obstante, hay un extremo absolutamente disonante en el conjunto de las nuevas tarifas, y que afecta especialmente a zonas con gran diseminado de población, como son las islas Baleares: la contratación de un teléfono en el extrarradio (es decir, ubicado a más de 100 metros de una zona urbana, y fuera de una población agrupada) cuesta 41.830 pesetas los primeros 500 metros o fracción, y 30.830 pesetas más cada nueva distancia equivalente o fracción, frente a las 11.000 pesetas de la cuota de conexión ordinaria. Y el abono mensual (478 pesetas/ mes para una línea particular) pretende incrementarse en 250 pesetas más (es decir, un aumento del 52%) en concepto de cuota de conservación. Y, la cuota a abonar por, cambio de domicilio en el extrarradio (aunque se trate de una decena de metros arriba o abajo) costaría lo mismo que la instalación de un nuevo teléfono, es decir, 41.830, 72.660, 103.490, 134.320 pesetas, etcétera).

Cuando acertadamente se rebaja en un 27,4% la instalación de nuevos teléfonos, el mantenimiento de las mencionadas tarifas para líneas de extrarradio (en base a una norma preconstitucional) constituye un fuerte agravio comparativo para quiénes viven fuera de las zonas urbanas y constituye un paso atrás en la declarada voluntad del Gobierno y de la Telefónica de "extender el servicio y llevarlo hacia zonas que todavía están aisladas", avanzando en el cumplimiento de los mandatos constitucionales relativos al principio de igualdad ante la ley, potenciación de la libertad de expresión, remoción por los poderes públicos de los obstáculos que dificulten la libertad y la igualdad de todos y promoción de las condiciones favorables para el progreso social y económico; y compadeciéndose mal con la campaña de imagen de la Telefónica, que pretende imponer un nuevo tono que conlleva el acceso de este básico servicio público a todos los ciudadanos.

Esta Confederación Empresarial (que abarca cerca de 12.000 empresas en el archipiélago balear) le pediría al ministro de Comunicaciones, señor Barón, dos cosas: que, rompiendo con la práctica habitual de las anteriores Administraciones, dé respuesta expresa, completa y congruente a los amplios razonamientos de nuestro recurso sobre este tema; y que se rectifique adecuadamente la anomalía expuesta, implantándose prontamente unas nuevas tarifas para líneas telefónicas de extrarradio, que, además de rebajar, como se ha hecho con la cuota de conexión de líneas urbanas, el coste de la instalación de un nuevo teléfono fuera de la ciudad, se tengan en cuenta todos los factores concurrentes, como costes reales de la prolongación de líneas, existencia de otros abonados en las proximidades, peticiones conjuntas de líneas, escalonamiento más gradual de las distancias, etcétera, todo ello teñido del espíritu que conjugue los criterios de estricta rentabilidad con las consideraciones de política social que inciden en el caso. Y que no nos obligue el planteamos el recurso a los tribunales de Justicia (con los costes y retrasos de toda índole que ello supone) en un tema tan puntual, pero de gran incidencia en las islas Baleares, la región, por cierto, de mayor densidad telefónica de España, en donde una cabina pública rinde el doble de la media nacional, y donde el fenómeno turístico centuplica el uso del telefono./

Presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares.