Convocada la primera huelga general desde 1926 en el Reino Unido
Un apasionante debate a escala nacional se desarrolla en estos momentos en el Reino Unido, a propósito de una jornada de paro recomendada por el congreso sindical para la próxima semana, con el fin de protestar contra la política económica del Gobierno conservador. La pregunta en el aire es la siguiente: ¿hasta qué punto es ético o moral la organización de una huelga política en una democracia parlamentaria?La contestación a la pregunta la dará el pueblo británico el próximo miércoles, cuando emita su veredicto con su asistencia o ausencia de su puesto de trabajo en el «día de acción» propuesto por los sindicatos.
La sutilidad de la cuestión puede comprobarse por la mera enunciación por parte del Trade Union Congress (Congreso Sindical), máximo organismo administrativo de los sindicatos, de la protesta. En efecto, el tema es tan vidrioso que ni siquiera la cúspide de la pirámide sindical se atreve a llamarlo «día de huelga», y muchísimo menos «huelga general», actividades a las que el pueblo británico es tan opuesto que la última de esta clase tuvo lugar en 1926 y constituyó un completo fracaso.
La denominación oficial es «día de acción» -o, como una viñeta periodística comentaba irónicamente, «día de inacción»- y, aunque su convocatoria ha corrido acargo del congreso sindical, y principalmente de su secretario general, Len Murray, en, su puesta en vigor las responsabilidades se han ido diluyendo de las ejecutivas sindicales a las secciones locales y de estas a los comités de empresa, que, salvo cuatro excepciones, han decidido recomendar a sus afiliados simplemente «que se tomen el día de permiso».
Las cuatro excepciones fueron los cuatro combativos sindicatos nacionales de impresores, que en una circular oficial, ordenaron a sus miembros el paro para el próximo miércoles, lo qué posiblemente dejará al país ese día sin sus periódicos nacionales. Pero una empresa periodística, los Express Newspapers, que controla vanos periódicos en Fleet Street, en provincias y en Escocia, decidió acudir a los tribunales en busca de un interdicto que ordenase a los sindicatos en cuestión retirar la mencionada circular.
El juez Griffiths consideró en su fallo que, ante la inexistencia de una reclamación laboral, la huelga había que considerarla política y no económica y, por tanto, ordenó a los cuatro sindicatos de impresores la retirada de la circular en apoyo de la huelga. Tres lo han hecho ya, y el cuarto ha manifestado que está dispuesto a sufrir las consecuencias legales por su negativa.
Pero esto es una cuestión sin importancia. Lo verdaderamente importante es que lo que los dirigentes sindicales querían evitar, la conversión del «día de acción» en una huelga política, ha quedado plasmado en una sentencia judicial. Y las huelgas políticas, aunque no son ¡legales en el Reino Unido, gozan de una tremenda impopularidad al chocar con la larga tradición democrática del pueblo británico, para quien las decisiones políticas corresponden al Parlamento y no a los sindicatos.
Al calificar de «política» la huelga del próximo día 14, el juez ha levantado automáticamente la inmunidad sindical contra huelguistas y dirigentes sindicales.
Lo que está en litigio la próxima semana no es una mera cuestión económica, sino algo mucho más importante para el futuro político británico. El tema es si el poder político va a seguir totalmente en manos del Parlamento o si será compartido en el futuro por organizaciones extraparlamentarias, aunque sean tan poderosas como el congreso sindical.
