La reaparición del diario 'Madrid'
El día 25 de octubre se cumplirán seis años de la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que condenó a la Administración a indemnizar a la empresa editora Madrid, Diario de la Noche, SA, por los daños y perjuicios ocasionados por la suspensión ilegal del diario Madrid el 25 de noviembre de 1971. Cuando estaban ya próximos los diez años de tan injusta desaparición del periódico, el 18 de agosto de 1981, te escribí rogándote aceleraras el cumplimiento de la sentencia que no debía ser otro que el de hacer posible la reaparición inmediata del periódico. El día 21 de agosto siguiente me contestaste diciéndome que te ocupabas personalmente del asunto y que me darías noticias.Ante tu falta de respuesta la empresa editora no pudo demorar más el asunto, y transcurridos los plazos que marca la ley en el ejercicio del derecho de petición administrativa, con la correspondiente denuncia de la mora, fue necesario recurrir al Tribunal Supremo para que no se nos pudiese acusar de negligencia en la defensa de nuestros derechos.
Fracasados todos los intentos hechos por la empresa durante más de cuatro años para que se solucionase el caso por vía administrativa sin tener que llegar a la vía judicial, tuvimos que acudir, por último, al procedimiento legal que nos quedaba por aplicar. En tanto que aquélla permitía la solución más rápida y menos gravosa para el Estado, la vía judicial podría implicar responsabilidades civiles y penales de la Administración, a las que habría que añadir las políticas derivadas de la connivencia de los Gobiernos de UCD con los que bajo el régimen anterior clausuraron ilegalmente nuestro medio de expresión.
Con fecha 25 de marzo de 1982 se solicitó de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, donde se dictó la sentencia condenatoria de la Administración por la suspensión ilegal del periódico, que requiriese del Gobierno el pago de la indemnización de forma que pudiera reaparecer el diario Madrid. Terminada ya la prueba el pasado 10 de julio, queda tan sólo la vista o conclusiones.
En varias ocasiones, sobre todo en 1953 y en 1973, tuve que plantear ante la opinión pública mis discrepancias con lo que creí eran abusos de poder del régimen anterior. Ahora más que nunca he probado mi voluntad de no tener que llegar a ese extremo, ya que en las presentes circunstancias las consecuencias son aún más imprevisibles que en la época superada. Por ello, aun después de mis inútiles esfuerzos por conseguir que me dedicaras un pequeño espacio de tiempo para hablar del asunto, sigo pensando que en esta fase final tu intervención todavía podría evitar que se produjesen males mayores.
Lo que sucedió con el diario Madrid, como lo que está pasando ahora, resulta inconcebible. Por eso, ante la contumaz vulneración de la ley, estamos obligados, en legítima defensa, a poner en marcha todos los recursos y amparos legales. Además, al afectar el tema directamente a la opinión nacional, nos vemos obligados a hacer pública tan ilegal situación en instantes en que muchos ponen en duda la eficacia del orden establecido para defender el Estado de Derecho y proponen cambios más o menos radicales en la Administración.
Por todo ello, aunque sea difícil evitar las consecuencias que puedan producirse ahora en este penoso tema, que trae además a la memoria las responsabilidades que fueron imputadas en algún affaire anterior, como nuestra intención es constructiva, te ruego que consideres urgentemente la otra vía de solución que todavía queda abierta, basada también en la estricta aplicación de la ley. Sería una forma mixta de lo administrativo con lo judicial. Bien claro está, por otra parte, que una diligente actuación del Gobierno redundaría en beneficio del interés general.
A la actitud tomada por ti, limitándote -según parece- a esperar que por parte de la Administración se cumpliese la ley, no correspondió lo que en verdad ha sucedido. Porque se siguió incumpliendo lo prescrito por la sentencia, de forma que sobre el presidente del Gobierno recaen las responsabilidades señaladas igualmente por las leyes.
Así, a pesar de haber transcurrido más de seis meses desde nuestra demanda de ejecución de sentencia, entre otras cosas, sigue sin reponerse la inscripción en el libro de registro de empresas periodísticas, con lo que el periódico continúa ilegalmente suspendido de forma que se multiplican los daños y perjuicios que han de ser indemnizados.
Todo lo cual agrava los males causados por el recurso extraordinario de revisión de la sentencia que elevó el primer Gobierno Suárez, del que tú formabas parte, y que fue rechazado por el Tribunal Supremo el 21 de junio de 1977.
Aún cabe reparar rápidamente tanto daño causado al periódico y a la opinión pública porque la ley permite el acuerdo entre las partes: la Abogacía del Estado, es decir, el Gobierno, y la representación legal del periódico Madrid, o sea, la empresa editora. Dada la complejidad del asunto, que no sólo es jurídica, sino ética y política, el acuerdo haría posible la solución inmediata y más ventajosa para la Administración. Máxime cuando el diario Madrid será un periódico-institución cuya independencia está asegurada por pertenecer todas sus acciones a una sociedad concebida con carácter de fundación al servicio del interés público.
Los Gobiernos de la Monarquía han querido reparar daños causados a diversas personas y organizaciones, pero no han querido cumplir una sentencia que hubiera indemnizado los daños producidos desde hace más de diez años a un periódico víctima precisamente por su defensa del gobierno de la ley, de la libertad de expresión y de la Monarquía democrática, es decir, por luchar en favor de un Estado de Derecho que ha hecho posibles las anteriores reparaciones. Por esto, la razón insinuada oficiosamente de que la decisión del Gobierno, como pido de ti, encontraría resistencia por parte de los partidos de la oposición está completamente infundada, pues es inconcebible pensar que exista objeción alguna por quienes mostraron siempre su solidaridad con la causa del diario Madrid, que es la de la libertad de expresión sin la que resultan imposibles las libertades públicas.
Durante este largo contencioso, por tres veces la Audiencia de Madrid y otras dos el Tribunal Supremo, hicieron valer con sus sentencias el derecho del Madrid a continuar su vida independiente de los Gobiernos, de los grupos de presión y de los clanes políticos. Mientras sigue su curso la ejecución de la última sentencia con sus diversos incidentes procesales, tu Gobierno aún puede, en una actuación prevista por las leyes, acabar de una vez con tan largos pleitos y hacer posible de modo inmediato la reaparición del periódico, que se producirá, en todo caso, con la decisión final de la justicia.
