Los funcionarios y el cambio
En las últimas semanas, los funcionarios públicos hemos saltado a las primeras páginas de los periódicos. Se aplaude la medida del Gobierno destinada a generalizar el cumplimiento de un horario de trabajo razonable en toda la Administración civil del Estado. De pronto nos hemos convertido en espectáculo. Periodistas y cámaras de televisión abordan a funcionarios entrando en su trabajo, intentando plasmar caras de sueño o gestos malhumorados.La irritación de amplias capas del país por la lentitud e ineficacia del aparato burocrático y la tradicional desatención a los servicios que demanda el ciudadano medio son, sin duda, la causa de la expectativa que esta noticia ha causado.
Sorprende, sin embargo, que, al hilo de los horarios, se vuelve a presentar a los funcionarios como los culpables universales de los males que aquejan a las oficinas públicas, desenfocando y simplificando, peligrosa y, por qué no decirlo, injustamente, el fondo del problema.
Lo explicaré con algún ejemplo: si una empresa funciona muy deficientemente, se pensará que los métodos de trabajo, la organización o la dirección de la empresa no son los adecuados, o, si un porcentaje muy alto de alumnos tiene malos resultados escolares, se cuestionará el sistema de enseñanza de la escuela.
Pues bien, ¿por qué cuando se trata de la Administración pública se cambia el razonamiento y es a los funcionarios a los que hay que meter en cintura para que el aparato burocrático empiece a funcionar.
Que la Administración pública necesita una reforma de sus estructuras, métodos de trabajo y funcionamiento es una realidad incuestionable. Pero es esta una tarea tan vasta y costosa que para iniciarla, hay que partir de su realidad actual, porque cada uno de los factores que determinan esta realidad son piezas de un engranaje: que ha permitido un funcionamiento determinado, insatisfactorio para la mayoría de la sociedad y también para muchos funcionarios, pero querido por una opción política que se concreta, no sólo en la derecha que estaba ayer en el Gobierno, sino la que durante muchos años ha ostentado el poder en nuestro país y, no hay que olvidarlo, la dirección de la Administración pública.
Situación insostenible
Ellos optaron por que funcionaran aceptablemente algunas parcelas de la Administración pública, dejando deliberadamente languidecer el resto de los servicios. La política de personal se determinó de acuerdo con esta opción. Se mantienen estructuras de personal inadecuadas; no se incentiva profesionalmente a los funcionarios. Se lleva una política de sueldos a la baja para la mayoría, manteniendo el poder adquisitivo con fórmulas indirectas a una minoría (no hay que olvidar que el 22% de los funcionarios tienen fijados sueldos inferiores a las 50.000 pesetas brutas mes y que aproximadamente el 80% tienen sueldos comparativamente inferiores a los del resto del sector privado en categorías similares); no se establecen cauces de participación sindical colectiva y sí se fomenta la división y el corporativismo; no se facilitan medios ni formación profesional para mejorar la calidad del traba o, y, por último, se favorece el incumplimiento generalizado de la jornada de trabajo, incluso dictando normas que, bajo la fachada de hacer cumplir "jornadas superiores a la normal" a una minoría, los efectos reales que producen son distorsionadores del horario habitual de la mayoría.
Y los funcionarios ¿estaban conformes con esta situación? Pues, mayoritariamente, no. Lo que ocurre es que el relajo horario había establecido un determinado equilibrio, a la desesperada, que compensaba la situación insostenible e irritable en los otros temas.
En este estado de cosas, el triunfo del PSOE abre expectativas de cambio también en la Administración pública, pero en la perspectiva de que el nuevo Gobierno iba a definir sus objetivos, marcar las prioridades en el proceso de reforma y, en base a unos y otras, articular una serie de medidas para ir modificando progresivamente la situación creada.
Pero las medidas en materia de horarios, discutidas con los sindicatos y puestas en práctica por el Gobierno al principio de esta semana, sin entrar en los fallos y precipitaciones que han tenido, al producirse aisladamente han supuesto un desajuste en esa lógica y han creado una situación delicada, no porque los funcionarios estén en contra de que se les exija el cumplimiento de una jornada de trabajo razonable, sino porque se ha producido una ruptura de esas relaciones Administración-funcionarios establecidas, y porque la reacción que la medida ha producido en la opinión pública ha desencadenado las voces de los que creen que el Gobierno alimenta la idea de que el mal funcionamiento es achacable al escaso rendimiento de sus funcionarios.
De haber empleado el método que se esperaba, no sólo hubiera contado con el aplauso de los funcionarios, sino que la sociedad española hubiera tenido una visión más exacta de dónde radican los males que hay que eliminar para que las cosas vayan funcionando mejor y para que los servicios al público sean más sencillos y eficaces. Los sindicatos advertimos que no se podía separar en el tiempo esta medida de otras que había que plantear con urgencia. Pero la Administración sigue guardando silencio.
La colaboración de los funcionarios, y su consideración como parte activa de esa gran tarea que es la de reformar la Administración pública, requiere que se acelere y explique el proceso que se va a seguir.
Los funcionarios, los que llevan años madrugando para llegar puntualmente al trabajo y los que el lunes empezaron a madrugar, esperan una respuesta. El Gobierno tiene la palabra.
