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136 afectados de "neumonía" presentan una querella

Ciento treinta y seis perjudicados por la neumonía tóxica han presentado una querella en el juzgado número dos de la Audiencia Nacional. Con estas son ya 185 las personas que han formulado su denuncia bajo la dirección del abogado Antonio García Pablos, en cuyo despacho prosigue la recepción de datos de quienes se consideran facultados para emprender acciones legales contra los responsables del envenenamiento.La mayoría de los querellantes -quienes reciben asistencia jurídica gratuita- procede de localidades y barrios de la periferia de Madrid, donde ha sido más notable la incidencia de la intoxicación.

Por su parte, García Pablos ha expresado su propósito de viajar a las provincias más afectadas, a fin de contactar con los enfermos y familiares de los mismos.

La Asociación de Afectados exige responsabilidades

La Asociación de Afectados por el Envenamiento de Aceite o Neumonía Tóxica, creada en el madrileño pueblo de Leganés, piensa exigir al Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social que se lleve a cabo un control médico gratuito, durante diez años, con el fin de paliar las posibles secuelas que se puedan producir por la ingestión de aceite tóxico.

Entre los fines de esta asociación se contemplan también:

1. El exigir el castigo de acuerdo a la ley con el máximo rigor de todos los inculpados e involucrados en la adulteración del aceite.

2. Pedir las responsabilidades a las autoridades sanitarias por la venta de productos incontrolados y las derivadas de la actuación en todo el proceso de la neumonía tóxica.

3. Solicitar del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, u organismo oficial al que corresponda, la indemnización a los familiares de los fallecidos, así como para las personas hospitalizadas y que se han visto afectadas por invalidez temporal.

4. Solicitud de una pensión permanente para cualquier persona que no quede en perfectas condiciones para desarrollar su vida cotidiana.

5. Exigir la creación de un único organismo bajo cuya tutela esté el control de la calidad de los alimentos.

6. Exigir la puesta en marcha de la creación de un nuevo código alimentario con fuerza de ley, capaz de proteger verdaderamente al consumidor.

7. Exigir a los Ayuntamientos la prohibición de la venta ambulante, así como productos sin registro de Sanidad que se expenden en establecimientos.

8. Exigir ala Administración que se haga cargo de los gastos hospitalarios y médicos de los que no se encuentran protegidos por la Seguridad Social.

Falta de credibilidad

Por otra parte, la asociación Unión del Olivar Español ha dicho en un comunicado que el Ministerio de Comercio «no tiene ni fuerza moral ni credibilidad para encargarse del servicio contra el fraude» al no sentirse responsable la Administración pública de la comercialización de 250.000 litros de aceite tóxico, y al permitir que la adulteración anual de aceite de oliva supere las 80.000 toneladas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 22 de julio de 1981