La prensa del Estado
EL CIERRE de seis diarios y una agencia de prensa gubernamentales pertenecientes a los Medios de Comunicación del Estado es motivo de reflexión sobre la actitud del Gobierno ante el fenómeno de la opinión pública. Repetidas veces hemos señalado la incongruencia de la existencia de una cadena de diarios con cargo al presupuesto público regida desde la Administración y sometida a sus dictados con la implantación de un régimen democrático. La aspiración de los partidos de izquierda a hacer convivir una cadena de prensa «institucional» con los postulados del democratismo parlamentario, aun siendo en cierta medida algo coherente con el modelo de sociedad que proponen, resultaba del todo irrazonable en este caso concreto. El problema de la prensa de Estado era aquí una herencia del sistema de transición política: la necesidad de dar salida al antiguo aparato de propaganda de la dictadura.Se ha tardado más de tres años en comenzar a solucionar este problema, pese a las reiteradas voces que desde hace tiempo, y desde el seno de los propios Medios de Comunicación del Estado, se levantaban para avisar de la necesidad de hacer algo al respecto. El primer paso de los dados opera con la fría lógica económica: una empresa en pérdidas comienza a cerrar sus peores negocios. Nos parece bien. Pero nos parece mal cómo lo ha hecho. No era necesario, de golpe y porrazo, comunicar la defunción de siete medios de información a sus trabajadores ni prolongar injusta y arbitrariamente el secreto sobre el destino del resto de la cadena. Era necesario, en cambio, abordar de frente la situación, declarar la improcedencia del actual status jurídico de la prensa estatal, ofrecer los títulos rentables a cooperativas de periodistas, organismos autónomos, diputaciones, etcétera. Acabar con la sangría económica -¿por qué ahora y no hace dos años, cabe preguntarse?- y, sobre todo, dar un trato más digno a los trabajadores. Por lo demás, no se ha resuelto el verdadero problema de fondo: hay que buscar una salida constitucional a los periódicos gubernamentales que aún quedan y que obtienen beneficios o no son excesivamente onerosos, una salida que garantice la limpia competencia, la igualdad de oportunidades y el no abuso del erario público en beneficio de la prensa estatal. El Gobierno ha empezado por lo más fácil, por lo más evidente, sin emprender un verdadero plan de reforma, sin buscar una salida política a un problema político en el que se dan ahora la mano, contra la UCD, los recién llegados de la extrema izquierda y no pocos antiguos compinches de la extrema derecha.
La actitud de las centrales sindicales en este caso nos parece irracional. Es lógico que defiendan el puesto de trabajo de sus afiliados, pero es ilógico que aspiren a convertir el despilfarro del Tesoro público (en forma de propaganda del poder) en la institución ideal para solventar sus problemas. Llevar la demagogia hasta el extremo de transformar al órgano oficial e histórico del fascismo español que fue Arriba en un intento panfletario de mala defensa de la democracia es reincidir en los sistemas recusables y condenables de otros órganos de prensa que utilizan desde la extrema derecha la libertad para combatirla. Los lectores de Arriba, los que quedaran, merecían, en definitiva, una mejor trayectoria histórica que la que les han deparado trabajadores y empresa desde que la democracia alumbró. Arriba era el periódico de un partido político, como lo fue toda la prensa del Movimiento. Este partido político tenía y tiene derecho a existir y a continuar expresándose. Lo que no podía hacerlo era a costa del dinero de los contribuyentes. Estas cosas así dichas parecen bastante elementales. Pero si el Gobierno las hubiera aceptado desde un principio, se habrían evitado muchos males. Lo mismo que si la izquierda hubiera abandonado esa voracidad infantil, fruto del sueño de la razón, de hacerse con un aparato propagandístico monolítico y raquítico de credibilidad para tratar de ponerlo a su corriente. La libertad es el principio no respetado en toda esta historia, ni el derecho a los trabajadores a ser oídos en cualquier caso, y a acceder a la propiedad de los periódicos -si así lo hubieran querido- con las facilidades crediticias de rigor, pero acabando con el continuo despilfarro de los erarios públicos y con el dirigismo político del poder en cualquiera de sus formas.
