A pesar de la huelga del Mercado Central, Madrid no se quedó sin postre
Unos 1.200 trabajadores del Mercado Central de frutas y verduras de Legazpi iniciaron ayer una huelga indefinida en exigencia de derechos sindicales y de mejoras económicas y sanitarias. Mozos, escribientes y cobradores piden que se les reconozca representatividad laboral y que se aplique a sus salarios un aumento de 7.000 pesetas y un plus de viaje para compensar sus gastos de traslado en horas en que no funcionan los transportes públicos). Piden también la instalación de un centro médico asistencial y el acondicionamiento de lavabos y retretes.
Una vez que se confirmó el conflicto, los expertos temían que en el Mercado Central, es decir, en el huerto de Madrid, se acumulasen incalculables cantidades de naranjas, coles, manzanas y demás vegetales, que habitualmente llegan hasta los cuatro millones de consumidores madrileños. A las cinco en punto de la mañana, los asalariados que soportan el tránsito de mercancías en los carrillos y en los dietarios permanecían fuera de sus puestos de trabajo: por un día, los braceros estaban cruzados de brazos.La huelga significaba que podía quedar interrumpido un proceso que empieza en los campesinos, pasa por los asentadores, a quienes deja un 8% de beneficios, y termina en las fruterías. Durante él y por algún milagro de las finanzas, una piña tropical puede duplicar su precio con la condición de que estemos en Navidad, o simplemente aumentarlo discrecionalmente a condición de que el titular de un puesto haya conseguido el monopolio de la especialidad («la ley de la oferta y la demanda, amigo», dicen los trabajadores). De esta manera, el campesino cultiva y transporta, el asentador deposita, distribuye y liquida con ayuda de mozos, escribientes y cobradores, y el minorista paga y lleva los artículos a su frutería. Según afirman los servidores del mercado, caben dos accidentes: que la mercancía se deteriore sobre la marcha, en cuyo caso la pierde el campesino, y que el asentador pueda pedir más dinero del que se esperaba, en cuyo caso la pierde el tendero. Quiere decirse que hay alguien que no pierde nunca.
En hoja distribuida a la opinión pública, los trabajadores en huelga añaden algunos datos significativos sobre los establecimientos en que operan los asentadores: «Por los puestos o bancadas donde se realizan las operaciones comerciales y de almacenaje de géneros, el Ayuntamiento cobra, incluida luz, 5.000 pesetas mensuales; puestos que se traspasan por término medio en nueve millones de pesetas... A título de comparación, siempre sobre datos oficiales, en el período de octubre de 1976 a septiembre de 1977, sus beneficios brutos se cifraron en 988.143.399 pesetas, mientras que en el período de octubre de 1977 a junio de 1978, cuando se acercaban los tres mejores meses de ventas, las ganancias se cifraron en ...» En más de mil millones de pesetas.
De donde deducen que la crisis económica no puede ser un pretexto: aún no ha llegado a las verdulerías.
Huelga con reparos
A las seis de la mañana, en Legazpi habían cesado los gallos y los braceros; sin embargo, contra todas las previsiones, el género seguía su curso. «El asunto está claro: cada uno de los 325 puestos es desempeñado por dos o tres personas. A la vista de la huelga, los asentadores han recurrido hoy a sus familiares, a sus amigos o a sí mismos para cumplir con el trabajo que usualmente nos corresponde», explicaba consternado uno de los huelguistas.Iban y venían, repartiendo ese olor que luego se lleva puesto durante toda la mañana, las carretillas con sus pilas de cajas inclinadas sobre la espalda de los nuevos mozos de carga, como torres de Pisa portátiles, y los viejos mozos, los escribientes y los cobradores las miraban con un inevitable gesto de impotencia. «El mercado no está operando como debiera: vuelvan otro día y verán con qué aire van y vienen estas mismas carretillas. De todas formas, no se puede hacer otra cosa y habría que resolver problemas desde muy atrás: más de quinientos trabajadores son pluriempleados, hacen turnos partidos en Legazpi y, más tarde, se incorporan a los bancos, a Correos o al Metro. Aquí se mantienen en situación ilegal, lo que significa que los asentadores apenas les reconocen derechos: los extorsionan, no tributan a la Seguridad Social y hacen la situación más anómala todavía.»
