Lo admisible y lo inevitable

UNA NOTA hecha pública ayer por la Secretaría de Estado para la Información, y que publicamos en esta misma página, reproduce las instrucciones dadas por el ministro de Defensa al fiscal togado del Consejo Supremo de Justicia Militar para que solicite el procesamiento de todos los miembros de la Guardia Civil o de las Fuerzas Armadas que tomaron parte en el golpe de Estado frustrado del 23 de febrero y contra los que pudieran deducirse indicios racionales de culpabilidad. Al tiempo, esa nota oficial se permite algunos comentarios sobre informaciones y opiniones publicadas ayer por EL PAIS. Comentarios tan poco pertinentes que bien pueden considerarse impertinentes. Sin embargo, eso nos da pie para insistir en algunos de los temas que afectan al procesamiento o no de los guardias civiles que asaltaron el Congreso.Sólo la existencia de un eximente legal puede dispensar a un juez de dictar auto de procesamiento contra quien ha incurrido en comportamientos objetivamente delictivos. La jurisprudencia y la doctrina vacilan a la hora de considerar la obediencia debida como una de esas «causas de justificación» que obvian el procesamiento, y no faltan quienes encomiendan a las sentencias de los tribunales, en vez de a la discrecionalidad de jueces y fiscales, la función de estimar la existencia de esa circunstancia liberadora de responsabilidad. Pero, aun dando por buena la interpretación más beneficiosa para los inculpados, el artículo 185 del Código reformado de Justicia Militar excluye tajante y explícitamente, como señalábamos ayer, de los beneficios de la eximente de la obediencia debida a los actos que, al ejecutar órdenes superiores, constituyan delito, en particular contra la Constitución. Esa disposición no hace sino trasladar a la normativa penal el artículo 34 de las Reales Ordenanzas, según el cual ningún militar está obligado a obedecer órdenes que entrañen la ejecución de delitos contra la Constitución en este terreno de culpabilidad penal.

Así, pues, las nuevas instrucciones dadas por el ministro de Defensa al fiscal togado del Consejo Supremo de Justicia Militar, que amplían la petición de procesamiento por encima del número de once guardias ayer solicitado, no hacen sino expresar la necesidad jurídica, pues vivimos en un Estado de derecho, de que sean procesados todos los asaltantes al palacio del Congreso. Otra cosa sería hacer almoneda de nuestras leyes y del ordenamiento constitucional. No faltan, como es lógico, algunos rábulas que pretenden aplicar al asalto del 23 de febrero, realizado por guardias civiles profesionales y que no formaban parte de una unidad orgánica, una eximente escondida en el artículo 294 del Código de Justicia Militar (no reformado), pensado para los miembros de la clase de tropa y marinería alzados en rebelión que depongan las armas, antes de haber hecho uso de las mismas, por requerimiento de los bandos de la autoridad competente. Pero ese artículo, que no cuadra ni con la identidad de los asaltantes ni con la forma de desalojo del Congreso, tampoco podría esgrimirse contra el artículo 185 (reformado) del Código de Justicia Militar.

Como también señalábamos en nuestro comentario de ayer, el inevitable procesamiento de todos los implicados en los vergonzosos acontecimientos del 23 de febrero y la celebración del juicio consiguiente no significa, en modo alguno, que se aplique el mismo rasero a los cabecillas del golpe de Estado frustrado y a quienes fueron arrastrados, por obediencia ciega reñida con las Reales Ordenanzas, a esa criminal aventura. Los testimonios de los secuestrados podrán, así, facilitar la apreciación por la sentencia de la atenuante muy calificada establecida en el artículo 189 (reformado) del Código de Justicia Militar, que se refiere a los casos en los que el culpable ha sido objeto «de inmediato abuso de autoridad o de facultades en relación directa con el hecho delictivo».

Nos hemos limitado, hasta aquí, a comentar las nuevas instrucciones dadas por el ministro de Defensa y a ratificarnos en nuestras opiniones anteriores, con las que parece coincidir por fin el Gobierno.

Por lo demás, la noticia de que éste había pedido el procesamiento de once guardias civiles en el sumario del 23 de febrero fue publicada, en la mañana de ayer, no sólo por EL PAIS, sino también por Diario 16 y Abc. Los tres periódicos no se facilitaron entre sí la noticia, sino que la recibieron, cada uno por su lado, de fuentes que procedían del propio Gabinete ministerial.

La nota de la Secretaría de Información opina curiosamente -y fuera de uso o de lo que es habitual- sobre un artículo editorial de opinión de este periódico. Desde luego, está en su derecho de hacerlo, aunque resulte ya más dudoso que sea acertado o constituya una idea brillante. La Secretaría de Estado para la Información del Gobierno considera que no es fácil de admitir que un editorial de EL PAIS diga que es inadmisible que «el presidente del Gobierno haga ante el Congreso rotundas promesas que no cumple».

Pues, bueno, si no les es fácil, que no lo admitan. En su derecho están y eso no va a cambiar el rumbo de las cosas. Las cosas son como van narradas: el Gobierno pidió primero el procesamiento de once guardias, cuando la opinión pública venía urgiendo el de todos los asaltantes. El Gobierno ha rectificado, o sea, ha admitido -esta vez sí- que las promesas hechas en el Congreso es preciso cumplirlas. A nosotros eso nos parece estupendo. Lo único lamentable es que haya que estar desde las páginas de los periódicos con los códigos en la mano recordando a algunos funcionarios cuáles son las obligaciones cuyo cumplimiento llevan implícito en el sueldo mensual. El Gobierno puede admitir lo que quiera, pero no podrá evitar al menos que los ciudadanos opinen.