Seguridad política
DOS DÍAS antes de la festividad de las Fuerzas Armadas y menos de veinticuatro horas después de que el Congreso concluyera el debate sobre seguridad ciudadana, el atentado que ha costado la vida a tres militares y un civil pone dramáticamente de relieve que el terrorismo no ceja en su empeño de golpear la estabilidad del régimen constitucional.La falta de nitidez en la delimitación de las fronteras entre la seguridad ciudadana, amenazada por los comportamientos delictivos contra los bienes y el honor de las personas, y la seguridad política, puesta en grave peligro por los crímenes terroristas que tratan de bloquear el normal desenvolvimiento de las instituciones democráticas, oscurece el análisis de los problemas genéricamente agrupados bajo el nombre de «orden público» y la consiguiente búsqueda de soluciones. Es absurdo considerar variantes de la misma dolencia las acciones criminales de ETA o de los GRAPO y las diversas formas de conducta penal -desde los «tirones» de bolsos hasta las violaciones, pasando por los atracos bancarios- que la extensión del paro, la marginación social de la juventud y el reacomodamiento de los ciudadanos a los nuevos valores democráticos parecen haber contribuido a incrementar. Todavía más grave sería olvidar que la seguridad Jurídica es un bien innegociable, que nunca puede ser el precio a pagar para garantizar la seguridad tanto ciudadana como política. España, al igual que el resto de los países europeos que están afrontando desafíos parecidos en intensidad y volumen, está comprometida, después de la promulgación de la Constitución, a frenar los comportamientos asociales contra la propiedad y a combatir la amenaza del terrorismo político, sin poner en peligro las conquistas de este continente en el terreno de las libertades, las instituciones democráticas y la soberanía popular.
Según todos los indicios, una vez más es ETA la organización responsable de este mostruoso cuádruple crimen. Resulta ya evidente que los terroristas vascos actúan preferentemente cuando el desarrollo de los acontecimientos camina en la dirección adecuada para promover sistemas de autogobierno y garantizar las libertades en Euskadi y el resto de España. ETA golpeó en vísperas de las elecciones generales de 1977, de la amnistía del 14 de octubre, de las negociaciones para la preautonomía vasca y del referéndum constitucional. Tras un período que se abre con los éxitos electorales de Herri Batasuna en las legislativas y en las municipales, durante el cual las armas asesinas no fueron nunca enfundadas, el cobarde atentado de la calle Corazón de María es la sangrienta señal de que la nueva y esperanzadora dinámica abierta en el País Vasco, cara a una solución negociada del problema, ha sido la causa de que ETA aumente su escalada de provocación asesina.
Repetidas veces nos hemos pronunciado por la necesidad de una salida negociada en el tema del País Vasco, negociación en la que resulta pieza básica el PNV. Sin embargo, los hechos han demostrado que la paz en el País Vasco sólo será posible cuando las bases electorales en cuyo nombre hablan los hombres del PNV consideren que el terrorismo etarra no es un incómodo aliado, sino un temible enemigo no sólo de la democracia en España, sino primera y principalmente del propio pueblo vasco.
Evidentemente, el cuádruple crimen de ayer se ha propuesto bloquear esa dinámica política negociadora y pacificadora y suscitar en las Fuerzas Armadas y en las instituciones una reacción emocional que dificulte un análisis frío y racional de la cuestión vasca, que corte en seco las negociaciones iniciadas con el PNV y que hicieran incluso posible un error histórico de tanta trascendencia como sería la eventual ocupación militar de Euskadi: convertir el País Vasco en un Ulster, en el que el Ejército quede prendido indefinada y estérilmente, como lo ha sido el Ejército británico en Irlanda del Norte. Y todo ello en un contexto como el de España, con una Constitución en fase de desarrollo, en el que una «política castrense» aplicada al problema que plantean las nacionalidades conllevaría irremisiblemente una regresión de todo el proceso político hacia fórmulas autoritarias que generarían más terrorismo y enterrarían a este país en el círculo vicioso de las intolerancias contrapuestas.
Si existen adjetivos para calificar el terrorismo que estamos padeciendo, resulta ya difícil encontrarlos para dar su justo reconocimiento a las Fuerzas Armadas, que están haciendo gala de su compromiso de honor, disciplina y unidad en torno a su jefe supremo, que es el Rey, sufriendo directamente los más infames crímenes. Los que pretenden teñir de sangre el Día de las Fuerzas Armadas no deben llegar más allá de motivar, de realzar, el papel del Ejército en el seno de la sociedad en la que está integrado y de la que se nutre. Los crímenes contra las Fuerzas Armadas lo son contra la Constitución, contra toda la sociedad civil democrática. En este caso, la definición de las Fuerzas Armadas como «escudo» de la nación es algo más que hueca terminología. Como tal escudo, están recibiendo los golpes dirigidos contra todos. Así, hoy, el dolor de la familia militar es el de todos los españoles.
