El impuesto sobre la renta en 1982
Los contribuyentes del impuesto sobre la renta pagarán algo más en 1982, pero siempre entre unos límites que resultan ya económicamente irrebasables. La disputa entre el PSOE y UCD a propósito de las tarifas se encuentra mediatizada a tal punto por el funcionamiento general del sistema, que sus diferencias son de escasa relevancia. El autor expone aquí cuáles son esas condiciones que impiden actualmente recibir sorpresas, mejores o peores, en cuanto a la cantidad que debe satisfacerse a Hacienda.
Con las nóminas del mes de enero, además de algunas lluvias, llegaron las retenciones tributarias. Luego vendrá el verano y traerá la sequía de liquidez que provoca el pago del impuesto sobre la renta. Y los contribuyentes concretan sus inquietudes en. una simple pregunta: ¿pagaremos más o menos que el año pasado?El tema se planteó con ocasión de la discusión de la ley de Presupuestos de 1982, en la que el Gobierno introdujo una elevación de la tarifa vigente. El PSOE presentó a su vez una enmienda sobre nueva tarifa y posteriormente, según se hizo público, elaboró una enmienda transaccional que no llegó a discutirse en el Congreso. Dada la sensibilidad de los ciudadanos ante cualquier incremento de la presión fiscal y el trasfondo político del alcance y límites de un tributo progresivo, las diferencias entre estas propuestas fueron suficientemente difundidas.
Pero ahora, a principios de ejercicio, cuando comienza a aplicarse la nueva tabla de retenciones y la larga mano de Hacienda llega al bolsillo de todos, tal vez sea oportuno volver sobre el asunto para analizar las alternativas, al margen de la influencia de un debate político que condicionó juicios que entonces se formularon, si bien no fue apasionado ni apasionante. Aunque, tal vez, por lo que respecta a las detracciones coactivas, sea atinada la máxima reaccionaria del Cañabrava de Vargas Llosa, cuando dice que "el ideal social radica en la tranquilidad, no en el entusiasmo".
La subida de los tipos
En la consideración de las tarifas, UCD propugnó una subida lineal de los tipos en un 5,20%. Al parecer, se pretendía así compensar la pérdida de recaudación que provocarían otras medidas también incorporadas a la ley de Presupuestos: la elevación de las deducciones por razón de la familia y la nueva reducción del 1% de las rentas del trabajo personal.
Era fácil adivinar la objeción principal a esta propuesta: un incremento lineal de una tarifa progresiva no es en principio consecuente con la propia idea de la progresividad, porque incide más que proporcionalmente sobre las rentas más bajas, es decir, porque no se traduce en una mayor progresividad, sino que colabora a nivelar la tarifa. Y esto no parece lo más indicado en un momento de crisis económica, que afecta, sobre todo, a las capas sociales de menor renta. Pero también era evidente que el Gobierno podía defender sus posiciones advirtiendo que junto a ese indiscriminado 5,20% introducía medidas de discriminación cualitativa, amparando mayores deducciones familiares y la reducción de las rentas de trabajo, por lo que no iba a deteriorarse el carácter progresivo del tributo.
La enmiendas del Partido Socialista
Por el contrario, las dos enmiendas elaboradas por el PSOE defendían un incremento selectivo de la tarifa, aligerando o elevando discretamente la carga en los primeros escalones de renta, manteniendo una estructura similar de tipos medios en el centro de la tarifa y concentrando el incremento en los niveles superiores de ingresos.
Tampoco era difícil intuir la crítica a esta propuesta: la falta de enmienda paralela sobre tratamiento a favor de las rentas de trabajo limitaba la progresividad real de la propuesta y la estructura del impuesto sobre la renta impediría compensar la pérdida de recaudación por las mayores deducciones familiares y disminución de tipos de los primeros escalones, lo que significaría una reducción de ingresos inoportuna, dado el déficit de los Presupuestos del Estado. Aunque no se puede negar que tales enmiendas responden a un criterio más afinado de justicia en el reparto de la carga fiscal.
Así las cosas, los parlamentarios aprobaron la tarifa presentada por UCD que aparece en el artículo 29 de la ley de Presupuestos. Pero lo que interesa ahora es evitar la polémica y observar las posiciones de ambos grupos políticos.
Limitaciones del impuesto
Las propuestas de UCD y PSOE pueden parecer muy alejadas entre sí, sobre todo si se escuchan las grandes palabras que suelen aparecer en un debate político. Pero si comparamos los tipos impositivos medios y tenemos en cuenta el efecto sobre los mismos de las deducciones fiscales, nos daremos cuenta de que las diferencias no son tan grandes. Sólo alcanzan algún relieve por lo que respecta a los dos últimos tramos de renta, donde realmente las modificaciones tienen más importancia política e influencia en el estado de opinión de los contribuyentes que significación recaudatoria. Lo que demuestra que, si no queremos destruir el edificio, el espacio real para la modificación de este impuesto es estrecho y que la necesidad de recaudación y el objetivo de la justicia tributaría se condicionan en la vida real de manera inmisericorde.
Esto no quiere decir que el tributo no sea perfectible, lo que sería tanto como renunciar al asentamiento y mejora de la reforma (aunque es posible que el mejor método para ello sea la lucha decidida contra el fraude, que contribuirá a disolver ese mutuo cond¡cionamiento). Pero debemos ser conscientes de la dificultad de las modificaciones. Y esperar más de la gestión que de la reforma legal.
Por ello, cuando nos preguntamos si vamos a pagar más o menos, estamos de alguna forma confesando la esperanza de que algún milagro económico nos aligere la carga tributaría de forma contundente. Pero en la realidad no existe el ungüento de Fierabrás. Seguiremos pagando el tributo en 1982, más o menos según el tipo, cuantía de las rentas y deducciones que nos corresponda, y aunque podamos conocer los esfuerzos por corregir su trayectoria, a nivel individual no se registrarán variaciones que puedan despertar admiración ni hay modo serio de conseguirlo a corto plazo.
Saneamiento del sector público
La situación financiera del sector público tiene aprisionados a los grandes tributos estatales. Su saneamiento exige hoy manejar instrumentos no tributarios, tales como la reforma de la Seguridad Social, la presencia del Estado en el mercado financiero o el control de los efectos de la inflación, temas ante los que las posibles modificaciones de este tributo quedan empequeñecidas.
El volumen del déficit y la Imposibilidad de controlarlo en los próximos ejercicios, la imprescindible ayuda de la potencia recaudatoria del impuesto sobre la renta, las dificultades económicas, la resistencia al tributo, en particular en los escalones más altos de rentas, la dificultad de los ajustes técnicos, limitan las posibilidades reales, deterioran la voluntad política y estrechan el camino de perfección fiscal.
