El Gobierno estudia la desaparición de la CAT
El Gobierno estudia la desaparición definitiva de la Comisaría de Abastecimientos y Transportes (CAT), que podría quedar decidida antes del verano. El Ministerio de Comercio ya tiene elaborado un borrador de proyecto de ley que será sometido al Gabinete, en primera consideración, en una de sus próximas reuniones.
A finales del pasado año, el ministro de Comercio, Juan Antonio García Díez, anunció que durante 1979 desaparecería el comercio de Estado, actividad que realiza la CAT actualmente, y que, por tanto, ya no tendría razón de ser la existencia de este organismo. La primera medida tornada por el Gobierno en este sentido es el anuncio hecho hace días sobre privatización de las importaciones de carne de vacuno refrigerada (disposición aún no publicada en el BOE), a la que seguirán otras similares sobre café, girasol, azúcar, huevos, leche, etcétera. Sin objetivos no hay necesidad de organismo (muerte natural); sin embargo, el Gobierno habrá de estudiar el futuro de las casi mil personas que dependen de la CAT o el trasvase provisional de alguno de sus cometidos.La desaparición de la Comisaría ha sido reiterada reivindicación de los partidos de izquierda y uno más de los tantos puntos incumplidos de los pactos de la Moncloa. Para PSOE y PCE, semejante «mastodonte» burocrático, tan mimado por el antiguo régimen, no tiene ya que «distribuir equitativamente las existencias disponibles entre todos los españoles », según rezaban sus estatutos fundacionales.
La CAT fue creada en 1939, recién terminada la guerra civil, para solucionar los problemas originados en el abastecimiento de productos alimenticios. El popular Abastos contó desde el principio con plenos poderes de intervención en la mayor parte de los artículos de consumo, desde la implantación de cartillas de racionamiento hasta la inspección de precios, fábricas o establecimientos.
Desde su creación, y no sólo en los años del estraperlo, hasta ahora, la gestión de la CAT ha sido puesta repetidamente en entredicho: unas cuentas sin la suficiente claridad (en repetidas ocasiones, el Gobierno ha tenido que aprobar créditos extraordinarios para hacer frente a las deudas contraídas) y unas funciones sin la suficiente consistencia (la CAT, actualmente, es en la práctica el brazo ejecutivo del FORPPA).
