El desierto de la Seguridad Social
EL HABITUAL deterioro de la asistencia sanitaria en nuestro país se ve desde el pasado día 30 agravado por una confusa huelga que, desbordados los sindicatos, mantienen de manera descontrolada diversos centros hospitalarios de la Seguridad Social, especialmente en Madrid.El origen de la huelga se centraba en la pretensión de los trabajadores de iniciar negociaciones con la Administración acerca de su situación laboral, con especial referencia al aspecto económico, ya que al personal sanitario de la Seguridad Social se le ha aplicado el mismo incremento salarial que, a título provisional y hasta tanto se aprueben los nuevos presupuestos por las futuras Cortes, se ha fijado para los funcionarios de la Administración.
Obtenido por parte del Instituto Nacional de Previsión el compromiso de iniciar próximamente las oportunas negociaciones, CCOO y USO desconvocaron la huelga iniciada el pasado día 30 como medida de presión ante la Administración. Previamente, UGT se había manifestado contraria a la huelga por considerar que el objeto de la negociación requería la presencia de unos interlocutores por parte de la Administración, que han de salir de las próximas elecciones legislativas.
De otra parte, el propio comité estatal de la Seguridad Social, órgano de representación de los trabajadores elegido entre los comités de empresa de los diferentes centros de trabajo, llamó a la normalidad el pasado día 31, también en base al referido acuerdo de iniciar las negociaciones con el INP.
No obstante, los comités de empresa de varios centros sanitarios decidieron persistir en el paro, lo que da pie a un oscuro conflicto que, con independencia de su directa repercusión en la asistencia sanitaria de los centros donde ahora se localiza, amenaza con paralizar nuevamente los hospitales de la Seguridad Social a nivel estatal.
Mientras tanto, los rectores de la Seguridad Social, con aparente ignorancia del derecho constitucional a la salud, mantienen una actitud pasiva, que parece orientada a la resolución del conflicto por el agotamiento de sus protagonistas.
Tal postura, nada nueva si tenemos presente la trayectoria política de los responsables de la sanidad, pone nuevamente de relieve la ineficacia y el desconocimiento de la realidad que caracteriza la gestión de la Seguridad Social
La inminencia de las elecciones, sin embargo, no justifica la pasividad gubernamental ante un conflicto laboral que, sin dudar de la justicia de las reivindicaciones que lo motivan, lesiona un derecho constitucional y contribuye al deterioro de un servicio de carácter público no supeditable a cualquier otro tipo de intereses.
