"La empresa Pública también tiene la obligación de ser rentable"

«La verdadera función de la empresa pública sólo podrá cumplirse a partir de ahora, al amparo de una Constitución social y democrática; la dictadura esterilizó una institución plenamente válida y, por ello, aún no ha dado de sí todo lo que lleva dentro», dijo el director general del Patrimonio del Estado, Arturo Romaní Biescas, en la inauguración de las sesiones de estudio sobre la empresa pública española, clausuradas ayer en Madrid.

Después de estudiar la evolución histórica del sector público empresarial (que actualmente atraviesa por una parcial recesión en el continente europeo), y de hacer un recuento de sus críticas (ineficacia, despilfarro, mantenimiento de desempleo encubierto, falta de profesionalidad .... ), el señor Romaní aseguró que la empresa pública parece estar en un círculo vicioso: si actúa con fines de interés para todos se le ataca por no ser rentable, si obtiene beneficios se dice que no cumple con la misión que fundamentó su creación.El conferenciante, partidario de equiparar en cuanto a marco de actuación la empresa pública con la privada, dedicó parte de su intervención en desarrollar esta tesis. «Las largas noches sin sueño del empresario», dijo, «deben retribuirse también cuando lo que se pone en juego es una inversión pública, el dinero de los ciudadanos y de los contribuyentes, sin que se identifique el beneficio con ese despectivo afán de lucro».

El director general del Patrimonio del Estado llegó a una conclusión muy clara: el beneficio es también exigible en las empresas del Estado y ha de dejarse bien sentado que lo deficitario es el servicio. «Si el Estado pretende que su dinero se entregue a fondo perdido, que lo utilice para sufragar servicios públicos indivisibles, pero que no utilice el mecanismo de la empresa o los entierre en actividades sectoriales de destinatarios limitados.»

Se refirió a los trasvases entre el sector público y el privado, tanto a nivel personal como de empresas, que puede originar cambios coyunturales de titularidad: nacionalizaciones, privatizaciones o reprivatizaciones; y al referirse a las relaciones empresa- trabajadores, aseguró que tanto a los unos como a los otros les interesa en el sector público la rentabilidad. «Mal pueden compaginarse avances sociales con balances impresentables, impregnados de déficit».

Sobre el modelo organizativo y el funcionamiento interno de la empresa pública aludió a la falta de una solución definitiva y satisfactoria en el panorama internacional, lo que demuestra que una solución formal a los problemas de la empresa pública no lleva implícita una garantía de sus resultados. La Administración Pública dispone de los mecanismos suficientes para coordinar las actividades del sector público y para obtener un espíritu de cooperación. Como ejemplo de ella puso la labor que realiza el INI con la Dirección General del Patrimonio del Estado, una de cuyas recientes pruebas es la importante colaboración entre Enpetrol y Petroliber.

El señor Romaní pidió total autonomía para la empresa pública, argumentando que el control parlamentario de su gestión se hiciera a priori, por objetivos, y a posteriori, de seguimiento.

La última fase de su exposición la dedicó el director general a describir los rasgos de actuación de las empresas de economía mixta, como modelo plenamente válido en el sistema actual, donde un colectivo de accionistas privados puede ofrecer la garantía de que «no se aborden odiseas que avergüencen a sus presidentes en las juntas de accionistas».

Durante dos días, estas sesiones de estudio sobre la empresa pública han abordado el tema desde sus más diversas ópticas: «La empresa pública en la Constitución», «La empresa pública en la Comunidad Económica Europea», «El sector público empresarial: sus campos de actuación», «El futuro de la empresa pública: propiedad pública y gestión privada», «La contratación de las empresas públicas», «La experiencia del INI» o «La planificación de la empresa pública».

En el acto de clausura, celebrado ayer, intervino el rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Tomás Ramón Fernández Rodríguez, quien, a modo de epílogo, hizo unas «reflexiones sobre la empresa pública española».

«La necesidad de que el Gobierno elabore un estatuto de la empresa pública», dijo, «resulta ya inaplazable.» En este sentido, los dos grandes planteamientos que hizo el conferenciante estaban referidos a qué temas debe abordar ese estatuto y cómo debe abordarlos.

En España, igual que en los demás países occidentales, la empresa pública se ha convertido en un instrumento más (con posibilidades limitadas) de la política económica; esta realidad obliga al planteamiento de cómo y cuándo es posible utilizar ese instrumento en una economía como la nuestra que, en una u otra medida, es mixta.

Otro gran problema es el de reorganizar y racionalizar un sector compuesto de diversas unidades que están sujetas, a su vez, a diversos regímenes jurídicos. Esta reorganización, según el rector, tiene que operar sobre la base de distinguir tres niveles: empresas, holdings y Administración de tutela.