La economía, punto de atención del Estatuto gallego
ENVIADO ESPECIAL, El Estatuto de Autonomía que hoy se somete a refrendo del pueblo gallego, tras una campaña fría y no excesivamente intensa, es el fruto de un dilatado, tenso y, complejo proceso que, sin duda, repercutirá en el resultado que arrojen las urnas en este día, considerado crucial para el futuro de Galicia.
Aprobado por la Comisión Constitucional del Congreso solamente con los votos de UCD, en la madrugada del 22 de noviembre de 1979, el Estatuto cuenta ahora con el apoyo de los partidos mayoritarios de Galicia: UCD, PSOE y AP, y de otras dos fuerzas de menor implantación, PCE y Partido Galleguista. Todos ellos insisten en que puede ser un instrumento válido para que Galicia pueda salir algún día del subdesarrollo. Los principales detractores del texto, los nacionalistas del Bloque Nacional Popular Gallego, mantienen, en cambio, que «contra la emigración y el paro hay que votar no al Estatuto».Las posibilidades económicas que encierra el Estatuto es quizá el aspecto más destacado y discutido del proyecto. Influyen en esa apreelación el hecho de que el Estatuto gallego sea el primero que se ha realizado para una comunidad pobre, lo que conlleva notables diferencias con los textos de Guernica y Sau, y la preocupación ciudadana por el coste de la autonomía, inquietud esta que es palpable en todos los rincones de las cuatro provincias gallegas.
En el terreno económico, el Estatuto dota de competencias exclusivas a la comunidad autónoma en materias como fomento y planificación de la actividad económica, agricultura y ganadería, comercio interior, instituciones de crédito corporativo público y territorial y cajas de ahorro:
Carácter estrictamente exclusivo tiene el control de recursos interiores, así como el marisqueo. Igualmente, el aprovechamiento de los montes y recursos hidráulicos, en este último caso, cuando las aguas discurran íntegramente dentro del territorio de la comunidad.
Una diferencia destacable del Estatuto gallego respecto a los de Cataluña y País Vasco es que concede competencia exclusiva a la comunidad autónoma piara desarrollar los planes establecidos por el Estado para la reestructuración de todo tipo de sectores económicos, mientras las cartas autonómicas de vascos y catalanes solo contemplan atribuciones de este tipo para reestructuraciones de sectores, industriales.
En el terreno financiero, además de otorgar la posibilidad de emitir deuda pública y crear tributos, resulta trascendental para Galicia la forma en que se articula su participación anual en los ingresos del Estado, una vez completado el traspaso de servicios, a la comunidad autónoma.
Las bases recogidas en el artículo 46 indican que la participación en los ingresos estatales se hará según la media die los coeficientes de población y esfuerzo fiscal. Al mismo tiempo se tendrá en cuenta la cantidad equivalente a la aportacion proporcional que corresponda a Galicia por los servicios y cargas, generales que el Estado continúe asumiendo como propios. Otros barernos para esta finalidad son relación inversa entre la renta leal media de los residentes en la comunidad y la media estatal, relación entre los índices de déficit en servicios sociales e infraestructuras que afecten al territorio de la comunidad y al conjunto del Estado y, finalmente relación entre los costes por habitante de los servicios sociales y administrativos transferibles para el territorio de la comunidad y para el conjunto del Estado.
Quintás, preocupado por la economía
El principal responsable del capítulo de economía y hacienda es el diputado centrista Juan Quintás, titular de la cátedra de Teoría Económica de la Universidad de Santiago. Sus planteamientos fueron asumidos sin apenas discusión por los representantes de la izquierda y, particularmente, por el PSOE.
Según Quintás, al que le habría gustado que el Estatuto incluyese además la capacidad de crear impuestos especiales para las empresas contaminantes, «no hay nada que pueda permitir un cambio a corto plazo, pero el Estatuto pone a Galicia en mejores condiciones para reclamar el cumplimiento de normas como la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y permite coordinar la actividad económica para aprovechar mejor los recursos de este territorio. No hay estructuras para impedir la fuga del ahorro, extraer mayores contrapartidas del potencial energético y evitar la emigración».
Considera este parlamentario que no es acertado concebir la autonomía como un incremento de costes e impuestos para los ciudadanos. «La autonomía», ha manifestado a EL PAÍS, «no exige un aumento de la burocracia, sino una mejor utilización de la ya existente. Se crearán consejerías en los organismos autónomos, pero también se suprimirán las delegaciones provinciales. La única institución nueva será en realidad el Parlamento, que no supondrá mayores gastos que la creación de un hospital, por ejemplo, y aquí nadie se rasga las vestiduras cuando se crea un centro de este tipo o se construye una facultad.
Junto a este tipo de atribuciones el Estatuto dota a la comunidad autónoma de instituciones y com petencias similares a las contenida en los estatutos vasco y catalán, tras las modificaciones introducidas por la Comisión Constitucional del Congreso el pasado 29 de octubre y que habían sido pactadas un mes antes en Santiago por cinco fuerzas políticas: UCD, PSOE, AP, PCE y Partido Galleguista.
Así, Galicia podrá tener policía autónoma, contará con un Parlamento, que estará integrado por 71 diputados, un Tribunal Superio de Justicia y, lógicamente, un Gobierno. Además, el Estatuto establece el control de la comunidad sobre la enseñanza y prevé la creación de dos organismos específicos para velar por la promoción y defensa de la cultura gallega.
