El "minitrasvase" del Ebro se ha convertido en una polémica fundamentalmente catalana
La inminente aprobación de un proyecto de ley sobre actuaciones en materia de aguas en Tarragona ha desatado la controversia entre intereses agrarios e industriales, y dentro de estos últimos, el enfrentamiento entre los partidarios de una u otra localización industrial. El telón de fondo es la necesidad, a medio plazo, del agua del Ebro por parte de la industria barcelonesa y, con toda urgencia, por parte de la industria petroquímica tarraconense.
Jordi Pujol afirmó ante el Parlamento catalán: «El problema del agua (en Cataluña) puede llegar a ser dramático en un futuro no lejano». Esta afirmación es innegable. Pero también la resolución de este tema puede potenciar, más que ningún otro, la imagen política y electoral del político que lo logre.Tarradellas lo vio muy claro. De hecho fue el único problema de orden no estrictamente personal al que dedicó alguna atención. Sabía, como ahora lo sabe Pujol, que de llevar las aguas del Ebro a Barcelona se convertiría en el Cambó de nuestros días para los industriales catalanes. Para lograrlo creó el Consejo de las Tierras del Ebro e inició una gestión personal que le llevó a Aragón y Navarra, así como a afectuar más de diez viajes a Tortosa. Su fracaso fue rotundo.
Ahora, los mismos intereses barceloneses ven con preocupación un proyecto de ley que compensa las necesidades de la industria y la agricultura de las tierras de Tarragona. En esta ocasión, no podrán prevalecer los deseos centrados en Barcelona, como sucedió en ocasión de la captación de aguas del río Ter para la Ciudad Condal.
Lo que en el pasado fue un enfrentamiento entre intereses de Cataluña y Aragón se ha transformado en una polémica sólo catalana. La aparición de una necesidad más urgente en Tarragona da al problema una faceta totalmente distinta, imposibilitando los planteamientos que, desde Cataluña, aparecieron bajo el franquismo tardío. Entonces se asimilaba Cataluña a industrialización y Aragón a agricultura. Ahora aquel simplismo resulta insuficiente.
En el trienio 1970-1973, la comarca del Tarragonés fue la que tuvo un mayor porcentaje de inversiones industriales por habitante. En dicho concepto recibió 21,7 millones por habitante (seguida de la comarca del Bajo Llobregat, con menos de un tercio de dicho porcentaje). En Tarragona y su entorno nació, en torno a su refinería, un gigantesco conglomerado industrial. Se trata de industrias petroquímicas cuya producción está encadenada, en el sentido que los subproductos que desecha una se convierten en la materia prima de la siguiente. Sus necesidades de agua son ingentes.
Para el próximo día 27 está prevista la llegada al puerto de Tarragona de un buque con un cargamento insólito: agua. Procederá de Algeciras. Mientras, y hasta que se apruebe el proyecto presentado por el Gobierno a las Cortes, los campesinos del cercano delta del Ebro continuarán bombeando al mar agua dulce que poseen en demasía, ya que impide materializar su deseo de abandonar su poco rentable cultivo de arroz para pasar a productos hortícolas más rentables.
Sobre el proyecto de ley de actuaciones en materia de aguas, cuya aprobación desean los regantes del delta del Ebro y las industrias, el Municipio de Tarragona afirma: «El déficit actual (de agua en Tarragona) es de unos cincuenta millones de metros cúbicos anuales, que se ha ido cubriendo parcialmente sobreexplotando las agua subterráneas en más de veinte millones de metros cúbicos anuales sobre los recursos renovables».
Sucede, en efecto, que por lo grifos de los habitantes de Tarragona sale a veces un líquido marrón oscuro, oleoso, con olor a petróleo, que no sirve ni tan siquiera para lavarse. Se ha llegado a grados de salinización de 2.500 partes de cloruro sódico por millón. El gran negocio local es la venta de agua en bolsas. El gran negocio de algunos campesinos es la venta de agua a un precio que oscila entre las doscientas y las trescientas pesetas el metro cúbico. En la vecina localidad de Reus la situación es aún peor. Allí hay restricciones y está limitado consumo de agua a unas escasas horas al día.
Nada indica que la aprobación del proyecto de ley destinado a solucionar tan grave tema vaya a ser de difícil aprobación. No hay oposición fuerte por parte aragonesa, por cuanto que no afecta a las aguas del río Ebro, sino únicamente al aprovechamiento de las aguas de concesión utilizadas -y hasta ahora parcialmente perdidas- por las comunidades de regantes. Lo único que sucederá con la futura ley es que, al eliminarse un pérdidas, las aguas recuperada podrán ser utilizadas en Tarragona.
Este diario, en su edición del pasado domingo, ya informó sobre los posibles intereses persona del presidente de la Generalidad con relación a dicho tema. A ello añade la falta de iniciativas la parte de los partidos políticos cuyas bases barcelonesas ven el tema desde una óptica muy diferente de la propia de los militantes de aquella zona o de otra necesitada de agua.
La postura de los partidos políticos y de la Generalidad carece de la entidad técnica que está presente en el proyecto de ley. Los primeros han conseguido un cierto clima de expectación, a través de manifestar que la venta de agua de los canales debía beneficiar no sólo a los regantes, sino también a toda la población, de forma directa. Marginalmente, en la zona agrícola contigua a Tarragona apareció una comisión de defensa de las aguas del campo de Tarragona que denuncia el tipo de crecimiento industrial que conlleva la industria petroquímica. Según la comisión crea pocos puestos de trabajo (por su alta tecnificación es contaminante, elimina buenas tierras cultivo y crea unos problemas hidrológicos que nunca hubiese existido con sólo el consumo mano).
Desde el punto de vista de intereses industriales barceloneses a los que es muy sensible Jordi Pujol, el establecer un sistema equilibrado de prestaciones en intereses industriales y agrícolas de la zona misma de Tarragona alega la posibilidad de un deseado -pero por ahora utópico- trasvase de aguas del Ebro a Barcelona. A ello se suman los intereses del Banca Industrial de Cataluña -del grupo de Banca Catalana- ya detalladamente reseñados por este diario el pasado domingo.
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