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Editorial:

La economía española en 1982

LA MORTECINA marcha de nuestra economía a lo largo de 1981 y la mediocre gestión gubernamental en ese área, inútilmente disfrazada con triunfalismos verbales que a nadie convencen y que no resisten el menor análisis, obliga a desplazar cualquier tentación optimista hacia el futuro. No faltan, sin embargo, argumentos para la esperanza. España es un país aceptablemente laborioso, no demasiado poblado para su superficie, con un buen emplazamiento geográfico y con un sector público que representa -al igual que los de Estados Unidos y Japón- el 30% del producto nacional bruto, frente al 50% de promedio de las naciones europeas. Bastaría, probablemente, con un mínimo de racionalidad y decisión en la política económica para conseguir que 1982 marcara el comienzo de nuestra recuperación económica.Las estimaciones más recientes del Ministerio de Economía, las opiniones -ligeramente menos sombrías que lo habitual- de la CEOE y las últimas proyecciones de la OCDE, que predicen un crecimiento de un 2,5% del PNB español para los próximos doce meses, alimentan ese tímido despertar del optimismo. Con el Campeonato Mundial de Fútbol a finales de la primavera, 1982 podría ser un año crucial, en el que el desempleo quedara, al menos, frenado.

La tasa de inflación, pese al carácter sedentario de nuestra economía, sigue encaramada entre el 13% y el 15%, por encima de la registrada en el conjunto de los países industriales. Nuestras exportaciones de bienes y servicios, aunque han recuperado algo de aliento, no bastan para pagar las importaciones, con el corolario de que los déficit tienen que saldarse con un creciente endeudamiento externo. La debilidad de nuestra actividad productiva favorece un reajuste de los pagos con el exterior y una lenta caída del nivel de precios, pero no consigue, en cambio, estimular la inversión, sin cuyo concurso es materialmente imposible incrementar el empleo.

La crisis económica ha comprimido los márgenes de beneficios, ha llevado a la quiebra a muchas empresas y ha ejercido un efecto disuasorio, reforzado por las incertidumbres políticas, a la hora de ampliar un negocio o programar una inversión. El aumento dé la presión fiscal, destinado a proporcionar medios para atajar los efectos de la recesión, remediar la situación de los parados y ayudar a los sectores en crisis, no ha estado acompañado por una mejor administración de los recursos públicos, con el negativo resultado de que los impuestos no han bastado para financiar los gastos y el déficit del sector público ha crecido a un ritmo superior al de otros países industriales. La financiación de ese déficit ha originado, a su vez, una demanda de dinero que encarece su precio y desanima las escasas actitudes inversoras de los empresarios.

Parece, sin embargo, que comienza a operarse un cambio en los comportamientos de los agentes económicos y en la comprensión por la opinión pública de nuestras dificultades. La conveniencia de introducir una mayor flexibilidad en la contratación laboral, de forma tal que la protección a los trabajadores ocupados no obstaculice el empleo de los parados o de los jóvenes, empieza a abrirse camino en el mundo sindical. Las desmesuradas expectativas de un crecimiento continuo de los salarios reales dejan paso a una visión más racional de la crisis económica mundial. La convicción de que el despilfarro de los recursos es un precio demasiado alto para la sociedad española terminará sirviendo de freno a los déficit del sector público y a los derroches del Estado. Aprobados ya los Presupuestos Generales, el control riguroso de los gastos menos productivos podría contribuir a moderar el endeudamiento público. La revisión de los programas de inversión y gastos corrientes para evitar despilfarros sería una segura fuente de ahorro y un indicio de que el Estado se toma en serio su papel de administrador competente y honesto de los impuestos pagados por los ciudadanos. La función pública puede ser cumplida sobradamente con las abundantes nóminas de la Administración, sin necesidad de que el nepotismo, el amiguismo y el clientelismo incorporen, en irregulares situaciones y con variopintas denominaciones, a nuevo personal que hace suyo el conocido dicho de que vivir fuera del presupuesto es vivir en el error.

La progresiva liberalización del sistema financiero y una concepción menos rígida de los objetivos de crecimiento de la oferta monetaria deberían complementarse con el establecimiento de mecanismos de financiación a medio plazo que equiparase el mercado interno con el internacional. Las instituciones financieras, espoleadas por la banca extranjera, han comenzado ya a financiar operaciones a medio plazo con interés variable. Sin embargo, las autoridades podrían utilizar a la banca oficial en la instrumentación de créditos a medio plazo para inversiones productivas, igual como se ha hecho con la vivienda. Si, por añadidura, la política monetaria perdiera algo de su rigidez y se esforzara por compatibilizar el control de la inflación con el mantenimiento de un tipo de cambio competitivo, el miedo de los exportadores a una apreciación de la peseta tan asfixiante como la de 1978 se desvanecería y la confianza de los empresarios en el sentido común de las autoridades facilitaría un mejor aprovechamiento de las oportunidades ofrecidas por el mercado internacional.

En cualquier caso, la respuesta del sector privado está condicionada por el comportamiento de la Administración. Si prosiguiera el desorden y el despilfarro en el gasto público y se canonizara la disparatada estrategia de las reestructuraciones industriales pagadas con el dinero de todos los contribuyentes, el espíritu empresarial dejaría paso a la búsqueda de un lugar preferente en las colas para conseguir la sopa boba de las subvenciones estatales. Si una minuciosa reglamentación del mercado laboral y las actitudes gremiales y corporativistas entre los trabajadores empleados continuaran impidiendo formas flexibles de contratación de los parados y de los jóvenes, los patronos seguirían congelando sus plantillas. Pero si el déficit se redujera, si la Administración pública diera ejemplo cortando despilfarros y poniendo la casa en orden, si las empresas dispusieran de mayores márgenes para la contratación laboral y si la financiación del sector privado fuera equivalente a la que disfrutan otros países europeos, no sería insensato apostar a favor de un enderezamiento de nuestra alicaída situación económica a lo largo de 1982.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 31 de diciembre de 1981