Propuesta del PSOE sobre la comercialización de carburantes en Canarias

El PSOE presentará en el Congreso una proposición no de ley para que el Gobierno, mediante disposiciones ministeriales, arbitre una reglamentación legal que regularice la comercialización de los productos petrolíferos en Canarias. Con esta iniciativa parlamentaria anunciada por el diputado-socialista tinerfeño Néstor Padrón, el PSOE se hace eco de la situación denunciada por la Federación Canaria de Estaciones de Servicios sobre el abuso de las multinacionales Shell, Mobill y Texaco en sus relaciones con los concesionarios de los centros de venta de combustibles existentes en las islas.Según declaró en Santa Cruz de Tenerife su presidente, Angel Arteaga, dichas multinacionales aprovechan la falta de una adecuada reglamentación del sector en el archipiélago, que permanece fuera del área del monopolio peninsular y balear, para imponer las condiciones de sus contratos con las estaciones de servicio. Si estos contratos tienen en el área del monopolio una vigencia de veinticinco años entre Campsa y las estaciones de venta, en Canarias, según informa dicha federación, tales contratos vencen a los seis meses o, como mucho, al año. Por otra parte, a pesar de que en la Península y Baleares los concesionarios de estaciones de servicio no deban pagar ninguna cantidad en concepto de alquiler de las mismas, en el archipiélago las citadas multinacionales exigen tales rentas.

La Federación Canaria de Estaciones de Servicio se había querellado en julio pasado contra Shell, Mobill y Texaco, por «apropiación indebida y estafa en la cantidad de doscientos millones de pesetas, al considerar que, a pesar de que el precio de la gasolina está gravado con un canon destinado a la amortización y mantenimiento de las estaciones de servicio, las citadas tres mayoristas no han devuelto dicho importe a las estaciones que no son de su propiedad, y en las restantes han aplicado además un nuevo porcentaje de imposición por litro de combustible. El presidente de dicha federación citó tres casos de estaciones que han visto rescindido sus contratos con estas multinacionales, como «represalia por la presentación de la querella», según señaló.