El "caso Seregni"

Como observé en otra ocasión desde estas mismas páginas («Julio Castro, un año de silencio», EL PAIS, agosto de 1978), el genocidio selectivo llevado a cabo por el régimen militar argentino -esa mezcla de cuento de horror y pesadilla kafkiana que afecta a decenas de millares de asesinados, presos, torturados y «desaparecidos»- ha divertido la atención de los mass media de cuanto ha ocurrido y ocurre en el país vecino, la República Oriental de Uruguay. La realidad nos muestra, sin embargo, que la brutalidad de los procedimientos empleados por los militares uruguayos para mantenerse en el poder emula, si no supera, a la de sus colegas rioplatenses. Desde 1971 -fecha en que se desató la represión a gran escala- el número de presos políticos de aquel país ha pasado de varios centenares a la cifra de 6.000. En 1971, Amnesty International estimaba que un uno por quinientos ciudadanos uruguayos estaba encarcelado por razones políticas y que uno de cada cincuenta de los mismos había sido detenido, interrogado y a veces torturado -días, semanas o meses- por dichos motivos. Aunque estas cifras se han reducido un tanto en los dos últimos años, los expedientes de Amnesty International correspondientes a 1979 indican que alrededor de 2.800 presos políticos se pudren todavía en los cuarteles y cárceles civiles utilizados como centros de detención: esto es, que un 1%0 de los uruguayos es todavía hoy un preso político. Si a ello agregamos el medio millón de exiliados y una cantidad indeterminada -¿centenares, millares?- de detenidos sin juicio ni acusación algunos, obtendremos un cuadro. aproximativo de las bases sobre las que se asienta el régimen encabezado por el doctor Aparicio Méndez. Como dice el escritor Carlos Martínez Moreno: «Las cárceles uruguayas están llenas de presos condenados a la suma final del despropósito, por delitos que no han cometido, a penas de años y año! que no les concernirían en un ordenamiento justo y razonable y que han sido el resultado de procesos que no han guardado las debidas garantías y se han fraguado en el panorama de una adulteración absoluta, que disfraza de instancia jurisdiccional lo que no es más que el ejercicio, de una represión y de una venganza de signos crasamente políticos. (...) Con trágica frecuencia, los presos sometidos a interrogatorio en los cuarteles no alcanzan al día de su procesamiento y mueren; otras veces, ya procesados y alojados en las prisiones militares. no alcanzan al día de su liberación y se suicidan. El orden de la represión -primero encuestante, después carcelero- se desentiende de los cadáveres, enviándolos a las morgues militares.»Evidencia abrumadora

Las declaraciones del teniente Julio César Cooper a Amnesty International en 1976 sobre los medios y técnicas de tortura empleados por sus colegas (plantón, submarino, pau de arara, caballete, bandera, picana eléctrica, etcétera); las denuncias de los abogados fugitivos respecto a la grosera violación por parte de los jueces castrenses de las normas jurídicas universalmente acatadas («En este clima», declaró uno de ellos, «actuar como abogado es casi exponerse a pasar con rapidez a la categoría de cliente»); los testimonios de los detenidos en los penales de Libertad, Punta Carretas y Punta de Rieles componían una evidencia abrumadora que fue a estrellarse contra el muro de cerrazón e indiferencia de la opinión pública española tocante a los problemas de América Latina y el Tercer Mundo. La reciente publicación de una serie de folletos de Amnesty International sobre el tema, así corno del excelente ensayo de Martínez Moreno «Seregni ante sus jueces» (Cuadernos de marcha, mayo-junio de 1979) y del pequeño volumen redactadó por el Equipo de Trabajo Hispano-Uruguayo «9 de junio de 1973» arrojan una luz todavía más cruda sobre la amplitud del drama uruguayo, y deberían sacudir de una vez el incomprensible letargo de nuestra opinión democrática. Ante la imposibilidad de analizar aquí todos los elementos y aspectos del sistema represivo existente en aquel país, me limitaré a señalar las circunstancias escandalosas que envuelven un caso concreto: el del general retirado Liber Seregni, candidato del Frente Amplio en las últimas elecciones celebradas en Uruguay (su ejemplo no es único entre los militares de orientación democrática.: bastará con recordar los nombres del general Víctor Licandro, encarcelado desde hace seis años sinjuício; de los coroneles Carlos Zufriategui, Pedro Aguerre y Pedro Montañés; del capitán Carlos Arrarte, por el mero «delito» de haber tratado de impedir en 1972 el uso de la tortura en los centros castrenses. En total, veinte jefes y oficiales del Ejército).

El general Liber Seregni nació en Montevideo en 1916. En 1933 ingresa en la Academia Militar, de la que sale en 1936 con el grado de alférez. En 1944 es designado agregado militar en las embajadas en Estados Unidos y México. En 1948 se gradúa como oficial del Estado Mayor y alcanza sucesivamente los grados de teniente coronel (1952), coronel (1957) y general (1963). Entre 1964 y 1967 esjefe de la Región Militar n.º 2, con sede en San José. v en 1967 asume lajefatura de la Primera Región Militar (Montevideo), cargo que ejerce hasta que solicita y obtiene el retiro, en 1969.

La crisis económico-social incubada en Uruguay desde fines de los años cincuenta se traduce en el primer semestre de 1968 en una serie de huelgas laborales y manifestaciones estudiantiles que descubren la precariedad de los cimientos en que se apoya el modelo de desarrollo uruguayo. Cuando la guerrilla urbana de los Tupamaros hace su aparición, el entonces presidente de la República, Pacheco Areco, adopta, contra la voluntad del Parlamento, unas «medidas prontas de seguridad» y una política económica destinada a hacer pagar los efectos de la crisis a las clases bajas. Enfrentado el dilema de intervenir para reprimir a trabajadores y estudiantes, el general Seregni se entrevista con el presidente Pacheco Areco y le da a conocer su opinión sobre la gravísima situación político-social del país -una crisis que sólo podría resolverse, según él, mediante un conjunto de disposiciones diametralmente opuestas a las propugnadas por el presidente-. A raíz de¡ total desacuerdo entre ambos, Seregni pide el retiro, que le es concedido en abril de 1969.

La radicalización

Durante este año y el siguiente la situación se radicaliza. Los Tupamaros realizan una serie de golpes espectaculares. El Gobierno continúa su política económica antipopular y acentúa la represión, abandonando paulatinamente sus prerrogativas en manos del Ejército. En 1970, Pacheco Areco declara el estado de sitio para hacer frente a los Tupamaros. A su vez, los partidos de izquierda y sindicatos coordinan sus fuerzas a fin de oponerse a un Gobierno que no sólo prescinde de la opinión del Parlamento. sino que viola abiertamente la Constitución y liquida las libertades públicas: al anunciarse la convocatoria. de elecciones, deciden constituir el Frente Amplio como alternativa democrática y progresista al enmohecido e inoperante bipartidismo tradicional. Seregni, que ha participado desde el comienzo en la formación de dicho frente, es designado candidato del mismo a la presidencia de la República.

Durante la campaña electoral, Seregni preconiza un programa de contenido democrático y antiiniperialista, que: establezca el control y la dirección planificada y nacionalizada de los puntos claves del sistema económico, para sacar al país de su estancamiento. Para lograr dicho objetivo propugna el empleo de vías legales, democráticas y pacíficas. Estas propuestas, perfectamente legítimas dentro del marco constitucional uruguayo, servirán no obstante de base a sus futuros jueces para acusarle, y condenarle, de «atentado a la Constitución».

"Estado de guerra interno"

En las elecciones de 1971, pese a las presiones, amenazas y violencia de que es objeto, el Frente Amplio obtiene el 18% de los sufragios. El candidato delPartido Colorado, Juan María Bordeberry, es elegido presidente, mientras los enfrentamientos armados entre el Ejército y los Tupamaros prosiguen una escalada ininterrumpida. A instancias de las Fuerzas Armadas, Bordeberry obtiene del Parlamento la aprobación de un «estado de guerra interno», y el 27 de junio de 1973 disuelve la Cámara de Diputados y el Senado, suspende el derecho de reunión y establece la censura de prensa. El 9 de julio, el Frente Amplio organiza una gran manifestación pacífica contra el golpe de Estado presidencial y el general Seregni, que ha tomado parte en ella, es detenido el mismo día al regresara su domicilio.

Seregni es procesado por «atentado contra la Constitución en grado de preparación conspiración y conspiración seguiáin. de actos preparatorios». En abril de 1974 su caso es remitido al Tribunal de Honor del Ejército, el cual, de acuerdo con las reglamentaciones castrenses, juzga la conducta del acusado conforme a la «convicción moral». Dicho tribunal condena a Seregni, «por falta gravisima», a la pérdida de la condición militar. En noviembre de 1974 el líder del Frente Amplio consigue la libertad condicional, pero permanece en un virtual arresto domiciliario y se le deniega su solicitud de abandonar el país. En 1976, coincidiendo con un recrudecimiento de los atentados terroristas, es detenido de nuevo y eiÍcerrado en un lugar secreto por espacio de un mes. El juez miJitar le acusa de «usurpación de funciones públicas» (por haber autorizado la construcción de burladeros y refugios peatonales por los militantes del Frente Amplío durante la campaña electoral), de «atentado a la Constitución» (en realidad, para castigar su. «desviación ideológica») y de «porte ¡legal de armas» (a pesar de que el arma en cuestión le ha sido entregada por orden del Ministerio del Interior durante la campaña electoral ante las informaciones de que se fraguaba un atentado contra él). Aunque el fiscal militar ha pedido tan sólo una pena de diez años, el juez militar le condena el 9 de marzo de 1978 a catorce años de penitenciaría por los delitos de asonada (su participación en la manifestación pacífica del 9 de julio de 1973), irrespetuosidad (sus críticas a Pachecho Areco durante la campaña electoral, cuando éste era candidato, a la presidencia), etcétera. Para apreciar la «objetividad» de la justicia militar uruguaya bastará recordar que la sentencia reprocha al acusado el hecho de que su padre fuera «un emígrante anarquista»; su asistencia, cuando era alto jefe en el Ejército, a una recepción oficial en la embajada de la URSS, e incluso su vieja amistad con el coronel Juan López Silveyra, quien en su juventud había tenido la desvergüenza de ir a luchar en España «contra la revolución del general Franco» (!).

Los hechos son estos y dejo al cuidado del lector la tarea de enjuiciarlos. Al concluir estas líneas me limitaré a señalar que una amplia movilización de los medios informativos y la presión de los partidos y fuerzas democráticas pueden contribuir eficazmente a la revisión del proceso y eventual liberación del líder del Frente Amplio. La reciente excarcelación de Ben Bella, Lolita Lebrón y Martha Frayde -por citar tres casos en los que me he interesado particularmente- prueba, sin lugar a dudas, la fuerza creciente de la opinión pública frente a la ilegalidad de los procedimientos represivos empleados, a derecha e izquierda, por los regímenes autoritarios.