La Junta de Andalucía, acusada de tener paralizados 10.500 millones para inversiones
El presidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo, exigirá hoy a sus consejeros la agilización de los proyectos de actuación previstos por los distintos departamentos en el Plan Extraordinario de Inversiones de 1983, por un importe global de 10.500 millones de pesetas. Aunque haya razones objetivas para ello, lo cierto es que el plan se está ejecutando con notable retraso, y algunos medios de la oposición denuncian que en los tres meses y medio transcurridos "no se ha puesto un solo ladrillo".
Según ha podido saber este periódico, de fuentes dignas de crédito, la demora en las inversiones contenidas en dicho plan constituye una de las principales preocupaciones del presidente Escuredo en los momentos actuales. En la celebración del Consejo de Gobierno de hoy, el presidente insistirá a sus consejeros sobre la necesidad de poner a punto los proyectos respectivos.El Plan Extraordinario de Inversiones, que siguió a un viaje de Rafael Escuredo por las comarcas deprimidas de la región a las que va preferentemente destinado, se tramitó en el Parlamento autónomo por el procedimiento de urgencia y fue presentado ante la opinión pública como la primera gran actuación económica del Gobierno andaluz. Los opositores al Gabinete Escuredo señalan, precisamente , que el retraso en la ejecución real de las inversiones -que afectan especialmente a las consejerías de Política Territorial e Infraestructura y de Agricultura- contradice la urgencia con que el Gobierno había gestionado su aprobación por el Parlamento regional.
Hay que subrayar que, en todo caso, una demora en las inversiones de hasta tres meses es considerada normal en medios económicos. Pero el problema fundamental radica en que las consejerías no tienen, hoy por hoy, la capacidad de gestión precisa para poner a punto los proyectos en el tiempo debido. Algunos consejeros empiezan a cuestionar la política de máxima austeridad impuesta en el seno de la Junta, que les impide, por ejemplo, contratar a personal especializado para la realización de estos proyectos y les obliga a esperar a que se transfiera el funcionariado correspondiente.
Éstos consejeros, aun valorando moral y políticamente la austeridad, se preguntan si el Gobierno andaluz podrá funcionar con eficacia si no se cambia esta actitud. El caso es que, aunque no pueda hablarse en absoluto de pasividad o negligencia de las consejerías, los proyectos del plan no se acaban al ritmo necesario para responder a las expectativas despertadas por su anuncio.
