Los Ministerios de Trabajo, Obras Públicas e Interior estudian, hoy la situación en los puertos
A pesar de la aparente pacificación en los puertos del país, a la Administración le preocupa el nuevo conflicto que puede desencadenarse en los próximos días. A fin de estudiar la situación actual del problema portuario y, con toda probabilidad, elaborar una estrategia coherente de todos los sectores de la Administración implicados en el tema, hoy se celebra en Madrid una reunión entre altos representantes de los Ministerios de Interior, Trabajo y Obras Públicas y Urbanismo, según ha podido saber EL PAIS.Las soluciones en este momento no parecen fáciles. Consignatarios y estibadores no están dispuestos a conciliar sus posturas con facilidad, a la vista de los últimos acontecimientos. Las futuras relaciones laborales que se quieren establecer en el ámbito portuario tropiezan con importantes obstáculos. La convocatoria de una nueva huelga, que amenaza con adquirir carácter indefinido, ha puesto a temblar nuevamente a los distintos estamentos oficiales que en los últimos días intentaron propiciar la normalización en los puertos más conflictivos, Barcelona y Tenerife, especialmente.
En el puerto tinerfeño, con un censo de 1.300 trabajadores, se cobran, al parecer, las tarifas más elevadas de todo el país. Por otra parte, su grado de tensión laboral se, ha situado, al parecer, en el primer lugar de la lista negra de. los puertos atlánticos. Según informaciones obtenidas por este periódico, en las últimas fechas se ha registrado un descenso en el movimiento de mercancías, posiblemente, como causa de la lógica retracción de sus usuarios, que han preferido optar por otro punto de atraque más normalizado.
De esta manera, el puerto de Las Palmas podría convertirse en directo competidor del de Tenerife. En medios relacionados con este último, se considera que urge un análisis en profundidad de la problemática portuaria, con la participación de todas las instancias vinculadas a su actividad, antes de que la situación se haga insostenible y agrave aún más la delicada situación económica del archipiélago. La Administración ha tomado conciencia de que la provisionalidad de la legalidad portuaria no puede continuar y se propone abordar el estudio y adaptación del decreto de reforma de la Organización de Trabajos Portuarios (OTP), origen del enfrentamiento laboral, de manera que consignatarios y estibadores convengan en asumir que la solución está en reestructurar los puertos españoles con el menor prejuicio para ambos.
En definitiva, se puede interpretar que lo que se persigue es cubrir las lagunas que hoy posee el polémico decreto y aportar a éste las precisiones que contenten a ambas partes, sin que por ello se pierda su espíritu inicial: regularizar la vida portuaria en virtud de obtener mayor productividad laboral y rebajar los costes al usuario. Un ejemplo de las insuficiencias que presenta el mencionado decreto estriba en las incompatibilidades de tipo disciplinario que se plantean entre las empresas y el Consejo General del puerto.
