RTVE: del Estatuto a la censura
EL ASOMBRO manifestado por Fernando Castedo ante las críticas del presidente de UCD contra la programación de Televisión Española nace quizá de la escasa experiencia del director del Ente Público RTVE respecto a las presiones que suelen ejercer diaria y aburridamente los políticos sobre los medios de comunicación. Tras la ofensiva de primavera contra Castedo, quien cometió el error y la injusticia de intentar pararla con el cese de Iñaki Gabilondo, la batalla del otoño ofrece como novedad una multiplicación de los frentes. La recusación por el PSOE de Mauro Muñiz, prestigioso profesional cuya rectitud y competencia pueden avalar decenas de periodistas de las más diversas ideologías, por un programa del espacio Parlamento dedicado a la OTAN, demuestra que en todas partes cuecen habas y en todos los partidos surgen brotes de intolerancia. Hasta cierto punto es inevitable que los políticos traten de sofocar la información que les perjudica, airear las noticias que desprestigian a sus adversarios, ocupar el mayor espacio posible en la Prensa, la televisión o la radio, sesgar en su beneficio las opiniones o los datos y potenciar su presencia pública. Ahora bien, la batalla informativa limita con la censura pura y simple, por un lado, y con las falsedades, las intoxicaciones y los sobornos, por otro. Esas fronteras son fáciles de trazar en teoría, pero difíciles de respetar en la práctica. Otra lección que la experiencia enseña es que algunos políticos caen con frecuencia en la trampa de adivinar conjuras o consignas tras el oficio cotidiano de los profesionales de la información, que suelen ser los primeros sorprendidos al enterarse de que sus programas de televisión o sus artículos de Prensa son diseccionados para descubrir las huellas de alguna maniobra inconfesable.La denuncia socialista contra Mauro Muñiz ha sido agarrada al vuelo por Rodríguez Sahagún para lanzar un ataque contra el PSOE, acusado de utilizar la televisión para beneficio de sus intereses partidistas y para perjuicio de "los valores de nuestro modelo de sociedad". El presidente de los centristas ha llegado incluso a la conclusión de que "UCD y el Gobierno no pueden permitir esta utilización partidista".
Pero hay todavía otros frentes contra la autonomía de RTVE. Cualquier programa, cualquier noticia, cualquier debate o cualquier película que desagrade a un familiar de un alto cargo, a una persona timorata o a un intolerante con las ideas, las costumbres, los gustos o las opiniones ajenas es inmediatamente aprovechado para pedir la destitución fulminante o la dimisión inmediata del director general. Y eso cuando éste ha sido elegido para un período determinado y a salvo de ceses caprichosos por el Gobierno, precisamente para evitar que Prado del Rey se convierta en un camposanto de la libertad de expresión.
Televisión Española y Radio Nacional cometen errores y tienen defectos. Esto ocurre también en los periódicos y en las radios del sector privado. Pero la ofensiva contra Televisión Española no tiene que ver con la crítica de los errores y los defectos, sino con el propósito político e ideológico de instrumentalizar electoralmente ese poderoso medio de comunicación. La Televisión de los escándalos denunciados por la auditoría de Hacienda -y todavía sometidos a diligencias sumariales- y del teléfono directo desde el palacio de la Moncloa ha sido sustituida por un Ente Público autónomo, administrado por un Consejo cuyos vocales fueron designados por las Cortes Generales y dirigido por una persona nombrada por el Gobierno tras una complicada negociación con el PSOE. Castedo no es el Ansón o el Arias-Salgado, designados a dedo. Las tentativas de linchamiento moral del actual director general componen un espectáculo bochornoso, cuyos perfiles censorios sólo son explicables por las gruesas bazas que se juegan en el envite.
Las presiones para que Fernando Castedo dimita y sea sustituido por un hombre de la confianza del presidente del Gobierno -Carlos Robles Piquer es el último que suena como tapado de la operación- anuncian el amaestramiento de Televisión con vistas a las próximas elecciones generales. En esta campaña de desprestigio y coacción moral también juegan un destacado papel los grupos y las sectas que pretenden obtener por la puerta trasera de un régimen graciable de concesiones, organizado fuera de las Cortes, el privilegio de una emisora privada de televisión sin las garantías de una ley discutida en el Parlamento.
Las televisiones privadas, además de estar claramente amparadas por la Constitución, son una necesidad y un derecho de los ciudadanos en un régimen pluralista. Pero la concesión de esas emisoras no puede realizarse por un simple decreto. De otro lado, la creación de televisiones privadas no debe acarrear el debilitamiento o la ruina de la estatal, cuya autonomía está protegida por una ley orgánica, pero se halla ahora amenazada por el horror de la clase política, Gobierno y oposición ante todo lo que signifique libertad de informar. Pese a las insuficiencias notables y los errores comprobables de nuestra televisión, la experiencia iniciada con Castedo debe por ello seguir hasta que concluya el plazo legal de su mandato. Y si la debilidad o la disciplina de partido llevan a dimitir al director general habría que reconocer que con su acto ayudaría muy poco a la normalidad legal y a la estabilidad política de este país. UCD debe al menos ser consecuente con las leyes que la propia UCD dicta.
