Agricultura, Pesca y Alimentacion
LA SEQUIA, el fuerte endeudamiento del campo y la pertinaz protesta de los empresarios agrícolas han marcado, en gran parte, las líneas de actuación del Ministerio de Agricultura, que, á mitad de legislatura, asumió los temas de pesca y alimentación. La lucha por estas competencias acabó con la salida de primer ministro del ramo, Jaime Lamo de Espinosa, quien reclamó, -sin éxito, una mayor participación de su departamento en materia de comercio exterior de productos agrarios.La legislatura estuvo sembrada de manifestaciones, marchas, encierros y protestas de todo tipo por parte de los empresarios del campo, en busca de ayuda oficial, a falta de lluv¡a. También la Providencia ha sustituido aquí a menudo a la política agrícola. El dramático efecto de la sequía de 1981 y 1982 fue magnificado por su contraste con la "cosecha del siglo" de 1980, especialmente en cereales. El Gobierno arbitró ayudas de urgencia para paliar el posible desastre, entre las que destacaron la concesión de 150.000 millones de pesetas en créditos a bajo interés e, incluso, sin interés; las moratorias en el pago de, la Seguridad Social y algunos arbitrios; el aplazamiento en el pago de los piensos para la ganadería intensiva y la constitución de una mesa nacional para la sequía.
Las negociaciones para la fijación de los precios de los productos sometidos a regulación de campaña, que marcan las líneas en las que se mueve el conjunto de precios de los productos agrícolas, fue utilizado durante los primeros años como el arma para sujetar la inflación. Al lograr que los precios agrarios no subieran mucho se limitaron las tensiones inflacionistas. Si durante los dos primeros años de legislatura este mecanismo funcionó, en el último año y medio ha ocurrido lo contrario: los precios agrarios regulados han crecido por encima de la inflación, empujando ésta al alza. A ello hay que añadir el conjunto de subvenciones otorgadas, que no se contabilizan, pero que aumentan la inflación.
En la trastienda de las discusiones sobre fijación de precios agrícolas ocupaba un lugar especial el deseo de los agricultores de resarcirse, no sólo de los daños ocasionados por una meteorología adversa, sino de las caídas de renta provocadas por el alza de los carburantes y que, vía inflación, frenaron el crecimiento del poder adquisitivo de todos los ciudadanos. Los agricultores no se resignaron a perder rentas y plantearon anualmente una dura batalla a la Administracción para recuperar, vía precios, su renta supuestamente perdida.
Una de las críticas más generalizadas desde fuera del sector agrario es la falta de una política adecuada de cara a la integración de España en la Comunidad Económica Europea, en el sentido de ir introduciendo más mercado en los productos agrícolas y reduciendo la protección. Las sucesivas promesas de liberalización en mercados cautivos, como el trigo, han quedado habitualmente reducidas a interminables estudios previos.
Los efectos de la sequía obligaron también al campo español a contraer un fuerte endeudamiento, que fuentes empresariales estiman superior al billón de pesetas. La banca privada, especialmente los siete grandes, contribuyeron a paliar los efectos desastrosos de la sequía, concediendo créditos especiales a bajo interés por valor de 59.000 millones de pesetas, dentro del Plan de Capitalización del Campo.
En cuanto al tema pesquero, su paso al Ministerio de Agricultura, procedente del de Transportes, supuso una cierta ordenación y vigilancia. En mayo de 1981 se aprobó la ley de Sanciones de Pesca, que contribuyó a disciplinar al sector, bastante desordenado tras la sequía pesquera impuesta por la ampliación a doscientas millas de las aguas territoriales de los países comunitarios, Portugal y Marruecos, principalmente.
La continua negociación de efímeros acuerdos pesqueros con Marruecos traía consigo la detención de barcos, la requisa de artes, multas, y protestas por todas las cofradías de España. Por ello, el acuerdo por un año prorrogable y aún en vigor, sin concesiones en el paso de los agrios marroquíes por territorio español, calmó las aguas revueltas de nuestros pescadores. Otra de las acciones de esta legislatura en materia de pesca consistió en la legislación de ayuda para la reestructuración de nuestra flota de bajura.
La alimentación ha quedado oculta bajo el drama de la colza desnaturalizada, que sembró de muerte a centenares de familias. Una política de grasas inadecuada, que castigaba al consumidor con altos precios y favorecía las adulteraciones envenenadas, tuvo como colofón este escándalo sin precedentes conocido como "síndrome tóxico". Sobre él volveremos a la hora de analizar la gestión sanitaria.
