Vecinos de un pueblo leonés, desalojados de sus tierras por negarse a su expropiación

Al menos cuatro personas, entre ellas un niño de seis años, tuvieron que ser atendidas a mediodía de ayer en la residencia de la Seguridad Social Camino de Santiago, de Ponferrada, como consecuencia de los enfrentamientos entre un grupo de vecinos de Cubillos de Sil (León) y una compañía de la Policía Nacional enviada desde León para expropiar por la fuerza varias fincas limítrofes a la central térmica de Compostilla, propiedad de ENDESA.

Las fuerzas de la Policía Nacional llegaron a Cubillo aproximadamente a las 19.45 horas en veintiuna furgonetas y dos camiones, según manifestaron testigos presenciales. A esa hora, cerca de 150 vecinos se habían concentrado en las fincas, donde brigadas de vigilancia montaban guardia desde hace tres meses para impedir las expropiaciones.Los mandos de la Policía Nacional intentaron que el alcalde, Amancio Bardón Márquez, militante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), convenciera a los vecinos de la necesidad de abandonar el lugar, a lo que éste se negó. Según las mismas fuentes, los mismos mandos dijeron al alcalde que simpatizan con la causa de los expropiados, pero que, a la vez, debían desalojar las fincas por tener órdenes del Gobierno Civil. En tal sentido, también resultaron infructuosas las negociaciones para que al menos los niños y las mujeres abandonaran la concentración.

Por último, la Policía Nacional disparó algunos botes de humo y cargó contra los vecinos, muchos de los cuales resultaron contusionados. Tres personas fueron detenidas, y por lo menos otras cuatro tuvieron que ser trasladadas a la residencia de la Seguridad Social de Ponferrada para recibir asistencia médica. Entre estas últimas figura un niño de seis años, Luis Vázquez, que resultó alcanzado por los golpes, así como una mujer de 55 años, que, a primera hora de la tarde, permanecía todavía en la residencia, aquejada de una crisis nerviosa. También una joven sufrió rotura de nariz y de varios dientes, según los vecinos, y al menos otra persona declaró a EL PAIS haber sido arrastrada por el suelo cincuenta metros hasta quedar fuera de las fincas.

Todas las lesiones fueron calificadas de leves por la dirección de la residencia, mientras fuentes del Gobierno Civil declaraban no tener noticias concretas de los sucesos y que muchas de las contusiones podían deberse a caídas fortuitas tras la intervención de la Policía Nacional.

Requerida la presencia de las FOP

La presencia de las Fuerzas de Orden Público fue requerida días atrás por ENDESA y anunciada el lunes por el propio Gobierno Civil, en base a la urgencia de expropiar al menos ocho fincas para una subestación eléctrica y un colector de aguas residuales, dentro del proyecto de ampliación de la central térmica de Compostilla. El resto de los terrenos, hasta un total de veinte hectáreas, serán ocupados en las próximas semanas, según manifestaron fuentes de la empresa.La postura de esta última, que anteriormente había prometido no recurrir a la fuerza para resolver las expropiaciones, se interpreta ahora como una «advertencia» a los vecinos para que accedan a negociar la cesión del resto de sus terrenos y abandonen las posturas de fuerza. Los expropiados, sin embargo, reclaman para ellos y sus familias un total de 45 puestos de trabajo en las nuevas instalaciones de la central. Alegan que el pueblo ha perdido durante las últimas décadas las tres cuartas partes de los terrenos útiles para la agricultura, debido a las sucesivas expropiaciones de ENDESA, la Confederación Hidrográfica del Norte (pantano de Bárcena) y el Instituto de Colonización.

Recientemente, y tras la mediación del Gobierno Civil, se había llegado a un principio de acuerdo sobre la base de que los terrenos en litigio fueran canjeados por otras fincas propiedad de ENDESA, ante la imposibilidad de conceder puestos de trabajo a todos los afectados. Eta alternativa, sin embargo, no llegó a concretarse en posteriores negociaciones, al pedir ENDESA que éstas se llevaran a cabo de forma individual con cada uno de los propietarios. Las indemnizaciones ofertadas por la térmica oscilan entre 37 y 200 pesetas por metro cuadrado. Los vecinos, por su parte, habían convocado para última hora de la tarde de ayer una asamblea en la que se iban a debatir nuevas acciones.